El 10 y 11 de marzo, los ciudadanos británicos que usurpan las islas Malvinas votaron en un ilegítimo referéndum, con el fin de decidir continuar siendo un “territorio de ultramar británico”, un eufemismo colonial. La señal enviada por el Reino Unido al mundo es que están dispuestos a seguir ocupando parte del territorio nacional argentino, perteneciente a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, apoyados en la amenaza directa del uso de la fuerza militar contra la Argentina, si lo creyesen necesario para su “defensa”, de acuerdo con declaraciones de sus altas autoridades. Es falso el argumento británico que imputa a las autoridades argentinas el deseo de privar a los habitantes de Malvinas de sus derechos más fundamentales. La Constitución argentina tutela específicamente el modo de vida de la población de las Malvinas. Por su parte, la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General le indica a las dos partes en la controversia, la Argentina y el Reino Unido, que al resolver la controversia de soberanía tengan en cuenta los intereses de esa población.
Consciente de su aislamiento internacional, con la realización de un referéndum ilegítimo en las Malvinas, el Reino Unido intenta —de mala fe y en forma irresponsable— tergiversar la controversia que mantiene con la Argentina antes que resorverla. Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son objeto de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido reconocida por los dos países y por la comunidad internacional en su conjunto. Por consiguiente, el Reino Unido carece del derecho de alterar el estatuto jurídico de esos territorios, aún con el disfraz de un referéndum, consulta o votación. Los resultados del referéndum en las islas Malvinas, o de las consultas que en el futuro pudiera convocar el Reino Unido, no relevan a ese país de cumplir con la obligación que el derecho internacional le impone de resolver pacíficamente la disputa de soberanía que mantiene con la Argentina, mediante la reanudación de negociaciones bilaterales.
El derecho a la libre determinación de los pueblos no es un derecho reconocido a cualquier comunidad humana establecida sobre un territorio, sino únicamente a los pueblos, y no se aplica cuando se trata de la integridad territorial de un Estado. Los actuales habitantes de las Malvinas no son reconocidos como un pueblo por las resoluciones de las Naciones Unidas. Es población británica trasplantada. La Asamblea General expresamente rechazó, en dos oportunidades en 1985, propuestas británicas para incorporar el principio de libre determinación en el proyecto de resolución sobre las islas Malvinas. Tampoco el Reino Unido ha tenido un comportamiento consistente en relación con el principio de libre determinación de los pueblos. Su falaz invocación de este principio en las Malvinas contrasta con su posición en otros casos de descolonización, tal como el de Chagos, en el cual expulsó a sus habitantes nativos, privándolos, hasta el día de hoy, de su derecho a retornar a sus tierras. Tampoco recabó el Gobierno británico la opinión de los habitantes de Hong Kong cuando restituyó dicho territorio a su legítimo titular, la República Popular China. En el caso de Gibraltar, el Reino Unido también impulsó un referéndum en 1967, que la Asamblea General rechazó en la Resolución 2353 (XXII) e instó a la continuación de las negociaciones relativas a la descolonización del territorio, teniendo en cuenta los intereses de la población.
Son también falsos los argumentos británicos que afirman que las Malvinas nunca tuvieron una población “original” y que ninguna población civil fue expulsada en 1833. El Reino Unido ocupó las islas Malvinas en 1833 y expulsó de ellas a la población y autoridades argentinas que se encontraban ejerciendo soberanía. Procedió luego a llevar a sus propios colonos y a controlar férreamente la política migratoria de un territorio aislado, al mismo tiempo que se negaba a resolver la disputa. Es el gobierno colonial británico quien decide hasta el día de hoy la composición poblacional del territorio, cuya demografía no crece naturalmente. Según los censos realizados en la región, los nacidos en las islas (44,7%) no constituyen la mayoría de la población, y alrededor del 40% de los habitantes residen en las islas desde hace menos de diez años. Sugestivamente, por primera vez en la historia, el censo del año pasado no menciona cuántos son los habitantes nacidos en las islas, ni la nacionalidad de sus habitantes.
El tema de la Cuestión Malvinas se encuentra inscripto de manera permanente en la agenda de la Asamblea General y su examen anual está radicado en el Comité Especial de Descolonización. Este organismo examina, entre otros casos, los territorios de Anguila, Bermuda, Islas Caimán, Turcas y Caicos, Vírgenes Británicas, Monserrat, Santa Elena, Gibraltar y Pitcairn, todos bajo control del Reino Unido. La propaganda británica omite que las Naciones Unidas adoptaron en 1960 la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales —Resolución 1514 (XV)— que rige los procesos de descolonización y advierte que todo intento encaminado a quebrar la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta. Ni la Resolución 2065 (XX), que define la Cuestión Malvinas en el marco de las Naciones Unidas, ni ninguna de las 39 resoluciones siguientes se han referido al principio de libre determinación. Al contrario, la Cuestión Malvinas es considerada como un caso especial y particular de descolonización, en el que se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, que debe ser resuelta por negociaciones bilaterales, teniendo en cuenta los intereses (no los deseos) de los habitantes de las Islas.
También es falso el argumento británico que sostiene que el apoyo a la posición argentina no es de carácter global. Las Naciones Unidas y organizaciones regionales como la OEA, la Celac, Unasur, Mercosur y múltiples foros internacionales y birregionales, tales como el Grupo de los 77 más China, las cumbres iberoamericanas, de América del Sur-Africa (ASA), de América del Sur-Países Árabes (ASPA) y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) han exhortado al Reino Unido y a la Argentina a reanudar esas negociaciones para resolver la controversia. El ilegítimo referéndum en las islas Malvinas fue rechazado y condenado, antes y después de su celebración, no sólo por la República de Argentina, sino también por los países de la región a través de declaraciones del Mercosur, Unasur y el Alba, afirmando que el mismo no altera la esencia de la controversia y no pone fin a la disputa de soberanía.
La política democrática de la Argentina a favor del diálogo, la libertad y la paz en el Atlántico Sur tendrá mucho que decir sobre el futuro de las Malvinas. Ese es el sentir histórico del pueblo argentino. El resultado de la votación en las Malvinas no pone fin a la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, cuya solución, a través de negociaciones bilaterales, es exigida por las Naciones Unidas, ni afecta a los incuestionables derechos argentinos. Un comportamiento responsable del Reino Unido debería llevarlo a aceptar la misión de buenos oficios que Naciones Unidas le encomendó al secretario Ban Ki-moon. ¿Acaso no se atribuye a Sir Wiston Churchill las frases: “No dejéis el pasado como pasado, porque pondréis en riesgo vuestro futuro?”… ¿Por qué no darle “una oportunidad a la paz”?