Si algo lo identificó al Padre Eduardo Pérez Iribarne fue siempre su amor por las ciudades de La Paz y El Alto, como él siempre decía, “Yo soy como el Illimani, jamás me muevo de este lugar” y con esa devoción siempre decía que lo más lejos que llegaba era a El Alto. Pero no es solamente por su amor a nuestras ciudades que debemos recordarlo, sino por ser una persona profundamente comprometida con la búsqueda de la paz en nuestra sociedad, una sociedad profundamente enfrentada que necesita a gritos mayor cohesión y armonía social interna como lo ha observado recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde las luchas por la recuperación de la Democracia en Bolivia, cuando Radio Fides fue tomada y destruida por paramilitares, Eduardo Pérez compartió siempre la visión social de Luis Espinal Camps, otro gran exponente jesuita de la Iglesia Católica en Bolivia, asesinado en los prolegómenos de uno de los golpes de Estado más cruentos y sangrientos que hayamos vivido. Más allá de su profunda vocación de servicio social y su profunda humanidad que lo llevó durante años a organizar exitosamente la campaña “por la sonrisa de un niño”, las iniciativas médicas extraordinarias  en La Paz y El Alto, las carreras de ciclismo a Copacabana y las grandes campañas de apoyo social llevadas adelante desde Radio Fides primero y Fides Televisión después, él tenía un rol político importante ya que como destacado comunicador con una lucidez pocas veces vista supo relacionarse a través de sus entrevistas y programas con los políticos más influyentes de varias etapas históricas de nuestra vida nacional reciente.

Con una incesante búsqueda de diálogo y reconciliación entre bolivianos, lo cual lo llevaba a una vehemente franqueza y valiente sinceridad, muchas veces se enfrentó duramente con los políticos, llegando alguno de ellos a negarle incluso su condición de Padre de la Iglesia Católica. En diferentes momentos importantes y de definición política su voz siempre fue escuchada y respetada. Cuánta falta nos hace ahora esa visión y ese poder de convocatoria por el diálogo que Eduardo tenía. Sin duda su visión de nuestra sociedad en sentido de tender siempre a la crisis y al enfrentamiento social que muchas veces nos ha llevado al borde de un abismo de tragedia, sin caer necesariamente en él, pero asumiendo todos sus daños colaterales. Hoy que comprobamos como una triste verdad la belicosidad en nuestro tejido social, que incluso como dijimos ha sido identificado por organismos internacionales que nos están advirtiendo de mayor conflictividad innecesaria en el futuro.

En lo personal, mi amistad con el Padre Pérez Iribarne fue trascendental para entender y ayudar a entender muchas características de la realidad política boliviana, su sinceridad para reconocer lo que estaba bien y apoyarlo y su honestidad para decirme las cosas que estaban mal y señalar las posibles soluciones fueron siempre una guía directa para mí y quien sabe indirecta para muchos de nuestros compañeros con quienes compartíamos el trabajo por la construcción de una Nación mejor para nuestros hijos, todos juntos con compañerismo y amistad sentados alrededor de una sola mesa de trabajo, una realidad muy distinta a la que se vive hoy en la cual nos encontramos enfrentados y desunidos como capaz nunca lo imaginamos podría pasar.

Empero, quizá por haber sido formado en el colegio San Calixto dentro de la Compañía de Jesús, lo que más me identificaba con Eduardo era el compartir nuestra fe católica. Crítico hacia los problemas de la Iglesia, ejercía las sabias enseñanzas ignacianas de honestidad, amor al prójimo y servicio a los demás. Recuerdo que siempre me felicitaba por jurar haciendo la señal de la cruz y nunca olvidaré que muchas entrevistas acabaron con una oración en la que él siempre se refería a nuestro Padre Celestial como “El Señor nuestro Dios”.

Quizá en estos momentos de nuestra vida nacional, la mejor manera de honrar su memoria, de despojarnos de los intereses parciales, mezquinos y sectarios y como bolivianos, más allá de nuestras diferencias, es unirnos todos ante la adversidad.

