Desde el 15 de junio, Bolivia está a cargo de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) por  cinco años, con el compromiso de impulsar la reingeniería de dicho bloque comercial, conformado además por Colombia, Ecuador y Perú.

El desafío planteado no resulta sencillo, si se considera que todo proceso de integración que busque consolidarse en el largo plazo, alcanzando el objetivo de desarrollo común de sus miembros, debe priorizar la coordinación de sus políticas fiscal y monetaria, a fin de evitar desajustes cambiarios que perturben el comercio entre sus economías.

En otras palabras, para que los países que conforman un bloque comercial se beneficien mutuamente del proceso de integración, es necesario que éstos puedan comunicarse en un mismo idioma entre sí (económicamente hablando); y justamente ésta es la principal debilidad que tiene la CAN en la actualidad. Por un lado están Perú y Colombia que, con Chile y Costa Rica, forman parte de la Alianza del Pacífico, un proyecto de integración regional que asoma con fuerza para reavivar el espíritu del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ocho años después de su desaparición. Precisamente, en ocasión de la VII cumbre de dicha organización, celebrada en mayo de 2012 en Colombia, los gobernantes de los mencionados países coincidieron en que el proceso de integración que están conformando sólo será posible si se deja actuar a las fuerzas del mercado, bajo la consigna de que las economías nacionales crecen si están abiertas.

Por el otro están Bolivia y Ecuador, que forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), un proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre países de América Latina y el Caribe, enmarcados en el llamado socialismo del siglo XXI. El desafío es mayor si se considera que Bolivia también está dirigiendo sus esfuerzos para adherirse al Mercosur como miembro pleno, con la consigna de no dejar la CAN. Al respecto, cabe hacer notar que si bien muchos países pertenecen a dos o más tratados a la vez, no es usual que un país forme parte de dos procesos de integración diferentes (en este caso de un mercado común y de una zona de libre comercio) al mismo tiempo, y menos en una misma región.

No obstante, el objetivo de fungir como una especie de “país bisagra” para facilitar la integración latinoamericana ha sido lanzado. De cumplirse, se habrá conseguido un hito en la historia del comercio internacional, digno de ser considerado en la literatura que se difunda sobre la materia a futuro. Caso contrario, se confirmará la reconfiguración del mapa regional, al influjo de los dos mencionados enfoques de integración.

Doña Teófila, Teo para sus amigos, es una maestra jubilada que después de 36 años de vida laboral tiene una renta mensual de jubilación de Bs 2.600; es decir un 65% de lo que recibía de salario cuando trabajaba en el magisterio. Esta cantidad de dinero es más del doble que le hubiera tocado percibir con la anterior Ley de Pensiones, gracias al Fondo Solidario.

Este fondo fue creado por la actual Ley de Pensiones N° 065, y funciona gracias a los aportes de las empresas y el Estado (aporte patronal), así como de los trabajadores activos, entre otros, para que aquellos jubilados que (como doña Teo) tuvieron bajos niveles de ingreso (y por tanto realizaron bajos aportes), puedan tener una mejor renta de jubilación. El fondo fue creado también para beneficiar a quienes nunca en su vida recibieron salario alguno por ser trabajadores independientes, como choferes, gremiales, artesanos, panificadores, campesinos, etc.

Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), entre 2011 y 2012 se jubilaron 21.791 personas con la nueva Ley de Pensiones.

De este total, 14.388 (66%) reciben una pensión solidaria de vejez, gracias al Fondo Solidario. Sin embargo, dos años después de la promulgación de la Ley de Pensiones N°065 —efectuada en dependencias de la misma sede de la Central Obrera Boliviana (COB)—, algunos dirigentes mineros buscan desconocerla y utilizar el Fondo Solidario para elevar su renta de jubilación hasta Bs 4.900 (originalmente pedían Bs 8.000). Las autoridades del Ejecutivo ofrecieron realizar un aumento de Bs 3.700 a 4.000, pero esta propuesta fue rechazada.

Adicionalmente, la dirigencia de la COB exige que sus afiliados mineros tengan una jubilación del 100% de su referente salarial en los dos últimos años; pero como sus aportes no alcanzan, exigen utilizar recursos del mismo fondo para lograr este objetivo.

Para nadie es desconocida la contribución que hace el sector minero a la economía nacional. El tipo de trabajo de los mineros es totalmente insalubre, por lo que su esperanza de vida es mucho menor que el resto de la población. No obstante, tampoco olvidemos que debido a la coyuntura internacional los salarios que se perciben hoy por hoy en este sector alcanzan, en algunos casos, a niveles de hasta los Bs 50.000 por mes.

Este pedido es inviable, porque significa agotar el Fondo Solidario en unos cuantos años (actualmente está previsto que funcione por más de tres décadas), reduciendo, y eliminando en algunos casos, los niveles de renta de sus verdaderos destinatarios. Aspecto que debería ser tomado en cuenta por quienes apoyan este pedido, incluidos los excolegas de doña Teo.