La cárcel de Oruro, por su pésima infraestructura y el hacinamiento que reina en su interior, es, sin lugar a dudas, la peor del sistema penitenciario nacional, una verdadera vergüenza para Bolivia. Dentro sus viejas murallas de adobe viven, sufren y mueren más de 600 reos, entre hombres y mujeres, sin contar a los niños que acompañan a sus madres y al personal de seguridad, que sufre tanto como los reclusos por las malas condiciones del lugar.

El edificio que hoy alberga al penal fue construido en 1832, cuando gobernaba el Mariscal Andrés de Santa Cruz. Desde entonces pasó por una variada metamorfosis. Primero fue una caballeriza; después, un tambo y finalmente, cárcel. En este largo recorrido su estructura interna ha cambiado a capricho de las necesidades y funciones que le asignaron. A la fecha, por el paso del tiempo, los viejos muros de adobe del penal ofrecen una vista fantasmagórica.

Toda refacción es inútil. Por donde se mire, la vista no encuentra un lugar agradable dónde posarse y el ambiente general es de una opresión infinita y tétrica.

En esta cárcel de pesadilla, desde hace cuatro meses se encuentran recluidos 12 hinchas del Corinthians, por el accidente del 21 de febrero, cuando un adolescente murió por el impacto de una bengala lanzada desde la tribuna de la barra brasileña. Este ingrato suceso tuvo un gran impacto en el Brasil, dando lugar a que periodistas y camarógrafos de ese país visiten con frecuencia la cárcel de Oruro, llevándose la peor impresión de su vida, por las pésimas condiciones en las que se encuentran sus connacionales.

Hace años, siendo Director General del Sistema Penitenciario, cuando visité por primera vez esa cárcel quedé conmovido, por la vida miserable que llevaban los internos. Entonces me propuse como una prioridad la construcción de un nuevo penal para Oruro. Agoté mis mayores esfuerzos ante la Alcaldía y la Prefectura para que me cedan un terreno, pero sin éxito, por la marcada indolencia de sus autoridades. Entonces recurrí a la sociedad civil, me reuní varias veces con la Directiva del Comité Cívico, cuyos miembros comprendieron la magnitud del problema, y con ejemplar voluntad, me ayudaron. Un miembro del Comité Cívico, de apellido Velarde, junto a su distinguida esposa, donó tres hectáreas de terreno para la construcción de una cárcel, en Socamalla, a tres kilómetros de la ciudad de Oruro. Apenas tuve las escrituras del terreno en mis manos, comencé las gestiones para hacer realidad la construcción del penal. Hablé con el Ministro de Gobierno y el Presidente de la República y recibí el apoyo solicitado. La construcción de la nueva cárcel comenzó en octubre de 2005, tres meses después, me alejé del cargo.

Pasaron los años y no supe nada más del tema. En noviembre de 2009 regresé a Oruro por motivos de trabajo, y visité la Corte, donde todavía encontré como presidente al Dr. Darío Medina, a quien pregunté sobre el proyecto en el que ambos pusimos nuestro máximo empeño. Para mi sorpresa y satisfacción, me dijo que,  luego de algunos problemas, finalmente la cárcel había sido construida, pero que se encontraba sin uso por falta de agua potable. De inmediato le pedí que me llevara a conocerla y así lo hizo. Un sentimiento indefinido de admiración, dicha y orgullo me invadió al ver la obra terminada, al cuidado de un solo policía. Han transcurrido tres años y medio desde entonces. El nuevo penal se encuentra en total abandono, mientras el país sufre la vergüenza de mantener presos en la vieja cárcel a nacionales y extranjeros, causando estupor, odio y dolor en propios y extraños, mientras el recinto se deteriora por falta de uso.