Quieren hacer de Bolivia un país sin producción tituló el diario El Día (19/10/12), luego de la promulgación de la criticada Ley de la Madre Tierra, que cubrió con un manto de incertidumbre y amargura al sector agroproductivo cruceño. Azorados unos, indignados otros, todos intentan entender hasta hoy su razón de ser.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, dijo que parecería que hay fundamentalistas “verdes” en el Gobierno que se oponen a los transgénicos (aunque los consumen), al aumento de la frontera agrícola, a la “mercantilización” de la tierra, etc. Una suerte de desinteligencia gubernamental que causa zozobra a los productores del campo, quienes temen que si se desincentiva la agricultura en el país, se acabe importando alimentos transgénicos, como ya pasó con el maíz.
Confieso que la ley me dejó anonadado, especialmente luego de mis dos últimas columnas (Soñar no cuesta nada, y De Santa Cruz, con amor) sacando la cara por los atisbos de un trabajo sinérgico público-privado en contra de la pobreza. ¿Soñaré despierto? ¿Estaré engañado? ¿Cómo desdecir a quienes ven señales perversas en este tipo de medidas? ¿Cómo seguir abogando por recuperar la confianza, cuando se coarta la producción? ¿Cómo responder a los que hablan de un ataque sistemático al modelo agroexportador cruceño? ¿Cómo convencer que podría ser por falta de conocimiento, antes que por maldad? (ambas hacen daño, Dios perdona lo primero; lo otro, cuenta como pecado).
¿Cómo se explica que el Vicepresidente del Estado comprometa su credibilidad instando a que la frontera agrícola crezca a cuatro o cinco millones de hectáreas, cuando la ley habla de minimizar su expansión e (ignorando las tierras productivas avasalladas) quiere redistribuir predios productivos como si no hubiera tierras fiscales?
La ley (pese a que se sabe que la producción cruceña aporta a bajos precios el 70% de los alimentos que consume Bolivia) pasa por alto que gran parte de esto se logró con la biotecnología que hoy prohíbe; no quiere una producción agrícola a escala, y desmerece el aporte de los productores cruceños, migrantes bolivianos y la inversión y tecnología de los foráneos, criticando la extranjerización de la tierra.
¿Dónde quedan los diálogos público-privados para la verificación diferida de la Función Económico Social y la regularización de los desmontes para producción agrícola, si la ley apunta a borrarlos de un plumazo? ¿Se sabe que la consecuencia de todo esto podría ser menos cultivos de rotación como el sorgo y el maíz que (con la cascarilla de soya) se usan para producir carnes y leche, e incluso bajar el trigo, girasol, arroz y hasta la caña de azúcar? La ley prohíbe también los agrocombustibles, cuando con la producción de biodiésel y etanol (asociada a los “bonos de carbono” que la ley prohíbe igual) se podría ahorrar casi $us 1.000 millones al año dejando de importar diésel y gasolina.
Finalmente, la ley pone a la Tierra por encima del hombre y la sacraliza (como allí donde la gente muere de hambre y hay “vacas sagradas”), asignándole derechos como sujeto colectivo de interés público, normando que para delitos en su contra no habrá suspensión de la pena, y para aplicar el “principio de precaución” no importará la falta de “certeza científica”. De tratarse de un film, sería: Con licencia para matar.
En suma, si esto no se resuelve rápida y racionalmente, la mentada ley les habrá dado “en la madre” a los agroproductores, pero todo el país sufrirá…