Uno de los argumentos para convocar al voto por el Sí en el próximo referéndum es afirmar que el MAS ha logrado importantes avances en materia social, junto a estabilidad y crecimiento para el futuro. Si contrastamos esta afirmación con la realidad podemos encontrarnos con su contrario. Tomando como ejemplo el uso de las inversiones entre los periodos 2000-2005 y 2006-2015 observamos los siguientes porcentajes: sector productivo (P) 11,29%, infraestructura (I) 49,46%, área social 33,13% (S) y multisectoriales 6,04% para el primer periodo; y 21,34% (P); 49,29% (I); 24,8% (S) y 4,7% (M) para el segundo. Es decir que el actual y los anteriores gobiernos registran casi el mismo porcentaje de inversión, con excepción del rubro productivo, en el que el MAS supera en 10 puntos porcentuales a la gestión anterior, pero lo hace a costa de los gastos sociales. Una verdadera contradicción para la propaganda oficial.

Por otro lado, según datos brutos del Vifpe, en la década 2006-20015 la inversión pública fue de $us 25.741 millones, distribuida de la siguiente manera: sector productivo 5.493 MM; infraestructura 12.688 MM; social 6.383 MM y multisectorial 1.209 MM. No es posible medir la calidad de las obras en infraestructura en el corto plazo, pero como ha denunciado la periodista Amalia Pando, los contratos tienen elevadas comisiones, que según algunos empresarios alcanzan al 20%.

Por tanto, es muy probable que estas obras no tengan la calidad que se debiera; muestra de ello es el derrumbe del paso a nivel en Cochabamba.

Los pobres resultados en hidrocarburos y minería son más impactantes. Por caso, la refinadora de cobre de Coro-Coro, la planta de Karachipampa, el ingenio de Huanuni, el horno Ausmelt para Vinto y la industrialización del litio son deficitarios, están estratégicamente mal orientados o peligrosamente retrasados. A su vez, la perforación del pozo de Lliquimuni, la fábrica de urea de Bulo Bulo y la separadora de líquidos de Villa Montes tampoco muestran resultados positivos.

Para el inmediato futuro y dar la impresión de continuidad de la “bonanza”, el MAS ha difundido un plan de desarrollo 2016-2020, con base en una fiebre de inversiones que se harán a costa de un millonario endeudamiento que puede alcanzar rápidamente el 50% del PIB, límite no aconsejable en un escenario de bajos precios de nuestras materias primas.

No obstante, el MAS no escucha las voces de alerta ni los llamados a la prudencia, y menos lo hará si se le renueva la confianza al binomio presidencial que ha creado una estructura de administración gubernamental que, como lo muestra el escándalo con la empresa china CAMC, lo llevará al derroche de los escasos fondos. La ciudadanía tiene que tomar en cuenta estos datos a tiempo de emitir su voto y no dejarse llevar por la propaganda que solo ha construido mitos.

Es exsenador y exministro de Minería.

Ha llegado la hora de la verdad para los que se consideran gentes de izquierda, porque hoy tienen la oportunidad de tomar las decisiones que les dictan sus principios.  Para los izquierdistas formados en el marxismo les resulta evidente que, cumplidas algunas de las tareas de la “revolución democrática burguesa”, el proceso político de cambio conducido por el Movimiento Al Socialismo (MAS) está extraviando su camino.

La izquierda trotskista radical ya emitió en estos días unas declaraciones a través de las cuales intenta diferenciarse tanto de la derecha tradicional como del MAS, al que considera “la nueva derecha”. Pero su planteamiento repite como solución la fórmula del “Gobierno obrero-campesino”, que no solo resulta testimonial a estas alturas, sino realmente trasnochado. Todo el resto de la izquierda, desde los socialistas, nacionalistas de izquierda, comunistas e indigenistas renovados, se encuentra paralogizada, porque no encuentra los medios adecuados para hacer escuchar sus planteamientos.

