Caridad y verdad”. Me parece pertinente y por demás saludable la reiterada preocupación expresada por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), entre otras entidades, a favor de crear un clima-cultura de paz en el país. También es elocuente, junto con temas de debate como el Censo y el TIPNIS, su cuestionamiento al sistema de administración de justicia. Pero sobresale la audaz sugerencia planteada por la jerarquía católica al Gobierno para que haga un “gesto de reconciliación”.
Veamos el cauce de la CEB para fundamentar su pedido. Como ya habían denunciado en su Carta Pastoral de marzo de 2011, los obispos sostienen que la agravada instrumentalización de la justicia en Bolivia, además de poner en cuestión la vigencia de los derechos y libertades fundamentales, “resquebraja seriamente las bases democráticas de nuestra convivencia”. Se crea así un clima de inseguridad personal que provoca sufrimiento, silencio y hasta abandono de la patria.
El diagnóstico eclesial, así ungido, resulta terrible. Y conduce, en la palabra y fe de la Conferencia Episcopal, al núcleo de su pronunciamiento: “muchas otras personas, encarcelados, exiliados, refugiados políticos, están sufriendo porque no hay garantía de un justo juicio y por la retardación de justicia”.
¿Qué hacer, entonces, para aliviar el sufrimiento de estas muchas otras personas? ¿Cómo logramos un ejercicio de la justicia “libre de condicionamientos de tipo económico, social y político”?
Hasta aquí los prelados, en el comunicado, en sus oraciones, se muestran sincera y tenazmente desvelados. Incluso cuando, barajando causas, citan como ejemplo de persecución la demanda judicial planteada por el Gobierno contra una agencia de noticias y dos periódicos por el “caso flojera”. Al respecto habrá que insistir, por principio, en que tal demanda penal constituye un monumental extravío y que su trámite, aunque no funcione, corresponde a un Tribunal de Imprenta.
Pero donde se revela un tremendo boquete en el posicionamiento de la CEB es en su deslizada sugerencia: que aquellos hermanos (léase encarcelados, exiliados y refugiados políticos), todos ellos sin distinción, sean favorecidos por “un indulto o la amnistía”. He ahí el “gesto de reconciliación”, nada menos, reclamado hoy al Gobierno como respuesta, si acaso, a la consabida-persistente judicialización de la política y su contracara la politización de la justicia. De eso se trataba, obispos.
Tal olvido y tal perdón proyectados por la jerarquía católica implican, al menos, dos cuestiones. La primera, simbólica, es la estrecha sintonía —y también sincronía— entre la Iglesia y el discurso de la oposición político-regional. Días antes del comunicado eclesial, Sánchez Berzaín sostuvo algo similar. Y días después lo reafirmó el aparecido Tuto Quiroga. Hasta podría mal pensarse que la CEB dice y la oposición aprovecha. O peor: la oposición dice y la CEB legitima.
La segunda cuestión es medular. Afirmar “todos son perseguidos políticos” es igual de falso y perverso que “ninguno es perseguido político”. ¿Indulto y amnistía para quién? ¿Para el hermano Goni con olvido de los 60 muertos de octubre? ¿Para exautoridades con el perdón de sus procesos por corrupción? ¿Para los responsables de la masacre de El Porvenir? ¿Qué les decimos a los familiares de las víctimas? ¿Mansedumbre, hermanos, la Conferencia Episcopal pidió un gesto de reconciliación?
Volvamos al principio. Aliento el llamamiento de la Iglesia Católica para “retomar el camino del diálogo responsable”, pero si algo hemos aprendido con las transiciones pactadas a la democracia y sus leyes de “olvido” y de “punto final” ante dictadores/dictaduras es que no puede haber paz social, ni menos justicia, con impunidad. Queremos juicios justos, pero no amnesia. Respetamos la fe cristiana, pero con memoria. Celebramos una Iglesia viva, en fin, pero no rehén del statu quo.
De caridad y otras “verdades”. A la Conferencia Episcopal Boliviana, para preocuparse, le sobran los motivos. ¿Y el Estado? Extraseco y laico por favor. Nunca se dirá lo suficiente que la única justicia probadamente suasoria es la justicia poética.