Demanda marítima
Bolivia no puede ni debe renunciar a su legítima demanda por una salida al mar
Las palabras del Presidente del Estado en la 67ª Asamblea General de la ONU, a fines de septiembre, y la destemplada respuesta del Gobierno chileno han seguido repercutiendo hasta esta semana. Al llegar a Lima, para la cumbre de países de Sudamérica y el mundo árabe, el Mandatario boliviano volvió a referirse al tema, demostrando que es vital para el país.
En efecto, el último episodio de la más que centenaria demanda marítima boliviana no se acabó con la afirmación del Canciller de Chile en sentido de que Bolivia no tiene nada que reclamar, sino que tras la declaración del Presidente chileno, afirmando que usaría “toda la fuerza del mundo” para defender el territorio y la soberanía de su país, fue inevitable que su homólogo boliviano interpretara esas palabras como “una amenaza” no sólo para Bolivia, sino también para toda la región.
A su vez, la Ministra de Comunicación agregó que con el actual Gobierno del vecino país, la demanda marítima boliviana “no tiene posibilidades de avance”, pese a su inicial predisposición de tratar el diferendo bilateral. Y el Viceministro de Relaciones Exteriores, en ese mismo contexto, dijo que “ya que Chile es incapaz de sentarse a dialogar con Bolivia, seguramente tendremos que sentarnos frente a una corte internacional”, refiriéndose a la demanda que el Estado planea presentar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En una nueva respuesta, el Mandatario de Chile afirmó en Perú que su país “respeta sus tratados y naturalmente hace respetar los tratados que Chile ha firmado. Esa es la manera y mejor forma de que podamos avanzar hacia el futuro todos los países de América Latina y del Sur, con armonía, paz y colaboración”, en clara alusión a la voluntad de su gobierno de afirmar la “intangibilidad” del Tratado de Paz y Amistad firmado en 1904.
En ese marco, Bolivia viene insistiendo que los tratados sí pueden ser revisados, y el mejor ejemplo es el que firmaron Panamá y EEUU a principios del siglo XX y fue modificado varias décadas más tarde para permitir al país centroamericano recuperar el control soberano sobre el célebre canal que une los océanos Pacífico y Atlántico.
En los hechos, lo que se busca es recuperar la cualidad marítima boliviana arrebatada en un conflicto bélico y que, a diferencia de otras desmembraciones territoriales sufridas por Bolivia a lo largo de su historia republicana, tiene el perverso efecto de limitar las posibilidades de desarrollo económico, al obligar al país a depender de otro Estado para acceder a las rutas marítimas de comercio e integración.
Es, pues, evidente que Bolivia no puede, ni debe, renunciar a su legítima demanda. Y debiera ser una buena señal para Chile que se insista en la vía del diálogo y la diplomacia, pese a la amenaza de la demanda en una corte internacional, que hasta ahora no se ha materializado.