Días atrás, un juez de Argentina ordenó el embargo de los activos de Chevron en ese país (que ascienden a $us 2.000 millones), en el marco de una sentencia que ordena a esa compañía estadounidense pagar a los indígenas ecuatorianos una indemnización de $us 19.000 millones por daños ambientales.
Se trata sin duda de un hecho histórico, pues, por primera vez, una de las más grandes compañías petroleras empieza a pagar un monto multimillonario por la violencia y destrucción que ha generado a su paso por un territorio indígena.
El caso se remonta a 1964, cuando Texaco (adquirida por Chevron en 2001) empezó a perforar la amazonía ecuatoriana, en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Al retirarse de la zona en 1990, dejó 356 pozos al aire libre, cada uno tenía entre cuatro y cinco piscinas para el depósito de los desechos tóxicos, ubicadas cerca de los ríos para ahorrar costos. De esta manera, la contaminación de los suelos se trasladó al agua, lo que acabó con los peces. Antes de que la zona se llenara de trabajadores y de petróleo, en los alrededores vivían al menos cinco tribus indígenas. Dos de ellas han desaparecido, y el resto, sin pesca y con tierras contaminadas, pasó de la economía de subsistencia en la selva a la miseria en la economía de mercado.