Una de las mayores preocupaciones de esa variopinta izquierda ha sido el convencimiento de que al no representar el MAS un partido político sino un movimiento, llegarían a su seno, como ha sucedido en efecto, una gran camada de oportunistas sin ningún convencimiento de lucha por la implantación de una nueva sociedad. Los más ortodoxos se sintieron obligados a colaborar con el proceso por sus iniciales objetivos progresistas, y aceptaron a regañadientes participar en él, pero en posiciones no solamente subalternas, sino de maltrato y miserable sometimiento a los caprichos o a la arrogancia teórica de quienes se proclamaron como “marxistas renovados y creativos”.

Una buena parte de ellos, no pudiendo soportar esas condiciones contradictorias con sus propias convicciones, tuvo que abandonar tempranamente el proceso, mostrándose ahora como disidentes sin derrotero cierto. Sin embargo, la rueda de la historia tenía que dar sus vueltas para darles la razón. La izquierda, que ante su debilidad no pudo hacerse escuchar por los arrogantes conductores del proceso de cambio, tiene ahora en sus manos toda la posibilidad de actuar como corresponde hacer en política: con base en una correlación de fuerzas concreta ganada en la batalla social. Y esta oportunidad es llamar al voto por el No en el próximo referéndum como la primera medida destinada a derrotar los intentos de implantar el culto a la personalidad, execrable tara que condujo a los expaíses socialistas a cometer los mayores errores contra sus pueblos. Derrotando al continuismo, el MAS se sentirá obligado no solo a buscar los nuevos liderazgos, sino a renovar su programa que, para enamorar de nuevo a las masas, precisará el concurso de una izquierda organizada que puede ayudar al sostenimiento renovado del proceso, al propio tiempo de ser su garante.

Empero, esta izquierda organizada no debe pensar que la profundización del proceso está en nuevas nacionalizaciones o en medidas descabelladas de la economía. Existen todavía tareas inacabadas de la revolución democrática-burguesa que es necesario cumplir, entre las que se encuentra el manejo idóneo, honesto y eficiente del aparato productivo y el manejo idóneo de la Justicia; así como la profundización de los procesos sobre la tierra y los recursos naturales no renovables que vayan a favorecer a los campesinos y pueblos originarios. Éstas son las banderas que es necesario esgrimir al tiempo de llamar al voto por el No, porque ellas permitirán negociar en buenas condiciones con los que hereden el liderazgo del MAS.

En política, como en la vida cotidiana, no es posible vivir sin tomar decisiones, pequeñas o de gran trascendencia, según el caso. La decisión tomada por la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS) con relación a la re-repostulación del binomio Evo Morales–Álvaro García Linera es evidentemente una de las grandes decisiones de este gobierno, cuyos resultados finales son inciertos. Sin duda esta decisión fue tomada con base en la inseguridad de los cuadros dirigenciales del MAS de retener para su organización política el ejercicio del poder para el periodo presidencial 2020-2025. La evaluación realizada en tal sentido seguramente ha tenido que ver con la carencia de un liderazgo nuevo que pudiera enfrentarse al natural desgaste en el ejercicio del gobierno.

La cúpula del MAS es también consciente de que lo menos que ha impulsado a lo largo de su existencia es la formación de otro liderazgo que no sea el de Evo Morales. Al contrario, podemos ver que se han efectuado considerables esfuerzos por impedir el surgimiento de otros líderes, como lo muestra el caso de Filemón Escobar, propulsor y creador del instrumento político de los movimientos sociales; Santos Ramírez, el otrora segundo hombre en la jerarquía del MAS; Félix Patzi, actual gobernador de La Paz por la oposición; o el accidentado Rafael Loayza, hoy enterrado en sus propios desaciertos.

Todo esto es resultado del incontrastable hecho de que el MAS carece de una estructura partidaria y representa solo un movimiento, al que no se lo ha querido transformar en un partido con líderes conscientes y preparados para asumir las tareas del recambio. Y no es que no existan cuadros de alto nivel en la cúpula dirigencial de este movimiento. Los hay, y también existía el tiempo necesario para que una vez elegido el candidato se lo prepare, reforzando sus méritos y minimizando sus deficiencias.

