Como todos los años, la diputa por el presupuesto universitario ha provocado una gimnasia retórica y de movilizaciones. El sistema universitario se ha fragmentado, y a esta altura es claro el triunfo gubernamental, que ha suscrito convenios con la mayoría de las universidades públicas con tasas de incremento mucho menores a las solicitadas, y ha dejado en off side a las renuentes.
Pero no hay razones para festejar la victoria del ministro Luis Arce, pues su arremetida no se ha apartado del tradicional regateo fiscal de pesos menos y pesos más, sin que se dejara traslucir en qué podría consistir una política de reforma universitaria. En su descargo, digamos que la función del ministro es la de cuidar las arcas del Estado, y convengamos que lo hace bien. Sin embargo, su adjetivación de las casas de estudio superiores autónomas no ayuda a un necesario clima de entendimiento, ni el mero descrédito es sólido argumento para restar presupuesto.
El punto en efecto es otro. Mientras las negociaciones se mantengan, desde el Estado y las universidades autónomas, en un tono fiscal y no se avance hacia el plano educativo y científico, los vientos de transformación no empezarán a soplar, y el próximo año se repetirá la situación de esta gestión, quizá con otros resultados, dependiendo de la correlación de fuerzas.
Las universidades públicas y autónomas, en tanto representan la noción de bien público y no orientan su actividad por razones mercantilistas, son imprescindibles para el desarrollo armónico, plural y diverso de Bolivia. Sólo ellas pueden implementar políticas de inclusión, de formación o investigación en campos que los negocios privados no atenderán. Sin duda necesitan urgentemente reformas, pero ellas, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no nacerán desde sus propias aulas impulsadas por sus propios actores de forma proactiva, aunque su concurso sea ineludible. Es por tanto cada vez más imperioso conocer qué políticas posee el Estado acerca de la Educación Superior, las que preservando la autonomía, convengan un programa de reformas y una reorientación del uso de los recursos públicos asignados a las universidades.
En esta agenda, un acápite imprescindible debiera ser el potenciamiento del núcleo de investigadores y profesores a tiempo completo, tanto en número como en remuneraciones. No es posible sostener una comunidad de pensamiento y un ethos universitario cuando la mayor parte de los docentes trabajan a tiempo parcial, y comparten su ambiente laboral con otras fuentes de ingresos y en muchos casos entidades universitarias privadas. Una simple comparación con otros sistemas universitarios de alto prestigio, como México y Brasil, permite advertir que sus universidades cuentan con un cuerpo de docentes, formados y formadas en las mejores universidades del mundo, que garantizan su calidad educativa. Muchas universidades bolivianas han realizado esfuerzos en ese sentido, pero dependiendo de la colaboración solidaria de instituciones extranjeras, y no es suficiente. Como no lo es tampoco establecer límites salariales. Lo que corresponde, en vez de colocar topes, es establecer las condiciones que sólo pueden ser meritocráticas, para merecerlos. Quien más estudia, escribe o investiga, merece mayores reconocimientos monetarios y académicos. En ello consiste la esencia de la vida universitaria.