Tener un vehículo ya no es un lujo en Bolivia, al menos no en áreas urbanas. El que más y el que menos accede a uno, aunque los menos los compran cero kilómetros, en centros comerciales reconocidos y con garantías para su inversión. Los más lo hacen tras revisar el periódico, en contacto directo con los vendedores, en ferias callejeras y, claro, en autoventas que se dedican a comercializar vehículos a medio uso, que es una opción intermedia entre comprar un vehículo en la calle o en una importadora acreditada; entre una compra que suele tener como única garantía la buena fe del vendedor y otra que otorga una garantía en papeles.
Y es que las autoventas se constituyen en negocios que ganan confianza pública porque funcionan con aval de autoridades municipales y estatales. Como tienen licencia de funcionamiento municipal, registro de comercio y registro en Impuestos Nacionales, uno supone que su compra está garantizada; pero no siempre es así, hay autoventas, no todas por supuesto, que lo que hacen es vender gato por liebre. Los casos abundan.
Sólo en un reducido círculo de amigos, cuando conté que hace años fui víctima de una de ellas, todos tenían una historia que contar. A uno le habían vendido una vagoneta con papeles a nombre de un dueño que nunca apareció, otro compró un sedán en el que algún chapista hizo una obra de arte, porque había escondido perfectamente los rastros de un choque, y un tercero contó que un familiar había comprado un auto que fundió el motor antes de festejar el año de su compra.
El error en todos los casos fue confiar en los vendedores y firmar documentos de compra-venta insuficientes para formular reclamos y recuperar la inversión. En mi caso la denuncia llegó hasta la Policía, pero al final tuve que negociar con el vendedor para no perder el dinero. Era una estafa, pero no había cómo comprobarlo.
Estafa es obtener riquezas mediante una trampa o un ardid, y eso ocurre a diario en algunas de estas comercializadoras, que han encontrado mecanismos para evitar acciones legales en su contra. Uno de ellos es el uso de contratos elaborados “a la medida del negocio”, que básicamente mencionan datos del vendedor y el comprador, el monto de la transacción y el acuerdo de transferencia de un automovil que está “en buenas condiciones”.
El control que hacen la Alcaldía, el Registro de Comercio y el Servicio de Impuestos no tiene nada que ver con la calidad de los vehículos que comercializan estos negocios, y cuando otros organismos intervienen, lo hacen por otros motivos, pero en ningún caso para verificar los estándares de calidad que prometen los vendedores. La última semana de julio, por ejemplo, un operativo de la Aduana Nacional retuvo 66 vehículos ilegales que eran exhibidos para su comercialización en autoventas de La Paz y Santa Cruz. Como corresponde, confiscó los motorizados y con ello concluyó su labor.
Si bien existe un grado de responsabilidad en los compradores, las autoridades deberían tomar algunas medidas como acción preventiva para casos de estafa. Por ejemplo, definir los términos básicos que debería incluir todo documento de transacción. Algunos puntos sugeridos, además de datos fundamentales como número de chasis y de motor: estado de los papeles, pago de impuestos, el detalle de si el vehículo tuvo algún choque, la medida de compresión del motor, e incluso un periodo, aunque sea mínimo, de garantía. Algo fundamental: el documento debería especificar que si la información proporcionada es falsa, la transacción será revertida.
Algo tan simple como esto evitaría casos de estafa, ayudaría a los consumidores y a la vez beneficiaría a estos negocios, ya que quedaría claro que es mejor comprar en una autoventa que en la calle.