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Los Estados Americanos se organizaron en 1948, en la IX Conferencia Americana de Bogotá Colombia y desde su creación, pese a los desatinos políticos de la Organización de los Estados Americanos, han adoptado una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base normativa de un sistema regional de promoción y protección de los Derechos Humanos, al reconocer estos derechos, establecer obligaciones tendientes a su promoción y protección, y crear órganos destinados a velar por su observancia. Este sistema se inicióì formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en dicha conferencia que proclama los «derechos fundamentales de la persona humana» como uno de los principios fundamentales de las sociedades americanas.

La Declaración Americana es el primer instrumento internacional de Derechos Humanos de carácter general. Aproximadamente ocho meses después de su adopción, recién la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Americana establece que «los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana», situación recogida por la declaración universal. Por lo tanto, los Estados reconocen que cuando el Estado legisla en esta materia, no crea o concede derechos sino que reconoce derechos que existen independientemente de la formación del Estado.

La Quinta Reunión Americana de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, reunida en 1959 en Santiago de Chile decidió crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se compondría de siete miembros, elegidos a título personal de nóminas presentadas por los gobiernos, encargada de promover el respeto de tales derechos. En 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas a varios países para observar in situ la situación de Derechos Humanos. La comisión había nacido, aun desprovista de instrumentos normativos que le darán en el paso de los años y las décadas siguientes, su destino que ahora celebra 65 años, destino indiscutiblemente marcado por muchos aciertos, lo que la hace quizá la única “Joya de la Corona” del Sistema Interamericano de Integración.

Diez años después en noviembre de 1969, se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que entraría en vigencia otros casi diez años después, en julio de 1978. A ella le seguirían más de una decena de instrumentos internacionales de protección especifica de Derechos Humanos que se convierten en el bloque internacional más importante y completo del mundo en materia de Derechos Humanos.

En su primera parte, la Convención Americana establece los deberes de los Estados y los derechos protegidos por dicho tratado. En su segunda parte, establece los medios de protección: la CIDH y la Corte IDH, a los que declara órganos competentes «para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención».

Bolivia, país fundador de la Organización de los Estados Americanos desde 1948, ratifico la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1993, durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora, pero la presencia boliviana no va tener relevancia durante el periodo neo liberal. Es recién a partir del histórico Proceso de Cambio que vivió Bolivia que nuestro peso y nuestra presencia va ser gravitante. Después de varios acercamientos la CIDH por primera vez va sesionar en Bolivia en febrero de 2019 y cuando se dio el quiebre constitucional en noviembre de ese año, la presencia del Secretario Ejecutivo Paolo Abrao en el país los días posteriores al golpe, fue decisiva para atenuar en algo la ola violaciones a los Derechos Humanos que dicho evento trajo al país.

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El trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI BOLIVIA, llevado adelante ni bien se recuperó la democracia en noviembre de 2020, fue determinante para la busca de la memoria, la verdad y la justicia. La CIDH, realizó su primera visita in situ después de la pandemia justamente a Bolivia en marzo de 2023, fue la única entidad internacional en decidirse a acompañar el accidentado proceso electoral judicial en el país y finalmente por un expreso comunicado de prensa publicado el miércoles 3 de julio, nuevamente se puso a la vanguardia de la democracia en Bolivia al condenar el golpe de estado fallido del 26 de junio.

Quizá sea bueno saludar estos 65 años de vida de la Comisión Interamericana en Bolivia, escuchando el llamado a mayor dialogo y cohesión social en el país que hizo la CIDH en su informe que será presentado oficialmente en agosto próximo. Quizá los bolivianos debamos enfrentarnos menos y entendernos más como hermanos, dentro de una cultura de respeto a los Derechos Humanos.

