Luego de los graves crímenes de lesa humanidad que se produjeron entre 1991-2001 en la antigua Yugoslavia (hoy escindida en varios Estados) el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció una “Corte ad hoc” para juzgar a los autores del genocidio perpetrado en los Balcanes. Más tarde, esa corte dio paso al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) que está cerca de cumplir 20 años de actividad y que finalizará su actividad a fines de 2016. La misión que la ONU encomendó al TPIY fue someter a juicio a 161 sospechosos de una lista elaborada por los fiscales en 1993; entre ellos, los fugitivos más buscados eran Radovan Karadzic, Ratko Mladic y Goran Hadzic, acusados de haber cometido los delitos más cruentos durante la guerra secesionista que afectó a Yugoslavia, y que fueron finalmente aprehendidos y detenidos en la cárcel que la propia ONU abrió en Holanda.
Para el presidente del TPIY, el polaco Theodor Meron, la tarea de esa institución “es la demostración palpable de la contribución del Tribunal al esfuerzo global por combatir la impunidad y defender el imperio de la ley en la antigua Yugoslavia”. Aunque el tribunal no pudo sentenciar al expresidente de Yugoslavia y de Serbia Slobodan Milosevic (quien falleció en su celda), es indudable que al someter a juicio penal a Karadzic, Mladic, Hadzic y a decenas de acusados le permitió al TPIY apuntarse una victoria y justificar su existencia frente al tradicional escepticismo respecto a la efectividad de las cortes y tribunales internacionales.
Este tribunal fue el primero creado en el mundo desde los juicios de Nuremberg y de Tokio, luego de la Segunda Guerra Mundial. Tras el TPIY se crearon otras cortes especiales, para Ruanda, Camboya, Sierra Leona, Líbano y Timor del Este. Por último, el sistema internacional se animó a crear la Corte Penal Internacional (CPI) en 2002, como única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a partir de la fecha de su apertura. La CPI tiene su sede en La Haya, Holanda.
Un total de 69 sentencias ha emitido el TPIY (compuesto por 16 jueces). La pena máxima es la cadena perpetua, ya que no está contemplada la pena de muerte. Para realizar las detenciones de los sospechosos, requiere la colaboración de los países donde supone se encuentran los fugitivos, puesto que el tribunal no tiene una Policía propia.
La más reciente decisión del TPIY se produjo hace apenas unos días, cuando seis políticos y militares bosnio-croatas fueron condenados a 111 años de cárcel por la “limpieza étnica” a la que sometieron a musulmanes bosnios y a otros grupos no croatas, durante la guerra de los Balcanes. El tribunal declaró probadas las acusaciones sobre el grupo de procesados, quienes formaron “una asociación criminal con el fin de crear una Gran Croacia” con su propia composición étnica, y para tal fin produjeron desplazamientos forzosos de la población, asesinatos, saqueo de propiedades, trabajos forzados para los detenidos y expulsión de sus tierras.
El principal acusado era el ex Primer Ministro de una autoproclamada República Croata de Herzeg-Bosnia, sobre quien recayó una sentencia a 25 años de prisión, la mayor aplicada al grupo de seis altos funcionarios. En la guerra de la ex Yugoslavia era frecuente la lucha entre aliados. Ese fue el caso de los bosniocroatas, quienes fueron aliados de sus vecinos musulmanes bosnios durante la mayor parte de la guerra de Bosnia (1992–1995). Pero en 1993 se pelearon, y la parte bosniocroata abrió campos de detención donde se produjeron los crímenes de guerra. Los seis exjerarcas se entregaron al TPIY en 2004 con la intención de “limpiar su honor”. La sentencia del tribunal no deja lugar a dudas respecto a que las acusaciones tenían base cierta y ahora todos guardarán detención formal en la cárcel de la ONU.