Edificios inseguros
¿Qué garantías tiene una persona que invierte su dinero en un departamento?
El caso del edificio El Alcázar, desalojado el lunes último a la medianoche al detectarse que uno de sus pilares fundamentales colapsó, nos recuerda el tamaño de la responsabilidad asociada a la construcción en general, y de edificios de vivienda en particular. Es que errores de diseño, cálculo y construcción pueden derivar en verdaderas tragedias.
En efecto, la noche del lunes, un pilar del cuarto nivel de los parqueos del edificio, situado debajo de una de las dos torres del edificio, colapsó, obligando a desalojar 174 hogares y 89 locales comerciales; la estructura, de 16 años de antigüedad, tiene 18 pisos, dos mezzanines de oficinas, cuatro estacionamientos subterráneos y un semisótano.
Sólo días después se habilitó un rol para que, de dos en dos, las familias pudieran ingresar nuevamente al edificio para recoger sus pertenencias imprescindibles. Es fácil imaginar el drama de quienes de pronto se han visto privados de acceder a su propio hogar e incluso de llevar consigo todas sus pertenencias. Organizadas, las familias afectadas demandaron a la empresa constructora, y responsable del desastre, además de reparar el daño y darles nuevas garantías de seguridad, que pague a cada unidad familiar un determinado monto que les ayude a afrontar los gastos de vivienda temporal.
Hasta donde se sabe, Sadeco, la empresa constructora del edificio El Alcázar, eludió ilegalmente los trámites municipales de aprobación de planos; pero más grave aún, la obra tiene severos defectos de ingeniería. Al respecto, una evaluación realizada por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) revela que “hay fallas de construcción, fallas de cálculo, desorden estructural”, así como “total falta de previsión al colocar bajantes de agua junto a las columnas, lo que ocasionó humedad y oxidación de los fierros del hormigón”.
En un intento de politizar el caso, un concejal buscó responsabilizar al actual Alcalde o a su gestión por el problema en el edificio, sin considerar que se trata de un asunto que corresponde a las gestiones municipales de la década de 1990, y que exigir a la actual gestión revisar el estado de todas las edificaciones levantadas en la ciudad resulta inviable, por decir lo menos.
Así, el drama humano de las 174 familias desalojadas y el perjuicio causado a las empresas e instituciones que funcionan en los edificios aledaños son muestra del profundo daño que causa la irresponsabilidad asociada al afán de lucro que motiva reducir costos así sea a costa no sólo de la calidad sino también de la seguridad.
La pregunta que queda flotando de este caso es: ¿Qué garantías tiene una persona que invierte su dinero en la compra de un departamento, de que éste es realmente bien construido y seguro? El Gobierno Municipal, así como las empresas constructoras que hoy por hoy están llenando de edificios la ciudad, tienen la palabra.