(*)Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia ante la OEA

En un acto sin precedentes en nuestra historia reciente, fuerzas policiales de la República del Ecuador allanaron violentamente la residencia de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de Quito, policías fuertemente armados y encapuchados sin ninguna orden, ni facultad legal, ni aviso previo, actuando mediante la fuerza, traspasaron bardas, ingresaron al interior de la residencia mexicana y extrajeron por la fuerza y con gran brutalidad al exvicepresidente del Ecuador Jorge Glass Espinel, reduciendo y lastimando violentamente a funcionarios diplomáticos mexicanos.

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Dicho acto no tiene precedentes en el derecho internacional de los Derechos Humanos. Nunca en la historia del derecho internacional se había cometido un atropello de esta magnitud por parte de fuerzas regulares de un gobierno constitucional que reivindicó y justificó públicamente este atropello, reconociendo que la determinación fue una decisión del presidente Daniel Noboa.

Ni bajo los gobiernos dictatoriales muy comunes en América Latina en la década de los años 70 y 80, ni en conflagraciones bélicas internacionales e incluso mundiales se había cometido jamás un atropello de esta magnitud, violentando el derecho de asilo, que es quizá una de las expresiones más importantes del avance que ha tenido el derecho internacional de los Derechos Humanos en el último siglo.

Mas allá de lo que parezca, este tema no estrictamente bilateral entre Ecuador y México, sino un tema de interés de todo el hemisferio, y lo demuestra el simple hecho de que la totalidad de los países del continente se hayan pronunciado a las horas de haber ocurrido los acontecimientos; Lo demuestra el hecho que incluso una institución fuertemente conservadora como la OEA haya aprobado por aplastante mayoría una histórica resolución de condena propuesta por Bolivia y Colombia. Y es que de normalizarse este tipo de hechos, una de las bases inamovibles y sagradas del derecho internacional, cual era la absoluta inviolabilidad de las sedes diplomáticas, simplemente desaparecería generando grave daño a lo avanzado hasta ahora por el derecho internacional. 

Empero, la gravedad del hecho no termina ahí, el atropello se habría cometido como punto final de una larga cadena de acontecimientos dentro de los cuales Ecuador habría actuado en represalia contra México, después de que, molesto por la declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Noboa declaró persona non grata a la Embajadora de México en Ecuador, y ante la concesión de asilo diplomático por parte de México, finalmente el presidente Noboa tomó la determinación de intervenir por la fuerza una embajada. Esta situación amerita una profunda investigación, ya que de ser evidente es aún más grave porque estaríamos ante una situación de revancha anómala que no ocurrió ni en las más grandes tensiones internacionales, incluida la Guerra Fría. 

El caso ha sido presentado con gran solvencia por parte de México ante la Corte Internacional de Justicia, el más grande tribunal que ha creado la humanidad para la solución de controversias por la vía pacífica, que ahora tiene la inmensa responsabilidad de defender nada más y nada menos que el derecho internacional, lo que el autor español Antonio Truyol y Serra describió como: ”Un inmenso edificio construido sobre el respeto mutuo entre naciones soberanas y acuerdos internacionales establecidos a lo largo del tiempo”.

(*) Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia ante la OEA

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado EL Informe País, sobre la visita In Locu, que realizara a Bolivia del 27 al 31 de marzo del año 2023, dicho informe denominado no sin razón “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”. Dicho informe de 224 páginas, hace un amplio reconocimiento a todo lo que Bolivia ha avanzado en materia de Derechos Humanos, desde la última visita de la comisión que fue en el año 2006, pero también hace observaciones que bien entendidas deben marcar una agenda para la consolidación de una cultura de prevalencia de los Derechos Humanos que debe implementarse inequívocamente y prontamente por el Estado y la sociedad en su conjunto.

