La problemática de los bosques en nuestro país es un problema de tierras. En Bolivia todavía prevalece una visión agrarista, donde los bosques son vistos con un bajo potencial productivo o, peor aún, con ningún potencial. La tan anunciada ampliación de la frontera agrícola parece tener una agenda contraria a la política de bosques, en tanto no se una al debate la necesidad de identificar claramente dónde se puede realizar qué tipo de actividad productiva.

Tenemos varios plus, pero, por su escala y el tiempo cuando fueron realizados, no permitirá una adecuada planificación. Sobre esto además está el tema del rendimiento de los cultivos, que están entre los más bajos de la región, y una extensa superficie de áreas degradadas o subutilizadas. Lo anterior tiene que ver con el dónde, y ese dónde en los últimos tres años se ha transformando en cerca de 607.000 hectáreas de bosque perdidas en el departamento de Santa Cruz, parte de esa pérdida en áreas cuya vocación productiva no es la producción agropecuaria.

Además del dónde está el cómo. Cada zona tiene un potencial de producción, y una área con vocación forestal tendrá una limitada capacidad de producción agropecuaria, si no se invierte en tecnología y prácticas de manejo de suelo apropiadas. Todo esto se refleja en el rendimiento. Lamentablemente, el rendimiento de los cultivos en nuestro país, aunque varía de zona en zona, en promedio es uno de los más bajos de la región. ¿Es la aplicación de paquetes tecnológicos la solución? Estos paquetes incluyen una serie de prácticas y variedades que no todos los productores, ni todos los consumidores, están dispuestos a usar.

Finalmente está el quiénes, los usuarios de la tierra, sea ésta con cobertura forestal o agropecuaria. La relación entre el dónde y el cómo está íntimamente ligada a quiénes hacen uso de la tierra y los fines para lo cual la destinan. En este sentido, la ampliación de la frontera agropecuaria más allá de favorecer a unos cuantos será un asunto de inclusión social productiva, por tanto debería contar con mecanismos que permitan el acceso al ciclo productivo de todos los interesados en condiciones diferenciadas, incluyendo a aquellos que decidan mantener el potencial forestal de sus áreas, evitando en este sentido su deforestación.

La cuestión “agraria”, con todas sus aristas, que además de la tenencia —tema central— tiene que ver con el mantenimiento de potencial productivo de la tierra, la producción de alimentos, agua y otros, seguirá chocando con la cuestión forestal en tanto no veamos a esos paisajes como un todo.

Últimamente oímos con mucha frecuencia la necesidad que tenemos como país de garantizar la seguridad alimentaria, y conocemos una serie de políticas públicas que promoverían la ampliación de la frontera agropecuaria hasta 10 millones de hectáreas a fin de asegurarla. Grupos que representan a los agronegocios se muestran entusiastas de lograr estas metas sin pensar en las consecuencias ambientales que significará concretar tal negocio.

La seguridad alimentaria es la existencia de condiciones que posibilitan a las personas tener acceso físico, económico y de manera socialmente aceptable a una dieta segura, nutritiva y acorde con sus preferencias culturales, que les permita satisfacer sus necesidades alimentarias y vivir de una manera productiva y saludable. En este contexto, cabe preguntarnos si la ampliación de la frontera agrícola garantizará que alimentos de calidad y nutritivos estén disponibles, o si por el contrario continuaremos sembrando industrialmente cientos de miles de hectáreas de productos que forman parte de nuestra dieta pero no son lo central. Cabe preguntarnos si las 10 millones de hectáreas garantizarán que los hogares de los bolivianos tengan capacidad de adquirir alimentos suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales, o si garantizarán que lo que se produzca se consuma en nuestros hogares y no termine siendo parte de la alimentación de otras personas en otros países.

