Argentina y las Islas Malvinas
La soberanía argentina sobre las Malvinas no es un capricho ni una mera cuestión geográfica
El 10 de junio, la Nación Argentina recordó la creación en 1829 de la “Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico”, por decreto del gobernador interino de Buenos Aires, brigadier General Martín Rodríguez, mediante el cual las Provincias Unidas reafirmaron sus derechos de soberanía sobre dichos territorios. El 14 de noviembre de 1973, la Ley N° 20.561 estableció el 10 de junio como el “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico Argentino”.
El extenso archipiélago denominado Islas Malvinas se halla ubicado en el Atlántico Sur, íntegramente situado dentro de la plataforma continental argentina. No obstante ello, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas no es un capricho ni una mera cuestión geográfica, sino que tiene su origen histórico en nuestra Independencia. El Reino Unido, en cambio, sólo puede argumentar el dominio por medio del uso de la fuerza. Así lo demuestran los diversos hechos históricos narrados a continuación.
Las Islas Malvinas fueron descubiertas en 1520 por integrantes de la expedición de Magallanes. Las Bulas Pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494 son los primeros instrumentos que reflejan los títulos de España de acuerdo con el derecho internacional de la época. Toda la región austral de América, con sus costas, mares e islas, quedó indiscutiblemente preservada bajo la soberanía española a través de los diversos tratados suscriptos en este periodo, como el Tratado Americano de 1670 entre España e Inglaterra. La Paz de Utrecht, firmada en 1713, aseguró la integridad de las posesiones de España en América del Sur y confirmó su exclusividad de navegación en el Atlántico Sur. Inglaterra aceptó dichas cláusulas como signataria de los acuerdos de Utrecht y de tratados posteriores del siglo XVIII que lo ratificaban. En 1749, España se enteró de un proyecto británico para establecerse en las Islas Malvinas y protestó firmemente ante el Reino Unido, cuyo gobierno desistió de llevarlo a cabo. En 1764 fue Francia la que manifestó interés en las Islas Malvinas, creando un establecimiento al que denominó Port Louis en la Isla Soledad. España se opuso enérgicamente y obtuvo el reconocimiento de Francia de los derechos españoles a las islas, la desocupación del archipiélago y su entrega formal a las autoridades españolas.
Poco después de la instalación francesa, el Reino Unido volvió a manifestar sus intenciones de apropiarse de las islas, esta vez a través de una expedición que llegó clandestinamente al archipiélago y levantó un pequeño fuerte que llamaron Port Egmont, en una isla situada al oeste de la Gran Malvina. Pese al secreto de la operación, España tuvo conocimiento de ello, protestó insistentemente, y como no obtuvo una respuesta aceptable en 1770, expulsó a sus ocupantes. Los dos países estuvieron al borde de la guerra, llegándose en 1771 a un acuerdo plasmado en dos declaraciones: en una de ellas España restituía a los británicos Port Egmont haciendo reserva expresa de su soberanía sobre la totalidad del archipiélago de las Islas Malvinas, y una aceptación de la Declaración en la que Gran Bretaña guardaba silencio acerca de la reserva de derechos española. Como parte del acuerdo se convino que los ingleses se retirarían de Port Egmont a breve plazo, lo que efectivamente ocurrió en 1774. Desde entonces las autoridades españolas con asiento en Puerto Soledad continuaron ejerciendo su jurisdicción y control sobre la totalidad del archipiélago. En 1790, con la firma del tratado de San Lorenzo de El Escorial, Gran Bretaña se comprometió a no formar ningún establecimiento en las costas de América Meridional ni en las islas adyacentes ya ocupadas por España, cuál era el caso de las Malvinas; no obstante los ingleses fueron rechazados en dos oportunidades, en 1806 y 1807, en su intento de invadir Buenos Aires. La sucesión de gobernadores españoles en las Islas Malvinas, 32 en total, fue continua hasta 1811.
A partir de la Revolución de Mayo de 1810, las Islas Malvinas fueron consideradas por los primeros gobiernos argentinos como parte integrante del territorio heredado de España. En 1820, el Coronel de la Marina argentina David Jewett tomó posesión de su cargo en las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en un acto llevado a cabo públicamente en Puerto Soledad, ante loberos y balleneros de varias nacionalidades, entre ellos estadounidenses y británicos. La noticia fue publicada en medios de EEUU y del Reino Unido (diario Times de Londres del 3 de agosto de 1821). Pese a la publicidad del acto llevado a cabo por la Argentina, ni en esa ocasión ni más tarde en el proceso de reconocimiento del Estado argentino, que culminó con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825, Gran Bretaña formuló manifestación alguna de eventuales pretensiones sobre las Malvinas.
Después de haber mantenido silencio por más de medio siglo desde el episodio fugaz de Puerto Egmont, y luego de haberse sucedido sin oposición alguna administraciones españolas y argentinas en las Islas Malvinas, es recién en noviembre de 1829 que el Reino Unido, en el marco de un renacimiento de su interés estratégico en el Atlántico Sur, presentó una protesta contra la decisión del 10 de junio de ese año. Poco tiempo después, el 3 de enero de 1833, una corbeta de la Marina Real británica por un acto de fuerza expulsó a las autoridades argentinas que se negaron a reconocerle autoridad alguna. Este acto, llevado a cabo en tiempo de paz, fue inmediatamente rechazado y protestado por las autoridades argentinas. El 22 de enero de ese mismo año, el Ministro de Relaciones Exteriores argentino presentó una protesta formal ante el funcionario británico, que fue renovada y ampliada en reiteradas oportunidades por el representante argentino en Londres. Las reiteradas presentaciones argentinas ante el Gobierno británico tropezaron invariablemente con respuestas negativas.
La cuestión quedó pendiente y así lo reconoció el Secretario de Asuntos Extranjeros británico en 1849 en una comunicación oficial. Por el lado argentino, la cuestión continuó planteándose a distintos niveles del gobierno y fue objeto de debates en el Congreso de la Nación. En 1884, ante la falta de respuesta a las protestas, la Argentina propuso llevar el tema a un arbitraje internacional, lo cual también fue rechazado por el Reino Unido sin dar razones. Los sucesivos gobiernos argentinos continuaron presentando, sin éxito, protestas ante el Reino Unido y realizando en cada oportunidad propicia, y en los organismos internacionales, las presentaciones y reservas en defensa y preservación de sus derechos de soberanía sobre los archipiélagos disputados.
El pueblo y Gobierno argentinos ratifican hoy el mandato histórico reflejado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, de su permanente e irrenunciable determinación de recuperar por la vía pacífica de las negociaciones diplomáticas el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
