La Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral promueve procesos de gestión territorial para la promoción de las actividades productivas tomando como referencia el ordenamiento de las zonas y sistemas de vida, como una de las bases fundamentales para la planificación del desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra para vivir bien.

Esto supone establecer el tamaño y ubicación de la superficie agropecuaria en base a la capacidad de uso mayor del suelo y a los límites máximos de aprovechamiento  de los componentes de la Madre Tierra en cada zona y sistema de vida. 

Por otra parte, se ha constituido la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (Art. 53) y el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra (Art. 54), como la institucionalidad estratégica para avanzar en la construcción de un nuevo enfoque productivo basado en la creación y fortalecimiento de “sistemas productivos sustentables”.

Pareciera que ambos instrumentos de política pública abren el camino para avanzar sobre un verdadero desarrollo integral, modelo de desarrollo propugnado por el Gobierno, ¿es así? Veamos. Mientras esta agenda de desarrollo integral se venía construyendo, otra agenda, la política, anunciaba la ampliación de la frontera agrícola en 13 millones de hectáreas hasta 2025 durante el “Encuentro agroindustrial productivo: más inversión”, en el marco de una supuesta política de seguridad alimentaria. 

¿Tiene esta política alguna coherencia con las disposiciones emitidas por la ley de la Madre Tierra? ¿Toma como referencia el ordenamiento de las zonas de vida y sistemas de vida? ¿Establece el tamaño y ubicación de la superficie agropecuaria en el país en base a la capacidad de uso mayor del suelo?, ¿y a los límites máximos de aprovechamiento en cada zona y sistema de vida? ¿Dónde, en esta agenda política, está la construcción de un nuevo enfoque productivo basado en la creación y fortalecimiento de “sistemas productivos sustentables”? ¿Asistieron a este encuentro agroindustrial las diversas representaciones de la economía productiva: empresarios y productores forestales, productores y cosechadoras de productos forestales no maderables, promotores del turismo y ecoturismo, pequeños productores ganaderos, pescadores o piscicultores?

La negación impera en las respuestas a estas preguntas, lo que nos ha llevado a un extremo burdo y evidente de manejo político, donde la Madre Tierra es utilizada en todas las palestras públicas como un discurso vanguardista y revolucionario, pero en la práctica prevalece el mismo modelo sectorialista, extractivista, depredador del medio ambiente y de concesiones políticas a corporaciones de actores productivos de poder.

La Unión para el Biocomercio Ético (Uebt) es una organización sin ánimo de lucro que promueve el “abastecimiento con respeto” de los ingredientes que provienen de la biodiversidad. Las empresas de alimentos, cosméticos y farmacéuticos se aprovisionan, en gran medida, del mundo natural, y dependen de la biodiversidad para crear nuevos ingredientes para sus productos. Su impacto ambiental más grande se encuentra en su cadena de abastecimiento. Consecuentemente, la manera en que las empresas gestionan sus prácticas de aprovisionamiento impacta positiva o negativamente sobre el ambiente y la sociedad vinculada a ese recurso natural.

El comercio basado en productos de la biodiversidad genera un incentivo positivo para la conservación. Al unirse a la Uebt, las empresas acceden a cumplir los principios de Biocomercio Ético. Esto significa aplicar prácticas que promuevan la utilización sostenible de ingredientes naturales, a la vez que se garantiza que todos los actores de la cadena de abastecimiento reciben precios justos y comparten los beneficios derivados del uso de la biodiversidad de manera equitativa. Al adoptar las prácticas de biocomercio ético de la Uebt, las empresas forjan relaciones de largo plazo con sus comunidades proveedoras.

La Uebt cuenta con 59 miembros en Brasil, Colombia, Ecuador, Francia, Perú, Sudáfrica, Suiza, Uganda, Reino Unido, EEUU y ahora Bolivia.  Hasta ahora son cinco las empresas bolivianas que  han sido declaradas miembros comerciales de esa organización (Laboratorio Dermofarmacéutico ADA y Cosmética Natural del Valle del sector cosmético, y Laboratorios Valencia, Madre Tierra Amazonia y la Industria Boliviana de Liofilización, del sector alimentos).

Urge promover una dinámica empresarial en Bolivia y poner en la agenda nacional la discusión sobre las potencialidades para hacer negocios sostenibles a partir de la biodiversidad, y los compromisos de aquellos empresarios que encuentran en el uso sostenible de los recursos naturales una forma competitiva y responsable de hacer empresa.

Autoridades nacionales, empresarios privados e institución de promoción del desarrollo tenemos ante nosotros el desafío de construir un movimiento empresarial boliviano por la biodiversidad, que promueva su uso sostenible en el marco de los principios y criterios del biocomercio, donde los empresarios asuman una conciencia sobre el origen de los productos que comercializan y desarrollen propuestas innovadoras para sus sectores. Una vía concreta y alcanzable es la afiliación a la unión para el biocomercio ético.

