El Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH) encargó en marzo de 2012 la elaboración de un informe a tres mujeres de reconocida trayectoria en el campo del Derecho Internacional. El objeto de ese informe era el determinar si el Estado de Israel cometió crímenes de guerra al soliviantar la ocupación de territorios en Cisjordania por parte de sus colonos.
Como se conoce, Israel ha hecho caso omiso a varias resoluciones del Consejo de la ONU que le han instado a retirarse de territorios que se consideran parte de Palestina. El Consejo exigió ya en 1967 “la retirada del Ejército israelí de territorios ocupados durante la Guerra de los Seis Días”; y en 1979 declaró que la creación de asentamientos israelís en los territorios árabes ocupados desde 1967 “no tiene validez legal y constituye un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio”. El Consejo exhortó a Israel que cumpla, como potencia ocupante, el Convenio de Ginebra sobre protección de personas civiles en tiempo de guerra. Por su parte, la Asamblea General, en su resolución 3236 de 1974, reafirma el derecho inalienable de los palestinos a regresar a sus hogares y recuperar sus bienes desde donde quiera que se encuentren desplazados.
El Estado israelí no cumplió ninguna de las resoluciones y por el contrario ha seguido instando a sus colonos a instalarse en Cisjordania. Incluso EEUU ha pedido a Israel dejar de alentar dichos asentamientos y retirar a los colonos, pero el gobierno de Benjamin Netanyahu ha decidido ampliar la ocupación del territorio palestino al oeste de Jerusalén, en represalia al reconocimiento de Palestina como Estado Observador de la ONU, decisión que constituye una victoria de la causa palestina y un claro aislamiento de la posición israelí (138 votos a favor y sólo 9 en contra).
El dictamen jurídico elaborado por las juristas Christine Chante, de nacionalidad francesa; Asma Jahangir, paquistaní; y Unity Dow, de Botswana, establece que “Los actos de ocupación israelí constituyen crímenes de guerra e Israel debe ser considerada responsable”; y recomienda que se establezcan sanciones económicas y políticas contra Israel por la permanente violación al Derecho Internacional. Las juristas indican también que las autoridades del Gobierno hebreo se negaron a colaborar con la misión e impidieron su acceso a los territorios palestinos ocupados.
La negociación entre los Estados en conflicto se hace esperar. Suman ya decenas los fracasos en el proceso (de por sí lento y parsimonioso) de intentar que Israel y Palestina lleguen a un acuerdo. Hoy, la paz parece estar muy lejos en Medio Oriente, pero la acción de la justicia podría ser un elemento nuevo con consecuencias que, a la postre, afectarían a Israel. En efecto, el informe de las tres juristas podría generar que el CDH recomiende presentar una acusación contra el Estado israelí ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya. Resulta difícil creer que Israel cese la construcción de las colonias, pero si la CPI atiende el caso, pondría en claro la gravedad de la violación de los derechos humanos y establecería responsabilidades y sanciones. Y de recibir una condena en La Haya, Israel quedaría contra la pared.
La pregunta que resulta inevitable es cuál ha de ser el rol del gobierno de Barack Obama, y si adoptará un rol más activo como mediador en el conflicto para lograr un acuerdo de paz palestino-israelí; algo que sus antecesores en la Casa Blanca intentaron mas no lograron. La posibilidad de que la ONU aliente la presentación del caso contra Israel ante la Corte Penal, sobre la base del dictamen jurídico de las tres mujeres, podría alentar un proceso de negociación que la comunidad internacional exige y la causa palestina merece.