Un reportaje publicado por La Razón, el domingo, advierte sobre la gran cantidad de personas que han sido estafadas al procurar tomar en anticrético un inmueble. No se trata de algo nuevo, sin embargo, el número de casos se ha incrementado en los últimos años. Lo que debiera servir como una alerta para quienes ponen en riesgo su capital en este tipo de transacciones.
Según estimaciones del INE, el 53,7% de las familias bolivianas que habita en zonas urbanas carece de vivienda propia. Situación que las obliga a tomar un anticrético o bien a alquilar un inmueble, ya sea una casa, un departamento o una pequeña pieza. Naturalmente, la mayoría prefiere la primera opción, pues les permite conservar su capital.
No obstante, esta figura es cada vez más escasa, y quienes encuentran una vivienda ofertada en anticrético, en buenas condiciones, se apresuran a tomarla, entregando para tal efecto un adelanto, aunque tengan como contraparte tan sólo la palabra del oferente plasmada en un recibo, o bien un documento que puede ser apócrifo. Se trata de una peligrosa combinación entre necesidad, escasez e ingenuidad, que está siendo aprovechada por gente inescrupulosa para fraguar estafas.
El modo en el que operan se repite. A través de anuncios publicitados en diarios o en redes sociales, ofrecen en anticrético un inmueble a un precio que suele estar por debajo del estándar. Ello con el propósito de engañar, en poco tiempo, al mayor número de clientes posible. Una vez que la víctima desembolsa un anticipo, por lo general el 50% del total, los estafadores inventan excusas para postergar la entrega del inmueble. Lapso que es aprovechado para engañar a más personas. Cuando la situación se vuelve insostenible, huyen con el dinero de las víctimas.
Sólo en 2012, la Policía registró 63 estafas de esta naturaleza en la ciudad de La Paz, y se estima que muchas otras no fueron denunciadas. Uno de estos casos ocurrió en marzo de 2012, cuando una supuesta pareja de esposos engañó a 20 personas, ofreciéndoles el mismo departamento, en el barrio Los Pinos. En total, el monto sustraído fue de $us 200 mil. Quienes fueron estafados ahora no sólo carecen de una vivienda, sino que además han perdido sus ahorros. Incluso algunos contrajeron deudas para pagar el anticrético. Y si bien la Policía logró aprehender a los responsables, los afectados temen que éstos salgan de la cárcel en pocos meses, sin antes haber honrado sus deudas.
Por éstos y otros motivos, la Justicia no se puede mostrar indolente con este tipo de delincuentes, que muchas veces truncan proyectos de vida. Urge en este sentido establecer sanciones más duras (la ley contempla tan sólo entre uno y cinco años de cárcel, se haya estafado a una o a más de cien personas), pero también medidas que garanticen la recuperación del capital de las víctimas.