Alimentar a la población mundial (7.000 millones de personas) es uno de los retos más apremiantes que afronta la humanidad en el siglo XXI. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que actualmente un sexto de la población (116 millones) padece inseguridad alimentaria.

La agenda nacional gubernamental y de instituciones de desarrollo ya ha comenzado a afrontar el tema desde diferentes perspectivas. No obstante, la contribución de los bosques en la reducción de la inseguridad alimentaria es una política todavía ausente. Los bosques son una fuente directa de alimentos y de ingresos para más de mil millones de personas pobres en el mundo. La manera más directa en la que los bosques aportan a la seguridad alimentaria es mediante las contribuciones a los regímenes alimentarios y al estado nutricional.

A menudo se considera que los bosques no tienen la capacidad de aportar en el marco de una política de seguridad alimentaria, y aunque hoy en día los alimentos del bosque constituyen una parte pequeña, pero esencial de las dietas, tienen el potencial de aprovecharse a escalas mayores. Sin embargo, el mayor valor de la contribución de los bosques no está en la cantidad, sino en la calidad nutritiva de sus productos. Existen centenares de especies de frutas silvestres que son consumidas en todo el mundo como buenas fuentes de minerales, vitaminas y calorías. Las semillas y nueces brindan calorías, aceites y proteínas; los gusanos tienen un contenido de proteínas y grasas más alto que la carne o el pescado. En Bolivia, el asaí tiene una alta propiedad antioxidante y antiinflamatoria, y su “contenido de fibra, proteína, calcio, magnesio y fósforo puede constituirlo en una alternativa nutricional de alta calidad para la dieta de la población boliviana” (Villanueva E. Información comparativa sobre las propiedades nutricionales, antioxidantes y antiinflamatorias de los frutos de asaí. FAN, 2013).

Mientras los países industrializados están preocupados por combatir las crecientes tasas de obesidad de su población, los países tropicales con cobertura boscosa tenemos el desafío y la oportunidad de adicionar valor a los productos de la biodiversidad. Aumentar su presencia en el mercado de consumo local e internacional debe hacerse en el marco del aprovisionamiento ético, y bajo una distribución equitativa de beneficios.  La contribución de las empresas forestales de pequeña escala a la economía es poco visible, pero a nivel global, la FAO informa que el valor de su aprovechamiento fue de $us 18,5 mil millones en 2005, pero observa que éste es una subestimación de su verdadero valor.

Desde hace varios años se viene cuestionando el actual modelo de desarrollo por su irreversible deterioro en el medio ambiente, por su incapacidad de disminuir las desigualdades y combatir la extrema pobreza. Específicamente se cuestiona que una de las bases del desarrollo, el crecimiento, pueda ser siquiera compatible con la conservación. En Bolivia, el crecimiento económico ha reproducido de manera histórica un patrón extractivista primario-exportador. El extractivismo es un mecanismo de explotación de los recursos naturales que, en el caso de América Latina, ha consolidado una mentalidad rentista en el marco de una débil institucionalidad democrática; el resultado, una incesante conflictividad social por el acceso y control de los recursos naturales, prevalente a lo largo de nuestra vida republicana, con distintos periodos de gobierno de corte liberal y estatista, desde 1900 hasta hoy.

¿Cuál es la evidencia de este patrón extractivista hoy? En la Comunidad Andina de Naciones, en los últimos cinco años, la participación de bienes primarios en la estructura global de exportaciones pasó del 89,4% en 2005, a casi el 93% en la actualidad (CEPAL, 2011). En Bolivia, el 83% de las exportaciones de 2010 corresponde a hidrocarburos y minería (incluye minerales fundidos); un 4% más que 2009. Sin embargo, los conflictos de envergadura como el TIPNIS evidencian que el fondo del problema no es la extracción de recursos en sí misma, sino la predominancia de una “lógica cultural y una forma de ocupación del espacio” que refleja la pugna de poder de distintos grupos sociales con distintas visiones de desarrollo y formas de vida. El fondo del problema evidencia la necesidad de un nuevo horizonte que debata un nuevo modelo desarrollo.

Un desarrollo representado por tres vértices equiparables —ambiente, economía y sociedad— necesita del equilibrio entre los tres componentes. Las amenazas del cambio climático y la inseguridad alimentaria ponen en evidencia que hasta ahora no se ha dado al “ambiente” su verdadera dimensión. La conservación, entendida como “la utilización humana de la biosfera para que rinda el máximo beneficio sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para las aspiraciones de futuras generaciones”, es ya un indicador de calidad de vida. Bolivia está en una coyuntura especial donde el desafío medular continúa siendo construir modelos alternativos de desarrollo que sostengan nuevos enfoques socioambientales y bioculturales, destinados a un cambio real y a una nueva ecuación para el desarrollo. Urge explicitar “lo ambiental” en las políticas de desarrollo y viceversa. Ya no podemos desvincular lo ambiental de lo económico y de la sociedad, ni aislar lo político y lo cultural de lo científico.