Días atrás, en la XXVI Reunión Anual de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de América que se realiza en Ginebra, Suiza, el Defensor del Pueblo de Bolivia planteó ante sus pares la necesidad de fortalecer la independencia en el trabajo que desarrollan las Defensorías, a fin de asegurar los efectos de su trabajo de defensa de los derechos humanos.
En efecto, según un boletín difundido en La Paz por la Defensoría del Pueblo, el titular de esa institución se refirió a la importancia de “generar los mecanismos legales e institucionales para garantizar nuestra independencia de los poderes públicos y nuestra propia autonomía, de modo tal que nos permita actuar guiados únicamente por los principios de derechos humanos, desligados de cualquier relación de dependencia con entidades públicas, empresas, corporaciones, partidos o entidades externas”.
Agregó el Defensor que por la naturaleza de la labor de las INDH, la legitimidad, la credibilidad y la confianza pública son su activo más valioso; lo que no significa que se deba entrar en contradicción o conflicto permanente con los gobiernos, sino más bien articular esfuerzos y promover acciones conjuntas que tengan como fin la protección y garantía del ejercicio pleno de los derechos.
Sin duda estas materias son, y deben ser, preocupación permanente de la máxima autoridad de la INDH boliviana, pues si por una parte fue acusado de haber sido designado “a dedo” por el Gobierno, luego las autoridades lo acusaron de estar al servicio de los intereses políticos de la oposición. En ambos casos, el efecto inmediato fue un daño, afortunadamente no profundo ni irreversible, a la imagen de una institución cuyo mayor activo es, precisamente, la consideración que recibe de la sociedad, desde sus públicos inmediatos hasta los más descontentos con su actuación y funciones constitucionales.
Precisamente por eso, la reflexión del Defensor, más que un oportuno discurso en la reunión con sus pares del continente, es un recordatorio de lo mucho que debe cuidarse el equipo a su cargo de cometer errores, por exceso de pasión o por ligereza, pues la defensa de los derechos humanos es uno de los campos favoritos de la disputa política; y en esa medida las víctimas a menudo son usadas como bandera de uno u otro lado, y en el camino se quedan sin ver sus derechos restituidos.
No es, pues, fácil la tarea de la Defensoría del Pueblo, ni en lo que respecta a preservar su independencia de los poderes, los formales y los fácticos, ni mucho menos en lo que respecta a proteger los derechos humanos de las personas, que no se violan sólo cuando hay desbordes de violencia, sino también, y con mayor frecuencia, cuando el Estado falla en proveer las condiciones, así como los bienes y servicios que la Constitución Política le exige.