Interpuesta la demanda de Bolivia pidiendo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declare que Chile tiene la obligación de negociar con el fin de llegar a un acuerdo que le otorgue a nuestro país un acceso plenamente soberano al Pacífico, se abre un nuevo escenario en la relación entre ambos países en la que un tercero, la CIJ con sede en La Haya, deberá pronunciarse sobre las peticiones bolivianas.
La arista más sobresaliente de la demanda es la que hace énfasis en el diálogo y la negociación de buena fe, más aún teniendo en cuenta la experiencia de Bolivia de asistir en distintos momentos de la historia (previa y posterior al Tratado de 1904) a escenarios de diálogo que terminaron abruptamente sin una resolución a la causa pendiente de solución: el acceso libre y soberano al mar para nuestro país.
La buena fe constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional Público, “preside la creación y la ejecución de obligaciones jurídicas” como lo ha señalado la CIJ en su sentencia de 1969 referida a la Plataforma Continental del Mar del Norte, criterio que ha sido reiterado en la de 1974 referida a los Ensayos Nucleares: “la negociación ha de llevarse de acuerdo con el principio de la buena fe”, ha ratificado la Corte.
En la demanda boliviana se mencionan varios antecedentes que ratifican el criterio en sentido de que Chile se comprometió con Bolivia a ingresar formalmente en negociaciones para satisfacer la necesidad boliviana de obtener un puerto sobre el Pacífico. En la nota suscrita por el canciller chileno Horacio Walker Larraín el 20 de junio de 1950 se afirma la intención del gobierno de Chile de “ingresar formalmente a una negociación directa con el objetivo de encontrar la fórmula que haría posible ceder a Bolivia una propia y soberana salida al océano Pacífico”.
Y en los actos y documentos relativos a las negociaciones emergentes de la Declaración de Charaña (8 de febrero de 1975), en las que partiendo de un reconocimiento expreso de la situación de mediterraneidad que afectaba y aún afecta a Bolivia, el canciller chileno Patricio Carvajal remitió una nota en fecha 19 de diciembre de ese año afirmando que “se consideraría la cesión a Bolivia de una costa marítima soberana, unida al territorio por una faja territorial, igualmente soberana”. En esa misma nota, Chile afirma que “producido el acuerdo final se dejará el testimonio solemne de que la cesión territorial que permite la salida soberana al mar, representa la solución plena y definitiva a la situación de mediterraneidad de Bolivia”. Esta última frase muestra con elocuencia y claridad meridianas el reconocimiento expreso de Chile sobre la cuestión pendiente de derecho internacional que ha devenido en una controversia jurídica entre ambos Estados que ahora se somete a conocimiento de la CIJ.
Los bolivianos creemos firmemente en que la justicia internacional dará la razón a nuestra justa demanda de acceder con soberanía al Pacífico, y por ello Bolivia debe prepararse para una futura negociación que tarde o temprano se instalará con Chile. Pero aún más, Bolivia debe prepararse adecuadamente para incorporar a Perú en esa negociación, ya que en aplicación del Tratado de Lima y el Protocolo Complementario firmado en 1929 “los gobiernos de Chile y del Perú no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías”.
Asumiendo que La Haya falle a favor de Bolivia, Santiago tendrá que negociar un acceso soberano al Pacífico y nuevamente se pondrá en el tapete la fórmula expresada en Charaña: una franja al norte de Arica colindante con la línea de la Concordia que incluya una costa marítima, territorio que sólo podrá ser cedido a Bolivia con el consentimiento de Lima. Por tanto, el fortalecimiento de nuestra relación con el Perú es impostergable.