La preocupación por la seguridad social comienza en el siglo XX. En el caso boliviano, el hito más relevante en este proceso es la promulgación del Código de Seguridad Social de 1956, como una de las consecuencias más favorables de la revolución de 1952 para la población trabajadora. Bajo su amparo se crearon diversas instituciones, y el punto culminante fue el Fondo de Pensiones Básicas y 32 fondos complementarios.

A principios de los 90, se cuestionó la viabilidad de estos fondos, pues la relación entre aportantes y jubilados era decreciente. En 1996, se promulgó la Ley 1732 que reformaba el Sistema de Reparto de Beneficio Definido (SRBD) y lo convertía en el Sistema de Capitalización Individual de Contribución Definida. La diferencia no es poca, ya que mientras en el anterior sistema no había una relación estrecha entre las contribuciones realizadas por el individuo durante su vida activa y su pensión, en el nuevo, la gente accedía a una pensión en función a lo que había ahorrado mientras trabajaba.

Pronto se vio que el remedio era peor que la enfermedad. Cuando se hizo la reforma se estimaba que la cantidad de gente que buscaría quedarse en el SRBD no sobrepasaría las 10.000 personas. Empero, éstas llegaron a 50.000, lo que ocasionó profundos desequilibrios en el déficit fiscal asociado a pensiones. Asimismo, no se tomaron los recaudos necesarios en el periodo de transición, puesto que se generó un grupo (la generación sándwich) que era demasiado anciano para acceder a una prestación en el nuevo sistema, pero demasiado joven para el anterior.

La reforma de pensiones de 1996 perseguía dos objetivos: brindar ingresos a los trabajadores para cuando ya no estén en condiciones de desempeñar sus labores, y brindar sostenibilidad al sistema mediante inversiones en mercados de valores. El primer objetivo no se alcanzó, porque se generaron grandes grupos excluidos del sistema. La situación llegó a extremos de desesperación tan grandes que uno de los hitos que marcó las fallas del sistema fue la muerte del minero Eustaquio Picachuri en abril de 2004. Desde el punto de vista financiero el asunto no fue mejor. Gran parte del costo de la reforma lo sostuvo el Estado, que debía cubrir no sólo el gasto del sistema de reparto sino la compensación de cotizaciones.

Con la Ley 065 (10/12/2013) se soluciona el problema de los que ganan menos sin quitarle sostenibilidad al sistema. La norma establece que cuando una pensión es muy baja el “fondo solidario” hace que la misma se incremente. El financiamiento de ese fondo se basa en el “aporte patronal” (3%) ya sea público o privado. Ingenioso mecanismo que debe cuidarse, por lo que es aconsejable que los trabajadores reflexionen sobre sus pretensiones, pues la caída del sistema de reparto comenzó, precisamente, por la imposición de exigencias insostenibles.

Se ha tornado común considerar la existencia de la “maldición de los recursos naturales”, forma trivial de una teoría que plantea que los países que cuentan con recursos naturales están condenados a padecer bajos ritmos de crecimiento, pobreza extendida y serias inequidades en la distribución del ingreso. Es algo así como creer que un individuo que posee una mansión, sólo por el hecho de tenerla está condenado a ser pobre. ¿Será esto cierto? ¿Puede alguien ser tan irracional para quemar la mansión y pasar el invierno?

Teorías así no son nuevas, de hecho, rinden tributo a Thomas Robert Malthus (1766-1834) quien en su época planteó que la humanidad estaba condenada a padecer hambrunas porque crecía a un ritmo desenfrenado. Quien haya leído Los Miserables de Víctor Hugo (1862) puede observar que en aquellas épocas el hambre era cosa de todos los días. Muchas bocas para poco pan, decía el clérigo, y la realidad parecía darle la razón.

Fue Karl Heinrich Marx (1818-1883) quien derrotó la teoría malthusiana realizando una proposición atrevida para su época: “Los alimentos que producía el mundo eran suficientes no sólo para alimentar a la población existente, sino a tres veces ella”. Su razonamiento era sencillo, dado el avance tecnológico la producción crecía a pasos gigantescos (lo que él llamaba las fuerzas productivas).

La existencia de hambrunas no se explicaba por el rápido crecimiento de la población, sino por la forma en la que se distribuía el producto; en tal sentido, Marx cuestionaba la apropiación privada del mismo que dejaba a millones de hambrientos; por tanto, era el tipo de organización económica la que producía el hambre y no las personas. Pero además, Marx llamaba la atención sobre el contenido político de la teoría malthusiana, si se convencía a las masas de que el problema eran ellas entonces no criticarían el orden social.

