Un tema que expresa con claridad la posición ambigua, a veces contradictoria, del Gobierno y de algunas organizaciones con relación a la defensa de la Madre Tierra es sin duda el de los transgénicos. Así lo demuestran no sólo declaraciones realizadas al respecto, sino en especial el indefinido rumbo que ha seguido la norma, que registra tanto avances como retrocesos.
Un quiebre importante ligado al tema se registró en el proyecto de nueva Constitución Política del Estado aprobado por la Asamblea Constituyente, que prohibía expresamente, por principio, la “producción, importación y comercialización de transgénicos”. Por obra de los acuerdos con la oposición política en el Congreso Nacional, dicha prohibición fue eliminada del texto constitucional, derivándose su regulación a una futura ley. Esta lamentable modificación está provocando consecuencias.
La Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, de junio de 2011, vinculó el tema de los transgénicos con una loable finalidad: lograr la soberanía alimentaria en el país. El problema es que dejó abierta una polémica puerta, que puede ser muy permisiva, al determinar que “se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados”. La reglamentación quedó en manos del Órgano Ejecutivo.
Más tarde, la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien, de octubre de 2012, cerró nuevamente aquella puerta. Con el propósito de proteger el patrimonio genético de la agrobiodiversidad en Bolivia, dispuso la prohibición de “la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas” (ya no se habla de prohibir “paquetes tecnológicos agrícolas”, como en la anterior norma, sino directamente de semillas). Buena noticia para la Madre Tierra.
Pero a poco de aprobada dicha ley marco se insinuó un nuevo retroceso con relación a los transgénicos. Ante el reclamo de los productores agrícolas del oriente, e incluso de comunidades interculturales, que advirtieron el riesgo de perder competitividad y, con ello, que haya una menor producción de alimentos, el propio presidente Morales expresó la disposición de “corregir errores”. ¿Pero acaso la prohibición de los transgénicos fue un error de la ley o, peor, un párrafo metido “de contrabando”?
Lo que sigue entonces es el camino complejo de buscar equilibrios en la reglamentación de la Ley Marco de la Madre Tierra. Equilibrios entre un desarrollo integral para vivir bien en armonía con la naturaleza (respetando sus derechos ya consagrados por ley) y la necesidad de lograr la soberanía alimentaria, que es una necesidad apremiante y constituye también un mandato constitucional. Los transgénicos están en medio de tal equilibrio como un ruido en transición sobre el cual se requiere coherencia.