Si se quiere saber si un país es civilizado, es necesario ver la forma en la que trata a sus niños, a sus mujeres, a sus ancianos, a sus enfermos y a sus presos”. A partir de esta reflexión de Voltaire (Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones) tuvo lugar en La Paz el seminario internacional “Justicia Restaurativa, avances y perspectivas en Bolivia”. El evento (que en tres días de actividades registró la participación de más de 700 personas, entre operadores del sistema judicial, operadores de Régimen Penitenciario y representantes de la sociedad civil y de la cooperación internacional, entre otros) fue organizado por la organización no gubernamental italiana ProgettoMondo Mlal, el instituto boliviano Capacitación y Derechos Ciudadanos, la Dirección General de Régimen Penitenciario y el Ministerio boliviano de Justicia, con la contribución financiera de la Cooperación Italiana.

El encuentro tuvo gran importancia en términos de análisis de la aplicación de la justicia restaurativa en Bolivia. En este sentido, cabe destacar la contribución de un conjunto de relatores de primer nivel, que pusieron a disposición de los participantes su experiencia y conocimientos en pro de una exhaustiva actualización del estado del arte del sector en Bolivia, Brasil, Italia, Perú, Chile y España.

Entre las diferentes exposiciones, fue muy interesante la postura de la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, en su reiteración de la necesidad de apostar por una justicia penal juvenil especializada y con enfoque restaurativo, es decir,  una transformación de la forma y contenido del actual sistema de justicia penal. A diferencia de la justicia penal convencional de carácter retributivo, en la justicia restaurativa el crimen no es sólo entendido como la lesión de una norma jurídica, sino básicamente un daño en contra de una persona y de las relaciones interpersonales. Es necesario, entonces, responsabilizar al ofensor de sus actos, involucrar a la víctima y la comunidad en el proceso, para que se pueda reparar el daño, llegando a la reconciliación y reintegración. En el marco del encuentro, las diferentes intervenciones han permitido el desarrollo de un análisis acerca de la posibilidad de introducir esta nueva fórmula de justicia, también considerando que la misma tradición del país (por ejemplo mirando hacia la justicia indígena originaria campesina) incorpora y asume los principios de la justicia restaurativa.

Para el caso boliviano, es particularmente inspiradora la experiencia piloto del centro Qalauma, situado en la comunidad Surusaya Suripanta del municipio de Viacha. Esta experiencia, desde su inauguración en agosto de 2011, está sentando las bases concretas de aplicación de la justicia restaurativa para jóvenes en conflicto con la ley. La metodológica planteada en Qalauma, entre otros elementos, está permitiendo la aplicación de programas restaurativos que trabajan en la responsabilización del ofensor, en el encuentro con la víctima y que, en la práctica, se traducen en acciones y formas de conducta que el joven tiene que observar mientras perdure el tiempo de la suspensión condicional de su pena.

Creo que son de particular relevancia los excelentes avances en términos de procesos y técnicas de rehabilitación adoptadas por el centro Qalauma. Allí se han logrado aplicar métodos de valorización del ser humano y de sus potencialidades, así como los principios de la cultura del buen trato y de la justicia restaurativa. Otros elementos a destacar del centro son el incentivo al protagonismo, responsabilización y participación de los jóvenes en el trabajo de grupo para la realización de talleres profesionales y de labor-terapia (actividades de carpintería, serigrafía, industria alimentar, costura y agronomía, entre otras), conjuntamente con la formación escolar, estos gracias a la reciente inauguración del Centro de Educación Alternativa “Ana María Romero de Campero”, construido con el apoyo financiero del Gobierno de Italia.

Justamente la experiencia de Qalauma nos lleva hacia el vecino Brasil, país en el que se está introduciendo el método de valorización humana APAC (Asociación de Protección y de Atención de los Condenados), cuyos lineamientos están siendo adoptados progresivamente también en Qalauma (para reparar a “un sistema carísimo para convertir gente mala en gente peor”, subrayaron los panelistas). El método APAC, que sólo en el estado de Minas Gerais cuenta con 2.000 sentenciados en 30 centros, ha demostrado poder rehabilitar a las personas, presentando índices de reincidencia del 10%, reduciendo asimismo el gasto público hasta $us 4450 por cada preso. Analizando más detenidamente el caso brasileño, hay que señalar que la quimera de una administración de cárceles sin la Policía ha sido viabilizada por una mayor y más efectiva colaboración intersectorial, que ha contado con la participación activa de Estado, comunidad y mercado, garantizando, en última instancia, la sostenibilidad económica y social del método implementado. 

El núcleo de la cuestión radica en pasar de una sanción que culpabiliza, castiga y mira hacia un pasado, donde los protagonistas eran la ley, el juez, el fiscal y los abogados para, finalmente, trasladarnos hacia una paz social que responsabiliza, apuesta para la reparación, la reconciliación y el futuro, involucrando a las víctimas, al victimario y a la comunidad. Justamente estos últimos actores constituyen los elementos cardinales del paradigma de justicia restaurativa.

En Italia, donde existe desde hace más de 30 años un sistema de justicia especializada para adolescentes hasta los 18 años, también hay ejemplos de esta metodología. La base de la normativa vigente reside, en síntesis, en la imposibilidad de interrumpir el camino educativo de los adolescentes. De ahí que se ha desarrollado un sistema especializado en justicia penal juvenil, invirtiendo en la formación de recursos humanos, garantizando procesos rápidos (seis meses de duración máxima) y reconociendo a los menores de 18 años una responsabilidad penal disminuida. Coherentemente con el paradigma adoptado, la privación de libertad es, entonces, el último recurso a emplearse. Por otra parte, se ha trabajado en la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad de los menores de 18 años, involucrando a la comunidad y los servicios sociales a nivel estatal y departamental. El resultado de este largo camino es que, en Italia, sobre una población de 60 millones de habitantes, actualmente hay solamente 500 adolescentes privados de libertad y 20.000 que cumplen medidas alternativas.

A raíz de las competencias específicas desarrolladas en la materia, el Gobierno italiano ha decidido apoyar la realización de la primera iniciativa de justicia penal juvenil con enfoque restaurativo en Bolivia, el centro de Qalauma, y, actualmente está evaluando la posibilidad de financiar un segundo segmento del programa, para seguir trabajando de forma conjunta y concertada con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, apuntando a la adopción de buenas prácticas en términos de rehabilitación penitenciaria y (así como ocurre en otros sectores de intervención de la cooperación italiana como la salud) contribuir al desarrollo, definición y mejoramiento de las políticas públicas sectoriales.