Cada vez que se inicia una gestión es recomendable mirar atrás y analizar qué cosas buenas hicimos, para repetirlas y mejorarlas aún más, pero también para no cometer los mismos errores de cara al futuro.

He visto temor en mucha gente para 2013, asociado al cabalístico “13” que para algunos trae mala suerte; algo con lo que no coincido, pues cada hombre forja su destino. Y si bien el pasado ya no se puede cambiar, sí se puede afectar el futuro: Lo porvenir no es —sino— la consecuencia de las buenas o malas decisiones que tomamos ayer, y de las que tomemos de aquí en adelante. Por tanto, de lo que sembremos hoy dependerá la cosecha de mañana.

Particularmente a mí, el 2013 no me preocupa. Más bien: Proclamo, decreto y establezco que con la bendición de Dios será un excelente año para Bolivia, si es que gobernantes y gobernados nos animamos a tomar las decisiones correctas en función de las “lecciones aprendidas” de 2012, particularmente las económicas.

Bolivia inicia 2013 con una economía boyante: el PIB crece al 5%, superando la media latinoamericana; la inflación no llega al 5%; las RIN están en su mejor momento con $us 14.000 millones; ni qué decir de las exportaciones que rebasaron los $us 11.000 millones, logrando un saldo comercial superavitario por $us 3.000 millones; se habla de un superávit fiscal primario, etc., etc., etc. ¡Si hasta ya casi parecemos los ricos del barrio! Lamentablemente, no es así.

Macroeconómicamente parecemos un país casi perfecto; sin embargo, todavía hay dos millones de compatriotas que se van a dormir cada noche con hambre, y cuatro millones de bolivianos que viven en la pobreza.

Por tanto, 2013 debe ser el año de la microeconomía, de hacer las cosas bien para afectar también “el día a día” de los ciudadanos: generando más empleos de calidad, mejorando sus retribuciones al dejar que se exporte más, y haciendo que se venda más en el mercado interno, para lo cual hay que combatir con mayor determinación el flagelo del contrabando.

Una buena Ley de Inversiones que dé credibilidad y haga atractiva a Bolivia es lo que esperan con ansias muchos empresarios nacionales y extranjeros.

Alguien dijo que no hay mejor incentivo para un inversionista que garantizarle la recuperación y la ganancia de su capital en el tiempo, y es verdad. Así como en un matrimonio, también en los negocios la certidumbre no tiene precio…

Si a la previsibilidad de las reglas de juego se añaden políticas inteligentes para mejorar el entorno, con seguridad no precisaremos ir al exterior a colocar más bonos y endeudarnos, sino que miles de millones de dólares vendrán solitos aquí.

Como ya hemos escuchado tantas veces, “el capital no tiene ni Dios ni Patria”. La racionalidad del mismo es su reproducción y para ello demanda seguridad.

Y si a ello le sumamos incentivos, no soñaremos ya con un país que industrialice sus recursos naturales y ofrezca mejores oportunidades de empleo y una vida más digna a sus ciudadanos, sino que ¡lo seremos!

El 2012 ya es historia. Que crecimos económicamente, es cierto, pero que pudimos desarrollarnos más, también. Aprender de los aciertos ajenos es bueno, y de los errores propios, sabio. A veces es mejor crecer menos y avanzar más en lo social, aunque lo óptimo es hacer las dos cosas al mismo tiempo. No olvidemos que un “año más” siempre será al mismo tiempo “un año menos”, especialmente cuando se está en una lucha contrarreloj para sacar a la gente de la pobreza.

Quieren hacer de Bolivia un país sin producción tituló el diario El Día (19/10/12), luego de la promulgación de la criticada Ley de la Madre Tierra, que cubrió con un manto de incertidumbre y amargura al sector agroproductivo cruceño. Azorados unos, indignados otros, todos intentan entender hasta hoy su razón de ser.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, dijo que parecería que hay fundamentalistas “verdes” en el Gobierno que se oponen a los transgénicos (aunque los consumen), al aumento de la frontera agrícola, a la “mercantilización” de la tierra, etc. Una suerte de desinteligencia gubernamental que causa zozobra a los productores del campo, quienes temen que si se desincentiva la agricultura en el país, se acabe importando alimentos transgénicos, como ya pasó con el maíz.

