El reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que deja sin valor legal algunos artículos de la Ley Marco de Autonomías, ha generado una situación jurídica y política delicada en varios municipios del país, cuyos alcaldes y concejales fueron suspendidos, en virtud de una acusación dentro de un proceso penal.
El fallo, polémico por cierto, deja sin efecto la disposición que establece la suspensión de una autoridad electa ante una acusación formal en materia penal. El argumento es garantizar derechos constitucionales, y tiene sustento principista. Debe reconocerse que la suspensión temporal no es una medida nueva. En el antiguo procedimiento penal, las autoridades eran suspendidas con el auto de procesamiento penal dictado por el juez de instrucción. Sea como fuera, el fallo del Tribunal Constitucional en casos de acciones de inconstitucionalidad tiene fuerza vinculante, como lo establece el artículo 133º de la Constitución y hace inaplicable el artículo declarado inconstitucional.
El Código Procesal Constitucional indica en su artículo 14º que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma no dará lugar a la revisión de las sentencias ni de los actos realizados cuando la norma se presumía de inconstitucional. Existe una aparente contradicción entre lo que dice la Constitución y el Código de Procedimiento Constitucional. A nuestro criterio, mantener la suspensión, cuando la base de la misma era una norma que a la fecha ha perdido vigencia, no tiene asidero jurídico. La suspensión no causa estado, y al ser ésta temporal, no puede tener carácter indefinido. En consecuencia, las autoridades que fueron suspendidas, y sobre las que no recayere una sentencia penal ejecutoriada, deben retornar a la función de la que fueron suspendidas. Posiblemente una “acción de cumplimiento” por los impetrantes que no sean reincorporados a sus cargos zanje el problema jurídico definitivamente.
Lo que no se va a resolver tan fácilmente es la situación resultante de la restitución de las autoridades suspendidas. Durante el tiempo transcurrido entre la suspensión y la emisión del fallo, se han montado esquemas administrativos y políticos que van a ser amenazados o desbaratados, lo que, como es de esperarse, generará confrontación política. El caso más delicado se presentará en el Concejo Municipal de Santa Cruz, en el que siete de sus 11 concejales titulares fueron suspendidos por una acusación penal el año pasado. El retorno a sus curules significará un duro golpe a la estabilidad del Alcalde, cuya bancada de siete concejales quedó reducida a uno. Situaciones parecidas se producirán en los municipios de La Guardia y San Ignacio de Velasco, escenarios de probables turbulencias políticas poscarnavaleras.