No hemos dejado atrás nuestra mentalidad agrarista, y ahora buscamos cómo pintar de verde la producción agropecuaria para justificar la expansión de la frontera, pero poco hablamos del valor de los bosques y los servicios ambientales que proveen, de la recuperación de miles de hectáreas degradadas y desertificadas, de la diversificación de la producción, del rol fundamental que la producción campesina familiar tiene en garantizar nuestra seguridad alimentaria y cómo todo el sector campesino no tiene mayor chance, ante una serie de requisitos del mercado que exigen determinados productos, una mayor productividad y competitividad para posicionar los productos agrícolas incluso en el mercado local.

El debate de la seguridad alimentaria no debe basarse solo en la posibilidad de producir un grupo reducido de productos por un grupo privilegiado de sectores, debería tener  un sentido más amplio que incluya los productos fundamentales para una dieta alimentaria adecuada y de calidad, el uso y acceso sostenible al recurso tierra, el uso y acceso a las biotecnologías desarrolladas en el país y, sobre todo, la producción agrícola responsable, sin químicos, respetando los territorios indígenas, áreas protegidas y bajo una producción colectiva respetando a los planes de uso de suelos que garantice una producción sostenible.

El rebalse del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol, ubicada en la comunidad de Tacopampa en Potosí, que ha provocado la contaminación de las aguas del río Pilcomayo, ha llamado nuestra atención sobre la seriedad de este tipo de desastres y escaso o nulo control sobre las operaciones mineras en el país, pues este no es un hecho aislado y estos eventos tampoco son desconocidos para quienes viven en la cuenca del Pilcomayo.

En 1996 el dique de colas de la mina Porco también rebalsó, la empresa minera Comsur fue la responsable, el juicio nunca llegó a terminar pues el principal accionista de la empresa, Gonzalo Sánchez de Lozada, asumió como presidente de la República, y a cambio se entregaron herramientas, medicinas y otros a las comunidades afectadas. En 2003, la mina Abaroa también sufrió una ruptura de su dique de colas; y como éstos, hay varios otros ejemplos sobre esta problemática en la cuenca.

El gobernador de Potosí, Félix Gonzales, aseveró que el derrame de residuos mineros de la empresa Apóstol Santiago avanzó solo cinco kilómetros y no más de 20 km, como había asegurado previamente, lo que significa que no habría llegado al Pilcomayo, según la autoridad departamental. Más allá del lugar o la magnitud que este tipo de eventos provocan, este nuevo rebalse desnuda la clara falencia que tenemos como país en cuanto a legislación para el control de los pasivos ambientales, más aún cuando la Ley de Minería permite el cierre de operaciones cuando se ha emitido una  sentencia judicial, que en nuestro sistema de justicia significan años, si es que se llega al fallo. La vía del control de las actividades mineras y de sus posibles impactos no debería ocurrir cuando eventos de esta naturaleza suceden.

La legislación ambiental en esta materia no tiene un carácter preventivo y, considerando que la minería, y por supuesto la actividad hidrocarburífera, son la parte principal de nuestra economía, ¿no deberíamos tener una legislación y una institucionalidad fuerte para promover la prevención de estos desastres? La Ley 71 creó la Defensoría de los Derechos de la Madre Tierra, pero más allá de la promulgación poco o nada hemos hecho para que conforme a lo dispuesto en esa ley y otras normas busquemos un equilibrio entre esas actividades, minería e hidrocarburos, y los pasivos que pueden provocar acorde a la magnitud de su aporte a la economía. ¿No sería más lógico que en función de su magnitud económica ambas actividades proporcionaran recursos para desarrollar actividades preventivas que nos permitan vivir bien y en armonía con la Madre Tierra?

Los resultados del monitoreo sobre las quemas e incendios forestales ocurridos en Bolivia en los últimos 13 años, efectuado por la Fundación Amigos de la Naturaleza, han evidenciado un total de 24,5 millones de hectáreas sujetas a quemas e incendios, de las cuales el 19% (4,6 millones de hectáreas) corresponde a incendios forestales y el restante 81% corresponde a áreas no forestales con 19,8 millones de hectáreas.

El patrón espacial de las áreas quemadas es diferente cada año. En 2011 la mayor cantidad de áreas quemadas se concentró en el norte del departamento de Santa Cruz y gran parte del Beni. En 2012, las áreas quemadas se concentraron en el sureste de Santa Cruz, el municipio de Ixiamas en el departamento de La Paz y el de Exaltación en el Beni.