Confieso que la ley me dejó anonadado, especialmente luego de mis dos últimas columnas (Soñar no cuesta nada, y De Santa Cruz, con amor) sacando la cara por los atisbos de un trabajo sinérgico público-privado en contra de la pobreza. ¿Soñaré despierto? ¿Estaré engañado? ¿Cómo desdecir a quienes ven señales perversas en este tipo de medidas? ¿Cómo seguir abogando por recuperar la confianza, cuando se coarta la producción? ¿Cómo responder a los que hablan de un ataque sistemático al modelo agroexportador cruceño? ¿Cómo convencer que podría ser por falta de conocimiento, antes que por maldad? (ambas hacen daño, Dios perdona lo primero; lo otro, cuenta como pecado).

¿Cómo se explica que el Vicepresidente del Estado comprometa su credibilidad instando a que la frontera agrícola crezca a cuatro o cinco millones de hectáreas, cuando la ley habla de minimizar su expansión e (ignorando las tierras productivas avasalladas) quiere redistribuir predios productivos como si no hubiera tierras fiscales?

La ley (pese a que se sabe que la producción cruceña aporta a bajos precios el 70% de los alimentos que consume Bolivia) pasa por alto que gran parte de esto se logró con la biotecnología que hoy prohíbe; no quiere una producción agrícola a escala, y desmerece el aporte de los productores cruceños, migrantes bolivianos y la inversión y tecnología de los foráneos, criticando la extranjerización de la tierra.

¿Dónde quedan los diálogos público-privados para la verificación diferida de la Función Económico Social y la regularización de los desmontes para producción agrícola, si la ley apunta a borrarlos de un plumazo? ¿Se sabe que la consecuencia de todo esto podría ser menos cultivos de rotación como el sorgo y el maíz  que (con la cascarilla de soya) se usan para producir carnes y leche, e incluso bajar el trigo, girasol, arroz y hasta la caña de azúcar?  La ley prohíbe también los agrocombustibles, cuando con la producción de biodiésel y etanol (asociada a los “bonos de carbono” que la ley prohíbe igual) se podría ahorrar casi $us 1.000 millones al año dejando de importar diésel y gasolina.

Finalmente, la ley pone a la Tierra por encima del hombre y la sacraliza (como allí donde la gente muere de hambre y hay “vacas sagradas”), asignándole derechos como sujeto colectivo de interés público, normando que para delitos en su contra no habrá suspensión de la pena, y para aplicar el “principio de precaución” no importará la falta de “certeza científica”. De tratarse de un film, sería: Con licencia para matar.

En suma, si esto no se resuelve rápida y racionalmente, la mentada ley les habrá dado “en la madre” a los agroproductores, pero todo el país sufrirá…

El megaoperativo anticontrabando del 9 de octubre en Challapata (una “zona roja” a poco más de 100 km de Oruro) ha puesto sobre el tapete de discusión el atávico problema del contrabando que aqueja a Bolivia. La inédita acción conjunta de 1.400 efectivos militares y policiales, con la directa actuación de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya Vásquez (¡mujer tenía que ser!) dio relevancia al operativo no sólo porque era algo imposible de imaginar por consideraciones de “cálculo político”, sino porque ahora se espera que haya un antes y un después en la lucha contra esta ilegal actividad, que adquirió carta de ciudadanía en la economía, prohijando áreas para estatales en el territorio nacional.

El operativo, llamado Pichay (“limpieza” en quechua), se focalizó en los vehículos “chutos” (indocumentados) descubriéndose 15 garajes que albergaban cientos de estos motorizados con placas y papeles falsos, incautándose además dinero falsificado y droga. Producido el inevitable enfrentamiento, se debió lamentar una media docena de heridos y la muerte de dos civiles, pero pudo ser peor: tres oficiales fueron rescatados por sus camaradas, de la turba que los quería linchar.

Que hubo reclamos (vgr del Defensor del Pueblo) por lo que se consideró un exceso de la fuerza pública es verdad, pero no menos cierto es que la generalidad de la población se mostró más bien impávida e incluso apoyó la acción. La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, las cámaras Nacional de Despachantes de Aduanas y la Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz no sólo respaldaron sino que felicitaron públicamente a la presidenta de la ANB y al Gobierno por combatir el contrabando, recomendando también concienciar a la población sobre la problemática.

