Al comenzar el 2013, autoridades del poder público, políticos, medios y ciudadanía han coincidido en que uno de los grandes desafíos pendientes en el país es —una vez más— la administración de justicia.
Se trata de un tema recurrente que suele presentarse como “importante”, cuando el sistema no responde eficazmente o revela su estado de crisis en temas de coyuntura pública de gran visibilidad, como la que se atraviesa en las últimas semanas. Algunos abogados, fiscales, jueces y servidores públicos se encuentran bajo una bochornosa investigación que recién comienza, pero ya deja el amargo sabor de la tradicional manipulación del poder sobre la justicia, de la incompetencia de sus operadores y la vulnerabilidad de todo el sistema frente a inconfesables intereses.
Más allá del desenlace que pueda tener ese específico asunto y que por cierto servirá de lente y de espejo para quienes tengan la responsabilidad de resolverlo, caben algunas reflexiones que también han sido recurrentes desde la judicatura, cuando hace casi ya una década se reclamaba a los poderes públicos mayor atención sobre sus falencias estructurales. Éstas tenían relación, entre múltiples causas, con la obsolescencia de la legislación, los limitados recursos destinados al sistema y sobre todo con una cultura jurídica desafecta al cambio y que impedía transformar el servicio de la Justicia. Los diagnósticos de entonces revelaban las causas por las que los ciudadanos no podían acceder ni confiar en la función jurisdiccional. Pese a que el país transitó por una reforma constitucional y una prolongada transición judicial de ajustes, los resultados objetivos todavía son escasos, cuando no regresivos en muchos aspectos.
La crisis y la voluntad de superarla pueden abrir una buena oportunidad para aproximarnos ya no tanto hacia el modelo abstracto del Órgano Judicial logrado sobre el diseño de la Constitución de 2009, sino más bien hacia su examen crítico, fundado en aquello que todos, ciudadanos y Estado, perciben como la “injusticia” manifiesta, objetiva, mesurable y que además es susceptible de ser atendida y reparada.
Son innumerables las “injusticias” que acarreamos en el país, que percibimos y sentimos, y que deben ser el centro de la reflexión sobre la Justicia y sus cambios: una justicia penal que reproduce detenidos preventivos hacinados indefinidamente en condiciones indignas; una justicia civil y comercial onerosa y lenta; una justicia laboral desactualizada; una justicia indígena y originaria mal reconocida y poco coordinada con la formal; justicia administrativa y de paz inexistentes, etc.
Es posible pensar junto a Amartya Sen que el diagnóstico de las “injusticias” debe ser el punto de partida y de llegada para una discusión crítica de la Justicia. Este examen además exige imparcialidad respecto a los preconceptos, prejuicios e intereses políticos y personales de quienes conducen el poder público, de los actores y de los propios ciudadanos sobre el servicio que se pretende brindar y recibir. El desafío compromete entonces una mirada autocrítica a la cultura jurídica tradicional, todavía tan adherida al régimen normativo y a las conductas judiciales y burocráticas indolentes frente al abuso y la ilegalidad.
El tema de las “injusticias” justifica un amplio debate nacional, orientado a transformar la administración de justicia en Bolivia desde el mismo texto de la Constitución, los códigos y las leyes. Hará bien al Estado, a sus gobernantes, legisladores y sobre todo a los ciudadanos asumir que es posible prevenir y reparar el atropello y los agravios que el secular sistema de justicia todavía no es capaz de atender.