En las semanas previas al Censo Nacional de Población y Vivienda, en varios municipios del país se desató una pelea por límites debido a que de ello depende, en parte, la cantidad de recursos para gasto e inversión que cada gobierno local recibe. Sin embargo, la mayor parte de los gobiernos autónomos, si no todos, tienen problemas para ejecutar todo su presupuesto.
En efecto, a pocas semanas de acabar el año, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que los gobiernos municipales, departamentales y las universidades públicas tienen guardados en caja y bancos Bs 16.931 millones ($us 2.433 millones). De este total, el 54% (Bs 9.193 millones) de los recursos no ejecutados corresponde a los municipios.
Así, se hace evidente que mientras las autoridades locales, departamentales y universitarias impulsan legítimas movilizaciones en defensa de los recursos públicos que el Estado les asigna, en la práctica no logran ejecutar el total del presupuesto del que disponen, y aun así pugnan por conservar o ampliar el monto asignado. De esta manera, a simple vista parecería que detrás de las movilizaciones y protestas hay más de actitud política que de preocupación por una gestión efectiva y eficiente. Al respecto, muchas autoridades locales han hecho notar que el principal escollo para la buena gestión de los recursos es la rigidez de la norma para la ejecución de recursos, aspecto que a inicios de año fue reconocido por el propio Presidente del Estado.
Concomitante con la rigidez de normas tales como la Ley 1178, de Administración y Control Gubernamental, o el Decreto Supremo 181, de Contratación de Bienes y Servicios, la Ley 004, de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, es identificada como una espada de Damocles sobre las y los servidores públicos, que se sienten amenazados por la dureza de las sanciones que establece.
Como una forma de resolver el problema de la baja ejecución, pero sobre todo para aprovechar los recursos no utilizados, el Ministro de Economía señaló que en la Ley Financial 2013 se contempla la posibilidad de que las alcaldías inicien desde diciembre los procesos de contratación para proyectos y planes, comprometiendo los recursos de caja y bancos para que sean invertidos el siguiente año. Asimismo, se propone que se destine ese dinero para la contraparte de proyectos concurrentes con el Gobierno central, idea rechazada por la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB). Finalmente, también está la posibilidad de que los recursos destinados a seguridad ciudadana no ejecutados sean revertidos al Ministerio de Gobierno.
En cualquier caso, lo que debe interesar no es el detalle menudo y mucho menos la pugna política, sino el interés de la población, que debe ser satisfecho a través de la correcta y oportuna ejecución de los recursos públicos.