Frente a los reclamos de los pobladores de Challapata, la Ministra de Comunicación dijo que “el Gobierno no retrocederá en su decisión de controlar ese territorio tomado por el contrabando” (ABI, 11/10/2012), y lamentó por televisión el “daño colateral” que produjo el operativo, algo que me hizo pensar.

Daño colateral en una guerra es un daño no intencionado o accidental, y también un eufemismo para el “fuego amigo” en una acción militar (Wikipedia). Si el Gobierno boliviano dice que no cejará en su decisión de enfrentar el contrabando, entonces estamos en guerra, y el término “daño colateral” es correcto.

Las fuerzas del orden no fueron contra los civiles ni la prensa en Challapata, fueron contra los contrabandistas. Ahora bien, ¿no hay ya en una guerra no declarada por parte de éstos últimos? ¿Acaso no son agredidos, secuestrados, torturados y muertos los oficiales del Control Operativo Aduanero? ¿Qué de la vida del Tte. Samuel Encinas Arias, “desaparecido” en 2003 en Sabaya, otra “zona roja” del contrabando? He aquí un daño no colateral…

Si de hablar de daños en esta guerra se trata, consideremos los tributos evadidos por los contrabandistas; el mercado que roban a la producción nacional y al comercio legal; la pérdida de empleos; la afectación a la salud por la venta de alimentos, ropa usada y medicinas contrabandeados; y su concomitancia con el narcotráfico en el “blanqueo de dólares”. De esto deberían ocuparse también los “reclamantes”, quienes, para prevenir sucesos similares, deberían promover la denuncia de los contrabandistas, y a éstos recomendarles que se acojan al arrepentimiento eficaz… ¡mientras haya tiempo!

Según el informe Memoria de la Economía Boliviana 2011, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), la pobreza moderada en Bolivia habría bajado del 60,6% (año 2005) al 48,5% (año 2011); y la pobreza extrema del 38,2% al 24,3% en igual lapso. Si bien esto resulta un buen avance, lo cierto es que casi 2,5 millones de bolivianos aún se van a dormir cada día sintiendo hambre.

Para el MEFP, las “transferencias condicionadas y programas sociales para la lucha contra la pobreza” explican en parte tal progreso, principalmente en el área rural, gracias a la efectividad del Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy, que en 2011 habrían beneficiado a casi 3,3 millones de personas. Además, las políticas de redistribución y otras medidas gubernamentales habrían ayudado a mejorar la calidad de vida de los bolivianos, incentivando la demanda interna, hasta llegar a ser el principal “motor” del crecimiento del país. Pero aquí surge una pregunta: ¿Cuánto ayudaron las exportaciones a tal “éxito”?

Para transferir recursos desde el Estado, primero debe recaudarse impuestos. Para que existan éstos, debe haber una actividad económica legal. Y para ello, debe existir un mercado dónde vender. Si el mercado interno es pequeño, entonces se debe exportar. En verdad, es la renta de la actividad hidrocarburífera y minera (altamente dependiente del mercado externo) lo que explica la gran capacidad de gasto e inversión adquirida por el Estado en los últimos siete años.

Ahora, ¿qué de las remesas de nuestros amigos, parientes y compatriotas en el exterior que mandan casi $us 1.000 millones de dólares anuales? Eso es más del doble de los bonos del Estado. Y, ¿cuánto aporta a aquel éxito la economía no formal que —se dice— tiene que ver con más del 70% de los empleos del país? ¿Qué del peso adquirido por la economía subterránea generadora de trabajo, liquidez en el sistema y vastos “efectos multiplicadores”? ¿No ayudó eso también?

Claramente (en cuanto a usos y fondos) ha sido el prolongado auge de las materias primas en el mundo lo que ha sustentado nuestra economía. ¿Qué otra cosa se puede colegir del hecho de que, entre el 2006 y junio de 2012, el ingreso de divisas por exportaciones superó los $us 42.000 millones, gracias al benéfico “efecto precio” para el gas y los minerales?