Empero, aparentemente para los miembros del MAS ha sido mucho más seguro, por no decir más fácil, el recurrir a la misma carta, porque sin duda reflexionar que Evo es un líder que además de haber personificado el suceso de ser el primer presidente indígena en el mundo es el que ha capitalizado los éxitos más visibles de este Gobierno, los cuales son una mayor equidad, una política económica heterodoxa exitosa y una política internacional acertada, especialmente en lo que toca a la causa marítima boliviana. Y, consecuentemente, puede hacer tragar el repudio ciudadano contra la corrupción generalizada o la ineficiencia allí donde no fracasaron las grandes inversiones estatales del sector productivo, que son el talón de Aquiles del presente Gobierno. Esta decisión entre la búsqueda de un nuevo cuadro político o volver a lo que se considera lo seguro conocido dio por resultado la re-re-postulación.

A mi juicio, contrariamente a la opinión publicitada sobre el deseo de  la población por la estabilidad, que ha pesado enormemente en la decisión que aquí se comenta, está el hecho real de que al ciudadano boliviano le encanta la inestabilidad política y no aguanta situaciones estancadas, como es la repetición del mismo o casi el mismo equipo gobernante.

En efecto, el boliviano se mueve mejor en la inestabilidad política no porque sea un loco o un chiflado; lo que pasa es que existen gruesos sectores de la ciudadanía que a pesar de reconocer los méritos del presente Gobierno buscan ser parte de los nuevos equipos administrativos o de negocios que se construyen a la sombra del poder. Por ello, es muy posible que ese grueso sector de población que, incluso siendo masista, se vuelque hacia el No; algo totalmente comprensible, porque ello les abriría la posibilidad de un acceso efectivo al ejercicio del poder. Si a este sector se suma el voto seguro de la oposición por el No, la fórmula para el ascenso social y económico representada por la inestabilidad podría triunfar.
 

Estamos cumpliendo 190 años de vida republicana independiente, y todavía en el imaginario nacional no se pierden tres estereotipos provenientes de una incorrecta interpretación de la historia patria. Estos son que i) Casimiro Olañeta fue un altoperuano ladino, representante ejemplar de una casta criolla de doble moral, calificada por Irisarri y repetida por Gabriel René Moreno y Charles Arnade como los “doctores de dos caras”.

ii) Retumba todavía en muchos educadores de nuestras generaciones la afirmación de que “hemos nacido a la vida independiente con cerca de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, sin embargo hoy solamente tenemos un millón; hemos perdido el resto de nuestro territorio en guerras con los vecinos”. iii) Repitiendo o interpretando las tesis arguedianas de desprecio por el mestizo e indio de los años 20 del siglo pasado, nos encanta reiterar que los bolivianos somos unos perdedores innatos, ora en el fútbol ora en cualquier actividad humana que emprendamos.

Estas ideas, que en su momento han sido formuladas por los enemigos internos y externos de la formación de nuestro país, por la herencia racista de las clases dirigentes o por la simplificación burda de nuestra historia, nos ha inculcado un sentimiento de inutilidad y derrota, que nos ha conducido a despreciarnos a nosotros mismos y a los líderes de la creación nacional.

Cuando en realidad resulta necesario transmitir la visión histórica real de que la creación de nuestra república, hoy Bolivia, ha sido una epopeya, como cualquier otra que se ha dado en la América española de esa época.

Igual o similar situación se dio para cada uno de los países latinoamericanos que se crearon en esa época, por lo que Bolivia no podría haberse consolidado si no hubiera sido por la apreciación que tuvieron en ese entonces los dirigentes políticos, tales como Olañeta, sobre la posibilidad de crear una república independiente en los territorios que fueron jurisdicción de la Audiencia de Charcas.

