El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre) ha sido observado cada año, desde su declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, con el propósito de promover una mayor conciencia sobre las necesidades de la gente para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. El tema para este 2012 es: “Poner fin a la violencia de la pobreza extrema: promoción del empoderamiento y consolidación de la paz”. ¿Qué significa poner fin a la violencia de la pobreza extrema?

Poner fin a la violencia es poner fin a la exclusión social, al olvido y a la marginalidad en la que viven las familias en situación de pobreza. Pero violencia también significa la indiferencia y la ignorancia que las personas podamos tener al ver o enfrentar esta lamentable situación. Es cierto que para tratar de resolver estos problemas es necesario contar con financiamiento, pero éste no basta si no existe voluntad, responsabilidad y el compromiso de enfrentar el desafío de la pobreza como nación.

Es fundamental comprender que este  desafío, que es un desafío país, nos involucra a todos, y no podemos esperar que sólo las entidades públicas trabajen en esta cruzada. Este compromiso lo tenemos que trabajar y asumir juntos, de la mano, sin ningún interés personal o político, y con el único objetivo de superar la pobreza y de que todos los bolivianos y bolivianas tengan las mismas oportunidades para vivir dignamente.

Pero para poder hacer un trabajo con excelencia es necesario incluir y comprometer a todos los sectores de la sociedad: partidos políticos, movimientos sociales, empresas privadas, fundaciones, universidades, jóvenes y, por supuesto, las comunidades, ya que sin la articulación de estas fuerzas, el desafío se volverá imposible de concretar.

Empezar por comprender a las comunidades desde las personas que las conforman, reconocer y potenciar las relaciones de confianza que existen entre los vecinos, y abrir las oportunidades de participación ciudadana desde las comunidades en el diseño de programas políticos y sociales es el giro que deben dar, tanto las comunidades y directivas como los gobiernos subnacionales y organismos regionales de atención a la pobreza, para poder realizar un trabajo efectivo, respetando el modo de vida de las familias en esas comunidades.

Solamente así podremos trascender de programas netamente asistencialistas a medidas que realmente cambien las estructuras que producen la precariedad de vida a las que está sometida casi la mitad la población boliviana.