Cuando se den a conocer las cifras del Censo de Población y Vivienda, quedará ampliamente confirmado que la intensa migración de las décadas pasadas se expresa ahora en una enorme mayoría de población urbana, asentada principalmente en las ciudades de Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba; pero asimismo, en un gran número de ciudades intermedias de los departamentos del eje central. Dicha dinámica acelerada de urbanización se puede entender también como una manifestación del proceso universal de descampesinización, que es uno de los rasgos característicos del siglo XX. La diferencia en nuestro caso, en comparación con otras realidades nacionales en América Latina, estriba en el hecho de que esta importante transformación estructural no ha sido acompañada hasta ahora por una industrialización extendida, que eleve sustancialmente la productividad del trabajo; ni tampoco por un desarrollo urbano capaz de ofrecer nuevas condiciones de vida y acceso a los servicios públicos a los enormes contingentes de población que se incorporan a las ciudades.
La escasa mejora cualitativa de la productividad de los empleos urbanos de los migrantes, en comparación con la que prevalecía en el ámbito rural que abandonaron, es una de las explicaciones más sólidas del magro crecimiento general de la economía de Bolivia, no obstante los diversos ciclos de política económica que se han sucedido en las últimas décadas. Y no es tampoco de extrañar que aquí radique asimismo una de las causas de la pobreza que aqueja a una gran parte de la población nacional, sea ésta rural o urbana.
Existe en efecto consenso respecto de que la erradicación efectiva de la pobreza requiere de un crecimiento real sostenido de por lo menos el 6% anual. Sin embargo, como se puede demostrar fácilmente, en el promedio de largo plazo, Bolivia crece menos que sus vecinos, con lo cual se amplían las brechas comparativas de desarrollo y se alientan corrientes migratorias hacia el exterior. Y esto es tanto más problemático puesto que Bolivia tiene un producto por habitante de partida que es varias veces menor que el de los vecinos.
En consecuencia, para impulsar el crecimiento de manera sostenida, mejorar las condiciones de vida y trabajo de la gente y cambiar la inserción subordinada del país en la división internacional del trabajo, es preciso cambiar las políticas económicas vigentes, que probadamente no promueven un crecimiento suficiente.
Si bien es verdad que el país ostenta una situación macroeconómica excepcional, con niveles inéditos de exportaciones, ingresos tributarios y reservas internacionales, también es evidente que todo eso no se traduce en cambios cualitativos del desempeño económico y social. Entre las razones que explican dicho déficit de crecimiento debe mencionarse, en primer lugar, el hecho de que son los sectores con menos potencial de incorporación de tecnología e innovaciones los que proporcionan el grueso de la ocupación.
El cambio de enfoque de las políticas económicas debería empezar por una redistribución de las competencias entre el nivel nacional y los municipios. Es preciso que los municipios del país tengan facultades para promover la atracción de inversiones productivas en una escala significativa, sobre todo aquellas que generan actividades de transformación industrial, empleo decente e innovación tecnológica. Pero a tales efectos se requieren por supuesto grandes cambios de orden político e institucional en las esferas pública y privada, los cuales podrían formar parte del imprescindible debate sobre el pacto fiscal que se avecina.