La CIDH, advierte un clima de extrema polarización política en el país, la cual es evidente porque aún habiendo transcurrido casi veinte años de vigencia del Proceso de Cambio, que trajo la inclusión y la igualdad, como ellos mismos lo dicen, aun los sectores conservadores destilan odio, resentimiento y encondo contra los Pueblos Indígenas y los sectores más humildes de nuestra nacionalidad. Quizá la muestra más evidente del poder destructivo de esta actitud constante, se dio en el quiebre constitucional del 2019, donde 38 personas perdieron la vida y otras tantas quedaron heridas y afectadas de por vida. En esa lógica sería bueno pensar en que de una vez por todas, algunos sectores retrogradas de nuestra sociedad entiendan que la realidad social de nuestro pueblo ha cambiado definitivamente y también desde todos los frentes se eliminen los mensajes y discursos de odio y resentimiento para construir una cultura de paz, quizá este mensaje es el aporte más importante de este documento internacional.

El segundo tema que vale la pena destacar esta referido a la Administración de Justicia el cual en criterio de la Comisión enfrenta desafíos estructurales históricos que afectan la independencia judicial. La elección popular de los magistrados de las altas cortes fue una de las mayores innovaciones de la nueva constitución y una manera de democratizar la constitución del Órgano Judicial. Sin embargo la CIDH advierte que las elecciones judiciales han generado preocupaciones y rechazo entre diversos sectores de la sociedad, incluso desde el primer proceso electoral, en ese orden de cosas reitera que un proceso adecuado de nombramiento y selección de magistrados, constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia. Los mecanismos dirigidos a una mayor publicidad, participación, y transparencia, contribuyen a tener mayor certeza sobre la integridad, formación e idoneidad de las y los operadores designados y a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso. Para ello la CIDH aboga por un proceso de selección exclusivamente en base al mérito y las capacidades profesionales para cumplir así los estándares interamericanos. A más de ello la Comisión consiente de las deficiencias que ha mostrado este sistema de elección en las dos experiencias pasadas llama al Estado a revisar los procesos de nombramiento de altas autoridades de las cortes y el Consejo de la Magistratura, con el fin de determinar, dentro del marco del ordenamiento constitucional, cualquier reforma necesaria para garantizar la elección con base en parámetros objetivos.

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Un tercer tema a destacar es el tema carcelario. En criterio de la CIDH durante los últimos tres años, se ha presentado un sostenido incremento en el uso de la prisión. En específico, a abril de 2020, la población penitenciaria era de 18.260 personas; a diciembre de 2021, era de 18.703 personas; y, a diciembre de 2022, era de 24.824 personas. Al 27 de marzo de 2023, había un total de 27.393 personas privadas de libertad. Dichos números indican que, desde abril de 2020 hasta marzo de 2023, la población carcelaria se ha visto incrementada en un 50%, tratándose en su mayoría de personas que se encuentran en detención preventiva. La Comisión observa que a pesar de que la prisión preventiva es regulada en la legislación como una medida excepcional, su aplicación se ha convertido en una práctica recurrente en el país. Se debe en consecuencia retomar el espíritu con la que fue concebida la Ley 1173 y el Censo Carcelario del año 2019 y sobre todo buscar los mecanismos legislativos, ejecutivos y administrativos para reducir la prisión preventiva, que de acuerdo a los datos que maneja la Comisión seria del 64% en la actualidad. La Comisión recuerda que la aplicación de la prisión preventiva debe partir de la consideración del derecho a la presunción de inocencia, tener en cuenta su naturaleza excepcional, y aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Consecuentemente es bueno hacer notar que este informe contiene aportes fundamentales para mejorar nuestra cualidad democrática y la aplicación plena de los Derechos Humanos y no se refiere a políticos ni personas individuales, sino más bien a todo el colectivo de la sociedad boliviana, que en palabras de la CIDH, ha tenido significativos avances en materia de igualdad de género, derechos de los Pueblos Indígenas y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tras la promulgación del nuevo texto constitucional y correspondientes políticas públicas basadas en los ejes de descolonización, despatriarcalización y garantía de los derechos.

 (*)Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia en la OEA