Como ya se había anunciado a fines de diciembre, 2013 comenzó con la polémica entre choferes sindicalizados y Gobierno Municipal de La Paz respecto de la demanda de los primeros de incrementar el precio de los pasajes del transporte de pasajeros, y aunque el gremio de los conductores reiteró sus amenazas violentas, el contexto esta vez es diferente.
En efecto, a diferencia de los anteriores años, pues la demanda de los choferes lleva mucho tiempo y ha costado no pocos paros y movilizaciones, esta vez el Gobierno Municipal paceño tiene a su favor la Ley General de Transporte, que le otorga tuición sobre las tarifas del servicio dentro de su jurisdicción, y la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano, que (junto a sus respectivos reglamentos) es el instrumento normativo para llevar a la práctica dicho mandato.
Ha sido precisamente en la discusión para aprobar esos reglamentos, el lunes pasado, que el diálogo se rompió debido a que los choferes trataron de introducir el alza tarifaria en la agenda. Al respecto, un dirigente de la Federación Departamental de Choferes afirmó que “el Alcalde dijo que va a iniciar una guerra, y nosotros nos vamos a preparar para esa guerra”. Por su parte, el Alcalde explicó que en la reunión con los choferes se debían tratar dos reglamentos. “No se les ha convocado para tratar los pasajes; si tienen alguna sugerencia, que la hagan llegar por escrito, no tenemos inconveniente”, dijo.
Por otra parte, el Secretario Ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia anunció, la semana pasada, que los días 16 y 17 de este mes se realizará un encuentro nacional, en el que se hará una evaluación de todo el sector, incluyendo el de las tarifas. A su vez, el burgomaestre paceño anunció que el gobierno local a su cargo dará a conocer la próxima semana la nueva escala tarifaria para el sistema de transporte público que, se prevé, entrará en vigencia en febrero.
Asimismo, el dirigente de los choferes reiteró la propuesta de eliminar el denominado “trameaje” (precios por tramos) y mejorar el servicio a los pasajeros, con el objetivo de que la población acepte el incremento en los pasajes, que sería de entre 60 y 80 centavos de boliviano, según se desprende de un estudio de costos realizado por encargo del gremio en 2012.
Es, pues, evidente que se trata de una pugna de creciente complejidad, no sólo por la naturaleza de los actores involucrados, sino también por aspectos políticos que se cruzan, como la pelea entre el Gobierno central y el municipal, y, sobre todo, por la necesidad de asegurar no sólo tarifas aceptables para la población, sino también calidad en el hasta ahora depauperado servicio.
Cabe desear que sea posible encontrar el equilibrio de todos esos factores, pues de lo contrario será la población la que sufra las consecuencias.