El Estado colonial y dependiente va quedando atrás y ahora el país tiene que reinventarse. Acertadamente, la Constitución plantea como objetivo general vivir bien, pero para ello se requiere que todos los adultos en edad de trabajar cuenten con un empleo (o se autoempleen) para generarse un ingreso que les garantice una vida digna y productiva, y no tengan que salir del país para conseguirlo. ¿Cómo lograr este objetivo? La nueva Constitución también lo señala: en economía, el Estado debe ocuparse de lo estratégico, y de todo lo demás deben encargarse empresas privadas de todo tamaño, desde la gran empresa hasta la microempresa familiar, y cooperativas.
Con razón en nuestro país se desconfía de la gran empresa, sobre todo si es extranjera: con demasiada frecuencia ella se orientó a extraer lo más posible de riqueza para trasladarla fuera. Pero la clave para que todas las empresas, desde las grandes hasta las micros, cumplan una función social no es tratar de eliminar el interés individual, sino regularlo en beneficio de todos. Hace tiempo que Europa (y también los países recientemente desarrollados) descubrieron que esa es la clave del desarrollo.
Acertadamente el nuevo Estado está invirtiendo en infraestructura, pero también debe hacerlo en seguridad jurídica y en desarrollo tecnológico. Seguridad jurídica implica regulación para garantizar la propiedad, incluida la intelectual, para que la innovación y el trabajo honrado tengan su recompensa, pero también para impedir saqueos.
Invertir para lograr el desarrollo tecnológico, a su vez, implica destinar recursos a educación pero bajo una regulación inteligente. La educación escolar pública y de convenio, hasta ahora la cenicienta, debe convertirse en la niña mimada, incentivando que los jóvenes con mayor potencial se dediquen a la docencia pública. Ello sería posible a través de nuevos sistemas de formación y adecuadas remuneraciones. Licenciados, sí (como lo demandan los estudiantes) y también maestros y doctores, pero que su formación no se desvalorice a través de un monopolio —las normales—, sino se valorice a través de universidades públicas y privadas en competencia regulada, que su educación incluya culminaciones en las mejores universidades del mundo y también una actualización permanente. Y que la capacidad demostrada sea premiada con las remuneraciones competitivas correspondientes.
Cumpliendo el Estado su parte, empresarios de todo tamaño, cuya actividad sea regulada para que, además de premiar méritos, ella redunde en beneficio de todos, lejos de ser “el enemigo” serán en última instancia, junto con trabajadores —intelectuales y manuales— altamente calificados, los protagonistas del desarrollo económico inclusivo.