El presidente Morales quiere que la “extrema pobreza” en Bolivia acabe hasta el 2025. Un buen deseo que podría convertirse en realidad, de hacerse bien las cosas. Una linda “meta-país” para activar una agenda público-privada con visión y responsabilidades compartidas, sabiendo que el asistencialismo cabe para los grupos desprotegidos y vulnerables, pero no para sacar a un país de la pobreza, pues para ello hay que crear empleos de calidad y educar a la gente.

La “política social” más excelsa no radica en la dádiva permanente, sino en dar la posibilidad a la sociedad civil de generar empleos de calidad para vivir con dignidad, en lugar de tener que vivir por siempre dependiendo del subsidio estatal.

Así parece haberlo intuido un anónimo niño boliviano que, cuando le preguntaron qué haría con el Bono Juancito Pinto recibido del Estado, respondió: “Me voy a comprar un gallito y una gallinita, para vender huevitos”. Sacrificar el consumo de hoy, para el disfrute futuro: ¡Economista esclarecido! Invertir para producir riqueza: ¡Alma de empresario! Maravilloso. Él descubrió qué es lo primero entre el huevo y la gallina.

Viendo cómo encuentra a Bolivia este nuevo festejo de las fiestas patrias, recordé a una periodista belga que (preocupada por los enfrentamientos en el país, ya no sólo ideológicos, sino físicos) me preguntaba en 2011 si era posible reconciliar y conjugar los intereses particulares con el interés común. Le dije que sí.

Y dije que sí, pues considero que medioambiente y mercado no son antagónicos, así como tampoco, desarrollo y conservación son incompatibles. Creo en la producción socialmente responsable, y que Bolivia puede tener una economía próspera conjugando la pluriculturalidad y el empoderamiento de los pueblos indígenas, aunque para todo ello dependerá de lo bien o mal que actúe el Estado.

La preservación de la naturaleza y la producción de bienes y servicios orientados al mercado exigen que el Estado juegue su indelegable rol de legislar con racionalidad en función de lo que él mismo pueda cumplir y hacer cumplir; muchísimo mejor si fuera induciendo (incentivando y recompensando) a quien genere riqueza y aporte empleos, respetando el medio ambiente.

Si el conservacionismo a ultranza sólo lleva a la postergación, lo correcto será conjugar el objetivo del crecimiento económico y la mejor distribución del ingreso (mayor acceso a la salud, educación, oportunidades de autoayuda y transferencias públicas focalizadas) con el racional aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad. Eso sí, sin perder de vista que la naturaleza debe estar al servicio del hombre, y nunca al revés.

La pobreza, por definición, es destructora no sólo del hábitat, sino de la vida y del hombre mismo. Por tanto, el Estado debe premiar la producción socialmente responsable, inclusiva, no discriminadora, que amalgame la búsqueda del beneficio individual con el compromiso social. Parafraseando al filántropo suizo Stepahn Schmidheiny, no puede haber empresas exitosas en países fracasados, así tampoco pueden haber países exitosos con empresas fracasadas. El factor concomitante para que ambos ganen es la Responsabilidad Social, y es responsabilidad del Estado el apoyar toda iniciativa individual privada que, siendo legal, genere riqueza; asimismo, otros modos de producción como el comunitario, cooperativo y estatal, este último allí donde sólo pueda hacerlo él por su gran portento.

Estoy persuadido de que Bolivia puede tener una economía próspera sin renunciar a su espectacular avance social. Para ello habrá que educar apropiadamente a la población, haciéndole ver que la pluriculturalidad y las diferencias deben ser un factor de unión entre diversos antes que de separación entre iguales, porque Dios no hace acepción de personas; igualmente, que el empoderamiento indígena no debería significar la postergación de las posibilidades de desarrollo de Bolivia.
Hacer las cosas con equilibrio, hablar con honestidad y actuar con transparencia debería ser la tónica para llegar a acuerdos, si bien la historia muestra una vez más que lo que se siembra se cosecha…

El vehemente discurso indigenista y el empoderamiento de los pueblos originarios (consagrado en la nueva Constitución Política del Estado) constituyen hoy un freno a proyectos de industrialización y vertebración del país, resultando una camisa de fuerza de la que no se podrá salir sin un alto costo político. ¿Cómo evitar que la sangre llegue al río? Un desarme espiritual, que busque el interés común y armonice lo que parece irreconciliable, resulta imprescindible.