En 2012, 217.000 hectáreas de bosque y cerca de 1,2 millones de hectáreas de áreas previamente afectadas fueron quemadas. A lo largo de los últimos 12 años, 5,5 millones de hectáreas, equivalentes al 43% del total de áreas quemadas, se quemaron una sola vez, lo que nos muestra la creciente demanda de conversión de bosques a otros usos agropecuarios.

Estamos en las puertas de una nueva época de chaqueo y quemas, con el ingrediente adicional de que ahora, con el pretexto de la seguridad alimentaria y la revolución productiva, pretendemos ampliar la frontera agrícola hasta 14 millones de hectáreas. Esta habilitación usará seguramente el fuego en muchos casos, lo que además de provocar la pérdida de bosque por la deforestación, incrementará significativamente el riesgo de incendios forestales, degradando los bosques. Estudios realizados en Brasil sugieren que bosques sometidos a quemas repetidas por cinco a seis años consecutivos pierden significativamente su funcionalidad, reduciendo su posibilidad de brindar bienes y servicios ambientales a quienes viven en su cercanía, por lo que el daño colateral provocado por la habilitación de tierras podría ser mucho más dañino aun que la misma deforestación, cuando conocemos las cifras de bosques que cada año se incendian.

Una nueva época de incendios comienza, nuestra responsabilidad ambiental una vez más está en juego, lamentablemente con discursos contradictorios, con actores pensando distinto, sin una política ambiental y productiva clara, nuestros bosques están en riesgo, una vez más, literalmente se harán humo.  Preparémonos, una vez más estará en nuestra puerta.

La carrera electoral comienza en breve y nuevamente escucharemos de parte de los candidatos las ofertas de programas de gobierno. No es de esperar muchas sorpresas, la mayor parte de las propuestas nos ofrecerán crecimiento económico, bajo uno u otro modelo; y la temática ambiental será incluida de forma tangencial, pese a los discursos y pese a las leyes vigentes.

Parecen lejanos ya aquellos días en que, de manera inédita en el mundo, el Estado Plurinacional de Bolivia promulgaba una ley para reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes de ese mismo Estado y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos. Ahora todo se trata de caminos, aprovechamiento forestal, explotación de recursos hidrocarburíferos y minerales, bajo una perspectiva de “ser cautelosos” con los posibles daños que éstos provocarán sobre la Madre Tierra, y de no renunciar al derecho al desarrollo que tenemos como seres humanos.

Lejos parecen los días en que la aplicación de los artículos 8 y 9 de la Ley 71 nos proponían un nuevo horizonte de relación con quien reconocíamos como ser vivo y como nuestra Madre, y si no los detallo aquí es para que usted se dé la molestia de buscarlos si tiene curiosidad.  Pero no se trata solo de que el Estado  siga lo promovido por esa ley y las posteriores de manera consistente. Ni siquiera los políticos opositores que más hablaron sobre temas ambientales cuando estuvo de moda, con la carretera por el TIPNIS por ejemplo, han incluido en sus ofertas electorales el tema ambiental. Una vez más todo se trata de matriz productiva y de desarrollo económico. Así que la exclusión del medio ambiente no solo es cuestión de unos, sino es cuestión de todos.

“La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común”, esta es la definición en la Ley 71, “que comparten un destino común”, que final tan poderoso; y que complicado para nosotros, como seres humanos, como sociedad mundial y boliviana, comprender que para vivir de manera armónica entre nosotros (y ese nosotros no incluye solo a los seres humanos), debemos cambiar nuestra forma de ver nuestro futuro, nuestro destino. Y créanlo o no, está ahí, lo tenemos descrito en el artículo 12 de la Ley 300 (otra vez sea curioso y búsquelo). Es claro que la búsqueda de esa forma de vida más armónica entre nosotros no depende solo de los que nos gobiernan, depende de nosotros preguntarles a ellos: ¿dónde están esas propuestas en sus ofertas electorales?