Es evidente que todas esas unidades territoriales creadas por intereses regionales no contemplaron las perspicaces visiones estratégicas sobre la unidad de la América española, ni aceptaron las profundas transformaciones que traían las propuestas liberales de los libertadores, pero también es cierto que todas las sociedades latinoamericanas no estaban preparadas para esos cambios, por lo que ninguna de ellas incluyó a los pueblos originarios en la creación de esas entidades, lo que demuestra que el resultado no podía ser otro que el que finalmente hemos tenido de repúblicas excluyentes de una gran masa de población originaria.

Lo anterior no quita el mérito de todos esos grupos dirigentes para consolidar sus propias naciones, y algunas de ellas incluso quisieron avanzar y avanzaron a costa de sus vecinos, sin tener ningún antecedente histórico de posesión de los territorios que actualmente ocupan por usurpación oportunista.

Es preciso, entonces, educar a nuestras juventudes con el mayor apego a la objetividad de los hechos históricos, para que los bolivianos nos sintamos orgullosos de haber conseguido nuestra propia identidad y estemos en la hora presente a la altura de construir la gran nación latinoamericana que nos quiso heredar Simón Bolívar.

Gran contribución entonces la de esos esforzados investigadores de la nueva generación agrupados en la Coordinadora de Historia, quienes intentan caminar por los senderos de la revisión de nuestra historia bajo las nuevas visiones de la objetividad y complejidad de los procesos que le tocó vivir a nuestra sociedad en cada momento de su vida.
 

Lo primero que hay que señalar sobre la Ley de Minería es que al ser un documento de consenso, el proyecto no refleja totalmente la intencionalidad fundamental del Gobierno, ya que, aunque cumple de manera general la orientación de la economía plural propuesta por la Constitución Política del Estado (CPE), es evidente la necesidad de perfeccionarla llenando las omisiones así como evitando formulaciones poco convenientes para los intereses del país. Esto es tanto más importante desde el momento en que ha sido trazada la Agenda Patriótica 2025, ya que la minería afectará grandemente a los objetivos sociales allí planteados.

Sugerencias para perfeccionar la Ley de Minería: Redefinir la empresa estatal. Expresando un histórico anhelo del pueblo, el Gobierno considera que es un asunto de principio la defensa y desarrollo de la empresa estatal por ser una de las únicas posibilidades que se tiene para garantizar el adecuado uso de los excedentes en el desarrollo del país. Sin embargo, este anhelo ha sido frustrado con las desfavorables experiencias históricas y recientes (caso Colquiri) que hicieron que el Presidente se refiera a lo incongruente de las nacionalizaciones si es que ellas no van acompañadas de eficiencia y efectividad. Por ello, si se quiere persistir en la necesidad de la empresa estatal como el dinamizador de la economía del país, es preciso pensar en soluciones creativas para que las compañías estatales efectivamente funcionen.

A mi juicio, lo primero que debe hacerse en todos los documentos fundamentales del Estado es redefinir la empresa estatal como: “la institución económica-administrativa, de fines altamente patrióticos, creada por el Estado para generar excedentes a través de la intervención en cualquiera de los rubros de la actividad económica legal de nuestra  sociedad, los mismos que son imprescindibles para promover el desarrollo humano en el país”.

Adicionalmente, se precisa una ley expresa sobre su manejo, para proporcionarle agilidad y eficiencia, ya que con las leyes 843 y Marcelo Quiroga Santa Cruz será muy difícil y engorroso hacerlo y  puede conducir a su fracaso.

La ley debería fundamentalmente  contener la necesidad de entregar su administración no a una persona sino a un staff de profesionales que se comprometan mancomunadamente a cumplir un determinado plan gerencial elegido por concurso.

También es necesario que fuera de los salarios básicos, se reconozca, como se lo hace ahora, beneficios económicos porcentuales de los excedentes a sus trabajadores y en especial a los responsables administrativos jerárquicos cuando generen ganancias sólo por encima de lo esperado en los planes. También es necesario que estas tareas sean reconocidas en caso de éxito con galardones morales por el servicio distinguido al país.

Paralelamente, e independientemente de las empresas en particular, el Ministerio de Hacienda, o bien el Banco Central, debería tener una oficina de registro de la variación semanal o mensual de precios de los insumos más comunes necesarios para cada tipo de empresa, a fin de que sirvan de control en las auditorías expost que deban realizarse.

