La oposición política ha recibido con satisfacción el más reciente fallo del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Marco de Autonomías, los que viabilizaban la polémica destitución de autoridades electas a sola imputación fiscal. Pero esa decisión —dicen— no es suficiente “prueba de independencia” del Tribunal. Quieren todo.
Tal posicionamiento se remonta a la elección de autoridades jurisdiccionales realizada en el país en octubre de 2011. Desde el inicio, los opositores rechazaron y descalificaron ese inédito proceso de elección popular. Lo hicieron con la declarada convicción de que los magistrados electos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) serían incondicionales del Gobierno. En su razonamiento no cabía ninguna otra posibilidad. Con esa bandera hicieron campaña por el voto nulo.
Luego de los comicios, y cuando las nuevas autoridades tomaron posesión de sus cargos, la oposición declaró sin matices que el MAS había consumado su plan de “tomar la Justicia” y ponerla a su servicio. Se anunciaba entonces que todas las decisiones de dichos magistrados, en especial provenientes del estratégico Tribunal Constitucional, serían favorables y funcionales al proyecto de poder del oficialismo. Nada bueno, nada contrario al interés del Gobierno, cabría esperar de ese Tribunal.
Así, los opositores reaccionaron con desconfianza cuando el TCP emitió un fallo que obligaba al Ejecutivo a consensuar la consulta con los indígenas del TIPNIS. Interesante pero ambiguo, dijeron entonces. Y les provocó asombro que el Tribunal, de manera indiscutible, declarase la inconstitucionalidad de la figura del desacato. O la irretroactividad de la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz. Está bien, el Tribunal hizo lo correcto, aseguraron sin mucha convicción.
Ahora, ante el mencionado fallo que pone freno a la destitución de gobernadores y alcaldes, el desconcierto de la oposición política parece evidente. ¿Pero acaso esos magistrados electos por voto popular, luego de su preselección por la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa, no debían ser “serviles al oficialismo”? ¿Cómo es eso de que decidan contra el Gobierno? Puede ser que estén “construyendo su autonomía”, dicen, pero el fallo fue tardío.
Queda clara entonces la estrategia opositora de presión política contra los magistrados. Nada de lo que haga el TCP será suficiente para “demostrar su independencia” si es que no supera “la prueba de fuego”: inviabilizar la candidatura de Morales para las elecciones de 2014. Su razonamiento es maniqueo: sólo si inhabilita a Evo, el Tribunal es independiente. O en otras palabras: si su fallo en este caso no coincide con lo que quiere la oposición, entonces ese Tribunal es masista, no sirve. Y luego demandan instituciones sin injerencia política.