Es un lugar común decir que las fronteras no son naturales, sino creadas por los humanos para separar y dividir a los pueblos. En parte es cierto, pero también lo es el que sirven para delimitar los territorios y el hábitat de los pueblos que allí viven. De ahí que cuando esos límites no son claros, hay conflicto permanente. En Bolivia hay mu cho de eso.
En efecto, según datos del Ministerio de Autonomías, en el país, el 93% de los municipios no tiene sus límites saneados, es decir correcta y legalmente definidos, lo que implica un permanente riesgo de conflictos. El más reciente es el que existe entre Coroma y Quillacas, en la frontera entre Oruro y Potosí, cuyo origen se remonta a la época de la Colonia. También es reciente el planteado entre la ciudad de La Paz y los municipios vecinos, que reclaman para su jurisdicción parte de la mancha urbana de la sede de gobierno.
No son los únicos casos. En los hechos, hasta ahora existen 105 problemas por límites registrados en el Ministerio de Autonomías; de ellos, 75 ocurren entre municipios, 16 entre departamentos y 14 son casos especiales. En la mayor parte de ellos, la pugna ha sido, si no desactivada, al menos detenida, gracias a procedimientos de resolución de conflictos.
Dichos procedimientos están contemplados en el proyecto de Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, la cual es tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que, si todo va de acuerdo con lo previsto, debería ser promulgada en diciembre. La norma, en principio, debería servir para homologar los acuerdos ya alcanzados entre unidades territoriales con conflicto de límites o, en su defecto, posibilitar nuevos métodos para encontrar soluciones a los conflictos.
Así, está previsto que la resolución de los conflictos por límites municipales y departamentales se basará en la conciliación entre las partes. En el caso de los municipios, las Direcciones de Límites de las gobernaciones promoverán la conciliación; de no llegar a un acuerdo, se recurrirá a un referendo, en el que las comunidades involucradas votarán para decidir a qué municipio quieren pertenecer. En conflictos entre departamentos, el Ministerio de Autonomías podrá conciliar; si no se llega a un acuerdo, a iniciativa de una de las partes, el caso será visto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a petición del gobernador. Paralelamente, en el Ministerio de Autonomías se trabaja el proyecto de una nueva norma para crear y modificar unidades territoriales, que será complementaria a la ley de delimitación.
Desde hace tiempo que está fuera de duda la necesidad e importancia de una ley para delimitar jurisdicciones territoriales de los diferentes gobiernos subnacionales. Atrasar su promulgación sólo puede producir más conflictos y, lo que es peor, producir nuevas divisiones entre la población del país.