Cabalgar El León con los llokallas de mi barrio era una rutina cotidiana en las vacaciones de fin de año. Este insólito monumento natural en forma del felino estaba situado en un cerro de Caja de Agua (zona Norte), muy cerca de la Cuchilla Mayor y Menor. La primera era el nido de un cóndor y lo escogí como mi lugar favorito para chacharme del encierro del colegio, porque su forma se acomodaba perfectamente a mi pequeño cuerpo; desde ahí contemplaba la ciudad y el Illimani, y escuchaba a los lataph’usiris ensayar para el 3 de mayo, fiesta de la Cruz. Este sitio fue devorado por el crecimiento de la ciudad y me ratifica que solamente a personas audaces y obstinadas se nos ocurre habitar los abismos, como cóndores mismos, en medio de las montañas y el cielo.
Más arriba, en la periférica, está el supuesto cordón verde que debía cercar la ciudad, pero ya existen ladrillos y muros, en lugares desmontados, en un claro avasallamiento y loteamiento del sitio. Mi corazón se arruga al ver cómo el bosquecillo que otrora cuidaban los milicianos del MNR cede al cemento y a la destrucción. Es obvio que estos asentamientos no son legales, porque existe una norma municipal de la gestión de MacLean hace casi dos décadas que declara zona verde al lugar. Nadie la respeta, como en otros lugares, donde el crecimiento de la ciudad se manifiesta en construcciones que requieren de una serie de gestiones de ordenamiento territorial y de uso de suelos, pero que estos grupos se pasan por el forro. Así, el bosquecillo de Pura Pura está siendo talado, mientras escribo esto, varios árboles están cayendo; asimismo en Caliri, en la zona Sur, estas mafias se están apoderando de una cancha y de las áreas de equipamiento.
El Alto es un territorio crucificado por loteadores muy bien organizados, que tienen conexiones en municipios y juntas vecinales. Grupos que se buscan un líder que inventa un movimiento, el caso por ejemplo del Movimiento de los Sin Techo, cuyo sospechoso dirigente Abdón Pérez dice que sus acciones: “Están amparadas por la Constitución Política del Estado y la Ley de Regularización de Propiedad Urbana”. Llegar a ese extremo de interpretación antojadiza ha generado la multiplicación de estos grupos, expertos y expertas, generando un negocio fácil que se extiende en Cochabamba y Santa Cruz.
En la sección IV de la CPE (Derecho a la Propiedad), en el artículo 56, acápite II, dice: “Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.” Eso está en la Constitución, pero el desconocimiento de esta norma no está tipificado como delito penal por las gobernaciones y municipios.
En un barrio de la capital oriental, un grupo muy bien organizado asalta lotes con el mismo argumento; entre las avezadas loteadoras está Santusa Torrez Mamani, una mujer muy hábil para manejar juntas vecinales y eludir cargos penales con argucias y triquiñuelas. Muchos afectados conjeturan que autoridades municipales y judiciales son parte de la estructura delincuencial. En tanto el Concejo Municipal de El Alto aprobó una ordenanza que prohíbe la toma ilegal y despojo de propiedades individuales y comunitarias, además instruyó al Ejecutivo gestionar la tipificación de esa actividad como una figura penal y, mientras ello madure, estos grupos que pululan y llegaron hasta el Beni (donde intentaron apropiarse de predios de la universidad pública, pero fracasaron porque los estudiantes los desalojaron por la fuerza), seguirán creando zozobra.
La vivienda social es un añejo problema que arrastra el Estado boliviano; y los proyectos son inestables, porque no fueron concebidos a partir de las potencialidades económicas regionales y sus características culturales. Estos planes deben ser abordados desde una perspectiva multidisciplinaria para abarcar todo el complejo problema; mientras tanto, Santusas y Abdones seguirán haciendo de las suyas, con el pretexto de que los lotes no tienen un uso social.