Imaginemos por un instante que la “orden judicial” de la mamá: “si no te levantas, no vas a llegar a tiempo a la escuela” tuviera que ir a un tribunal por tres o cuatro años; y aun así estuviera sujeta a una apelación de otros cinco años más. Si la sanción escolar por no haber llegado a tiempo ese día tuviera un trámite equivalente de cuatro a seis años y así cada conflicto, o peor aún, cada responsabilidad incumplida o falta personal o familiar se detuviera casi indefinidamente sin que la causa del conflicto se resolviera por un largo tiempo, la vida sería simplemente imposible.
En la familia, en la escuela y generalmente en el trabajo o en el tránsito urbano (con dificultades de corrupción), tenemos (por fortuna) una ley expedita, gracias a un acuerdo cultural, que se convierte casi inmediatamente en el comportamiento adecuado o en una sanción casi inmediata y aceptada socialmente. Cuando pasamos, sin embargo, a los tribunales, en lo laboral, lo civil y peor aún en lo penal (y esto es válido en casi todos nuestros países latinoamericanos) el mundo se detiene. La única lectura posible es El Proceso de Kafka.
América Latina se debate lastimosamente ante un sistema judicial totalmente inadecuado a nuestra necesidad cotidiana y a nuestra cultura, una colcha de retazos de ley romana y bizantina con influencias francesas, italianas y ahora estadounidenses, marcada por una insuficiencia presupuestal, que se suma a toda clase de influencias más o menos corruptas. La Justicia, la defensa y la cárcel del rico se parecen poco a las del pobre. Un proceso civil en Alemania o Francia dura 4,3 meses, y una apelación otro tanto; en nueve meses se ha resuelto en promedio una situación de carácter jurídico, En la India un caso judicial se resuelve entre 12 y 14 años; y entre nosotros, de tres a seis años.
Una ley heredada e importada mantiene detenidos los negocios, las personas y hasta los Estados. ¿Cómo escapar creativamente a este sino que representa una de las lacras del subdesarrollo? En algunos países, fruto de reformas constitucionales, se lograron las leyes de tutela o de amparo, que permiten saltar sobre la ley ordinaria cuando las personas se encuentran en estado de indefensión o su vida peligra; cualquier juez puede pasar por sobre los sistemas procesales en estos casos.
Bolivia, sin embargo, es quizá el país líder en el desarrollo de una ley expedita y socialmente aceptada con las experiencias de justicia indígena y comunitaria. Esta justicia expedita ha adquirido, por desgracia, el estigma de acción reivindicatoria o justicia por mano propia, que la desprestigia ante el país y ante el mundo; no obstante, encierra probablemente el tesoro de una justicia adecuada a nuestra cultura si se lograra organizar adecuadamente. Un reto a la creatividad latinoamericana que enmarcaría nuestro desarrollo.