Por todo lo indicado, es preciso eliminar la parte contenida en el artículo 48, II, referida a una declaración de la Minera Huanuni como empresa de carácter estratégico, simplemente por representar una avivada criolla para que, en caso de insolvencia, el Estado se obligue a cargar con las consecuencias de una mala administración, hasta llegar a la incongruencia de proclamar el dicho tan conocido de algunos dirigentes que Huanuni es una empresa “de carácter social”.

Planes de inversión, y desarrollo y planes de trabajo. La exigencia de los Planes de Inversión y Desarrollo (PID) y de Trabajo y Desarrollo (PTD) (artículo 21 y todos sus incisos) debería tener una referencia obligatoria a un decreto reglamentario en el que se encuentren los requisitos mínimos para cada caso, así como los formatos de la presentación. Esto es necesario, ya que el Estado tiene la necesidad de conocer los datos de la geología y las reservas de cada concesión en explotación. A estas alturas del crecimiento económico de las cooperativas y de los mineros chicos, no puede haber justificativo como para que no puedan pagar a los profesionales que deben encargarse de efectuar estos estudios, que deben ser parte de las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE, artículo 6, inciso a) y los Contratos  Administrativos Mineros Estatales y los Contratos Administrativo Minero Cooperativo (110 y 111).

Participación en las utilidades. En los contratos de asociación con el Estado (127), referidos a la exigencia de la participación estatal con un mínimo del 55 % en las utilidades de las empresas antes de impuestos, es un artículo demasiado cerrado, ya que puede ocurrir que por razones estratégicas el Estado pueda aceptar un porcentaje menor frente a otras obligaciones que puede adquirir la empresa privada asociada. El texto debería contener una salvedad: ”… y la participación del Estado no podrá ser inferior al 55 % de las utilidades antes de impuestos, excepto cuando se considere que el Estado tiene otras exigencias que emerjan de sus planes estratégicos de desarrollo”.

Asociaciones cooperativas-privados. El proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional determina en el artículo 128, VI, que las cooperativas se distribuyen los excedentes según sus normas, pero pagando un impuesto de sólo el 1 % sobre el valor de su producción luego de descontar las regalías mineras ya pagadas. Estas condiciones otorgadas a las cooperativas permiten que capitales aventureros nacionales y extranjeros ingresen a la minería mimetizándose con las cooperativas y que se amplíe la informalidad en este sector de producción y se evada una buena cantidad de impuestos al Estado tal como probablemente aconteció con la reciente exportación de 2012 en la que “un equivalente a 20,5 toneladas métricas de oro hubieran salido del país con el gracioso nombre de “‘desechos auríferos’”.

Es más, al tipo de capitales que se aliarán con los cooperativistas en estas condiciones no les interesa el descubrimiento de nuevos yacimientos, sino aprovechar lo actualmente conocido, razón por la que el Estado perderá la oportunidad de descubrir nuevas áreas mineralizadas. Hay necesidad de que la ley tenga una referencia a este tipo de acuerdos “bajo la manga”, introduciendo penalidades fuertes que pueden incluso llegar a la cancelación de la personería jurídica para aquellas cooperativas que permitan este tipo de evasiones.

Los grandes perdedores. Finalmente, el Gobierno, al no desarrollar sus propios postulados sobre las empresas comunitarias y marginarlas de la actividad de explotación de sus propios recursos naturales o de asociarse con capitales privados para hacerlo, permite que sean los mayores perdedores, incumpliendo así no solamente el derecho prevalente que les asiste, sino que, desde el punto de vista político, aquél ha perdido la posibilidad de tener para sí una fuerza social que equilibre los desmedidos afanes a los que se llegará con la explotación mercantil de los recursos naturales en manos de los “étnicos citadinos”.

Considero que las presentes sugerencias son las modificaciones gruesas que se deben hacer para la Ley Minera y que ojalá sea tomada en cuenta por nuestros parlamentarios.