Las ideologías son las palabras que encubren los intereses. En  consecuencia, Hugo Chávez, como cualquier otro mandatario, es visto con la ideología de los de arriba, a quienes les duele no haber podido utilizar la inmensa riqueza venezolana a su favor desde 1999, y por tanto su ira se refleja en el aparato mediático de su propiedad.

Mientras que desde la perspectiva de los de abajo, durante la gestión presidida por Chávez, surgen algunas preguntas como las siguientes. ¿Disminuyó la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, el déficit habitacional y la brecha entre los más ricos y los más pobres? Las Naciones Unidas dicen que sí, y más que en ningún otro país de la región. ¿Se incrementó el salario mínimo por sobre la inflación? Sí, y pasó a ser el más alto de Sudamérica. ¿Aumentó el número de universitarios? Sí, Venezuela se sitúa entre los países con el mayor porcentaje de su población con matrícula universitaria en el planeta (¡antes de Chávez no existía en Venezuela la carrera de Ingeniería Petrolera!). ¿Creció el comercio interregional y se desarrolló la integración regional? Sí, y exponencialmente con Brasil y Cuba; además, se creó el Alba, se consolidó el Mercosur y la provisión de petróleo con precios y formas de pagos solidarios a diversos países de la región.

Respecto a Bolivia, el presidente Chávez dejó muy en claro su solidaridad militante con nuestro país en el tema marítimo; y ante las amenazas internas, expresó también su total solidaridad. Tan sólo con esto debería bastar para el reconocimiento permanente de toda la bolivianidad hacia Chávez.

Ahora bien, no cabe duda de que el Mandatario venezolano y el Partido Socialista Unido de Venezuela tienen gigantescas tareas pendientes de cara a la industrialización, a la seguridad ciudadana, a la eficiencia y a la lucha contra la corrupción en las empresas y entidades estatales, entre otros desafíos. Pero, ¿no existían esos problemas en igual o mayor dimensión antes de Chávez?, o incluso peores, como la desaparición forzosa de miles de opositores políticos en la Cuarta República.

Sus emprendimientos fueron financiados por la riqueza petrolera del Estado venezolano. Quien está más consciente de ello es el “bravo pueblo”, y es él justamente quien lo aprobó democráticamente en más de 14 elecciones desde 1999. Los de arriba, cuando critican a Chávez, omiten hacer referencia a la crisis del capitalismo financiero, sistema que permite, in crescendo, la acumulación aberrante del capital en pocas manos, a cambio de la expropiación metódica de los de abajo.

Culmino esta crónica y reconocimiento con las palabras de nuestro señor Jesucristo, reproducidas en el Evangelio de Mateo (25:40), y que enuncia luego de identificarse con aquellos que sufren hambre, sed, frío y carecen de un techo donde descansar, es decir, con los de abajo: “…de cierto os digo que todo cuanto hicisteis a uno de mis hermanos o hermanas, a mí me lo hicisteis”.

Ni mujer chilena, ni amigo peruano, ni Justicia boliviana”, es un aserto que peca de excesivo y caricaturesco. Sin embargo, encuentra mucha acogida en el sentimiento popular, al menos en lo que a la administración de Justicia en el país se refiere. Por ejemplo, el caso del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher —detenido por más de 18 meses en la cárcel de Palmasola, sin motivo legal válido (según se infiere por lo que publica la prensa), cuyo patrimonio fue confiscado y al parecer ha sido extorsionado por funcionarios públicos llamados a seguir y respetar un debido proceso— si bien llama la atención, no provoca mayor escándalo en un público que mal convive con una pésima administración de Justicia, desde la creación misma de ese órgano estatal.

En efecto, el sistema judicial, el Ministerio Público, el Régimen Penitenciario, así como los investigadores y demás instancias subalternas se han constituido en una suerte de monstruosa criatura que a semejanza de un emperador romano satisfecho, obeso y concupiscente,  extiende el brazo para subir o bajar el dedo gordo de su puño en señal de indulto o condena para el procesado, objeto de su diversión. Se sabe de procesos mañosamente dilatados por años. Son públicas las recientes huelgas de hambre en los centros de detención femeninos que por hacinamiento, exigiendo que ya no sean admitidas más reclusas (habrá jueces que encontrarán válida esta excusa para no detener a avezadas delincuentes). Es conocido también que investigadores asignados u oficiales de diligencia dejan de notificar debido al gran número de casos que tienen que atender, paralizando el correspondiente proceso judicial hasta que expiran los plazos instituidos (o se abandonen los casos por cansancio e impotencia de las víctimas).

Asimismo, se sabe que pululan abogados de “puertas de celda” que andan a la pesca de los casos más “calientes” para, muy pragmáticamente y sin mayor escrúpulo, proponer a los imputados repartirse el botín a cambio de conseguir  su libertad. Por otra parte, parece evidente la existencia de “consorcios” de contubernio entre abogados y autoridades públicas, para —mediante chicanerías, artilugios, colusiones y sobornos— crear la mayor distancia posible entre la “verdad material” (que busca la verdad histórica sustentada en pruebas y evidencias) y la “verdad procesal” (que es la realidad deformada que consta en los expedientes y obstaculiza los procesos).

Es en este contexto que encuentra mucho sentido el reclamo que hizo el presidente Morales de identificar a estos abogados y/o consorcios que defienden a delincuentes, beneficiándose de las debilidades especialmente procedimentales del derecho constitucional a la legítima defensa.

El paradigma de la búsqueda de la Justicia debe ser que ésta se encuentre al alcance de cualquier ciudadano, y no darse por la vía de la excepción, como en el caso de Santos Ramírez o el de Jacob Ostreicher, que aunque son casos dignos de destacarse, son socialmente insuficientes, ya que se trata de decenas de miles de casos que claman al cielo por un fallo justo y oportuno.

Con miras al desarrollo social, en la construcción del Estado Plurinacional, resulta indispensable sacar a la administración de Justicia de su laberinto histórico.