Luego de más de tres años de trámite en un juicio con varias demoras e incidentes, el juez de la causa dispuso finalmente que 27 imputados, entre ellos el actual gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, deben comparecer en un juicio oral para responder por la supuesta malversación de fondos (Bs 10 millones) utilizados en la realización del polémico referendo del 4 de mayo de 2008, para la aprobación de estatutos autonómicos.
De ese modo se inicia una nueva etapa en este proceso judicial, luego de que el juez declarara improcedente la acción de extinción del caso presentada por la defensa. Costas, tres exsecretarios de la entonces Prefectura de Santa Cruz y 23 exconsejeros departamentales deben explicar por qué utilizaron recursos públicos para la realización de un referendo convocado de manera ilegal y al margen de la institucionalidad nacional.
Algunas voces que respaldan al Gobernador cruceño consideran que este juicio tiene el objetivo de inhabilitarlo como candidato en 2014 a la cabeza del recién conformado Movimiento Demócrata Social. Quienes sostienen la acusación, en cambio, consideran que Costas y los otros imputados deben responder por un referendo que, según la entonces vigente Ley del Referéndum, debió haber sido convocado por el Congreso Nacional.