La “maldición de los recursos naturales” tiene una lógica similar. El problema no está en los recursos en sí mismos, sino en la forma cómo se los usa y se los distribuye. En Bolivia, en los 90’, el gas se encontraba en manos de las transnacionales. Curiosamente en esa época la pobreza aumentó, el desempleo cundió y la desazón social era total. Tras la nacionalización, las cosas cambiaron, el dinero que antes se iba para fuera ahora se queda dentro del país. Ello ha permitido que la inversión pública crezca (ya triplicó a los mejores años de la capitalización), que la pobreza se reduzca y el empleo se incremente.

Los teóricos de la “maldición” no sólo rinden tributo a la economía de Malthus, lo hacen también a su vocación religiosa. Expresan que Bolivia creció en los últimos años merced a precios altos de las materias primas, pero olvidan decir que sin la recuperación de los recursos naturales todo ese dinero se iría para las transnacionales; seleccionan aquellas pruebas que confirman el dogma, el resto sencillamente no existe. Ahora esperan que Bolivia se derrumbe tras la caída de los precios de materias primas, algo que no ocurrirá pues el nivel de ahorro del país supera el 30% del producto. En este contexto, ¿los recursos naturales son una “maldición”?

Ha sido una buena noticia que el 8 de junio de 2012 la agencia Moody´s Investors Service haya subido la calificación de riesgo de Bolivia de B1 a Ba3, con perspectiva estable. Frente a esta situación el editorial del prestigioso periódico La Razón (18/06/2012) advierte que el país no debe entusiasmarse demasiado con la nota obtenida, porque esto puede llevar a un excesivo endeudamiento y a “la tentación de desregular el sistema financiero y dejar que las fuerzas del mercado hagan estragos, incentivando a la otorgación de crédito ‘barato’ en condiciones muy flexibles”. Advierte, además, que esto puede llevar a una “tragedia griega” cuya experiencia no es tan lejana para los bolivianos tomando en cuenta que algo similar se vivió en la década de los 80’.

Más allá de la comparación de cifras (la deuda griega llega a 141% del producto mientras la de Bolivia no pasa del 35%) existe una cuestión fundamental que separa a ambas economías: la dolarización. Por ella entiendo el proceso de sustitución de monedas, la renuncia a la moneda nacional por una extranjera.

Grecia se unió al esquema del euro y con ello selló su futuro económico. La razón radica en que al renunciar al monopolio de la emisión de dinero inmediatamente el dinero se torna “caro”. En efecto, en un país con soberanía monetaria el dinero sólo cuesta el papel en el que está impreso. Al renunciar a esta potestad (en el caso griego al aceptar el euro) para obtener los billetes extranjeros se debe entregar productos. Por eso se dice que la fuente de divisas son las exportaciones.

Empero en un esquema de dolarización completa se presenta el retraso cambiario, que hace que las exportaciones se encarezcan, por tanto, es imposible vender en los mercados externos, ello lleva a que la moneda extranjera sea escasa y por ende se detenga el flujo económico y se presente la recesión. Que precisamente es lo que está ocurriendo en Grecia y en varios países de Europa.

Muy diferente es la situación boliviana. Actualmente contamos con soberanía monetaria y la gente prefiere operar con los multicolores billetes en lugar del lúgubre dólar. Esto permite que la cantidad de dinero en circulación acompañe al crecimiento del producto y no se convierta en freno. Por dicha razón, pese a que la deuda crece en términos absolutos, su peso relativo ha disminuido en el tiempo (en 2003 la deuda externa representaba el 63% del PIB y en 2012 equivale al 14%).

Endeudarse no es malo en sí mismo. Hasta ahora el ritmo de endeudamiento ha sido razonable y el bono “tesoro directo” no tendrá un alto impacto en el monto de la deuda ya que en el mejor de los casos se llegará a recaudar Bs 150 MM, que es menos del 1% del total de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN). De ahí que es poco probable que el asunto termine en una “tragedia griega”.

Adicionalmente, debe indicarse que Bolivia cuenta con un sólido sistema financiero que prohíbe tácitamente los créditos vinculados (ya sea a privados o al Estado), por lo que tampoco es probable que se “flexibilice” el mecanismo de trabajo. Entre 2010 y 2011 los créditos crecieron en 26%, pese a contar con un sistema bastante rígido la dinámica de la inversión muestra resultados positivos. Dudo que las autoridades bolivianas cambien las reglas ante estos resultados. Hay una gran distancia entre Grecia y Bolivia y eso permite mirar el futuro con optimismo.