El año pasado una ministra, cuyo nombre voy a guardarme en reserva, me llamó y me dijo que no sabía que hace tres meses había solicitado a su despacho unos informes para hacer una nota de investigación.
Gentilmente la autoridad se disculpó y me anunció que en esos días me haría llegar la información requerida. La misiva la envié en agosto y la llamada de la ministra fue en noviembre, cuando hacía otra nota en la ciudad de Tarija. Ya era tarde.
Recientemente entrevisté a un ministro y durante la nota él se había comprometido en pasarme unos datos estadísticos para la investigación que efectuaba por ese entonces y creí que no me sucedería lo que había pasado en 2011, sin embargo tuve que esperar tres semanas para que uno de sus viceministros me indique, además, que debía mandar una carta para conocer esa información oficial.
Pese a que el ministro se comprometió en entregarme la información, uno de sus viceministros afirmaba que debía llevar una solicitud escrita.
Bueno, hice la carta, la llevé personalmente, pero la gente que recibe estos documentos se había ido, porque sólo trabajan hasta las 17.00.
Imagínese si eso sucede con los periodistas, no quiero ni pensar en el calvario que ciudadanos comunes deben atravesar todos los días para realizar un trámite o una consulta en alguna entidad pública.
Ya en los tiempos de la internet, hay documentos que se pueden colgar incluso en la red, pero no lo hacen, yo creo que así nos evitaríamos tanta burocracia.
Si antes te decían: ¡Vuélvase mañana!, ahora te indican: “¡Mande una carta!”, y ésta debe ser escrita y no por correo electrónico, para que “así hagamos el seguimiento a su requerimiento”. La misma práctica de antes.
En mayo, se lanzó el proyecto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información elaborado desde 2007, en más de 390 seminarios y talleres para regular la transparencia en la gestión pública boliviana, pero aún no fue aprobado.
Y realmente es urgente ese mecanismo jurídico, para que periodistas, pero particularmente ciudadanos comunes, puedan acceder a información pública.
No creo que haya motivos para negar y ocultar información, porque esto transparentaría de mejor manera el manejo del Gobierno.
Bueno, y si al final se aprueba esa ley, será vital su difusión, en todos los estratos: gobernaciones, municipios, organizaciones sociales, vecinales, etc., porque sólo así podremos saber que uno de nuestros derechos es saber cómo se manejan nuestras instituciones y para que nunca más nos digan: “¡Mande una carta!”.
Es periodista de La Razón