La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 proyecta 13 pilares del modelo de país, fundamentada en el “Vivir Bien”, principio activo del Estado Plurinacional. El pilar seis, referido a la Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo Integral, plantea una economía que debe salir de la dependencia de la minería y los hidrocarburos, consolidar estos sectores como estratégicos “pero no únicos”, y promover el desarrollo integral del pueblo boliviano a través de una economía plural, diversificada en la producción agropecuaria, en la conservación de los bosques y los componentes de la biodiversidad. Este reconocimiento encuentra eco en la Ley de la Madre Tierra, y pareciera vislumbrarse por fin un cambio en la orientación del patrón de desarrollo planteado para Bolivia, centrado en un desarrollo integral, donde el vivir bien se construye a partir de varias dimensiones, que incluyen la economía, el ambiente, la sociedad, la cultura y el espíritu.

El pilar nueve se refiere a la Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral Respetando los Derechos de la Madre Tierra, intenta satanizar toda vinculación entre el mercado y la naturaleza, y plantea enfoques no basados en los mercados, sino en la gestión comunitaria local; una total inconsistencia, pues la gestión comunitaria local necesita del mercado local, nacional y/o internacional para construir su propio desarrollo integral. ¿O es que el mercado puede solamente abrirse para los sectores llamados “estratégicos”, para los cuales el pilar siete plantea una “Soberanía sobre los Recursos Naturales con Nacionalización, Industrialización y Comercialización en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra”?

El concepto de “desarrollo integral” va posicionándose cada vez con mayor fuerza (dentro y fuera de las esferas del Gobierno) pues plantea, por fin, un desarrollo representado por tres vértices equiparables (ambiente, economía y sociedad). Sin embargo, queda pendiente la constatación del equilibrio necesario entre los tres componentes, y hasta ahora sólo vemos contradicciones entre el discurso y la realidad. Tal es el acuerdo entre el Gobierno y la Cámara Agropecuaria del Oriente para ampliar la frontera agrícola, a partir del cual se postergará nuevamente la verificación de la Función Económica y Social (FES), y se autorizarán nuevos desmontes para habilitar nuevas tierras arables. ¿Dónde está la “integralidad” de esta política agraria con la política forestal? ¿Responde este anuncio a una política planificada en función de la capacidad de uso mayor del suelo, y de otras potencialidades de los bosques para proveer alimentos que también garantizan la seguridad y soberanía alimentaria en el país? La Agenda Patriótica para 2025 carece de una agenda forestal y ambiental que pueda equipararse a la agenda agraria o industrial vigente.