Se celebra en estas fechas el XI Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana de la Chiquitanía, una de las citas musicales más descollantes de Bolivia, ejemplo de la gran riqueza cultural de los pueblos chiquitanos, y memoria viva de la fecunda fusión entre la cultura europea e indígena.

La provincia Chiquitos fue el primer escenario del encuentro de las culturas nativa y española. En este territorio se fundó Santa Cruz de la Sierra en 1561. En 1691, el gobernador encomendó a la Compañía de Jesús la administración de la provincia, y el 31 de diciembre, el padre José de Arce fundó la misión de San Xavier, con la que comenzó el proceso misionero. A esta reducción jesuítica siguieron otras como San Rafael, San José, Concepción o San Ignacio de Velasco; en total 11 misiones, cerrándose el ciclo fundacional en 1760. A lo largo de este periodo, los chiquitanos se convirtieron en magníficos artesanos, pero sobre todo llegaron a ser excepcionales músicos, que reescribieron y adaptaron las armonías europeas de Victoria, Bach o Vivaldi, creando composiciones propias de gran significación artística e histórica.

La Cooperación Española dio inicio en 1997 a un intenso trabajo en la región chiquitana para desarrollar su extraordinario legado cultural a través de su Programa Patrimonio para el Desarrollo. Uno de los ámbitos más destacados de ese esfuerzo fue justamente el musical, en atención a las partituras llegadas hasta nosotros. Fue así como se inició la restauración de las partituras del Archivo Misional de Concepción entre 2007 y 2008, que permitió preservar miles de páginas que el musicólogo suizo Hans Roth había ido rescatando de manera incansable en algunas de las históricas misiones jesuíticas desde 1972. Nació así, en Bolivia, uno de los más importantes archivos de música barroca-misional del mundo.

El camino fue tan laborioso como ilusionante. En 2007, la Agencia Española de Cooperación Internacional  para el Desarrollo (AECID) impulsó un acuerdo entre diversas instituciones para abordar un proceso ambicioso: restaurar cerca de 3.000 partituras y consolidar un taller de restauración especializado. La AECID y las autoridades departamentales y municipales de Santa Cruz y Concepción, así como la Corporación Andina de Fomento, la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) y el Plan Misiones pusieron en común sus recursos para hacer realidad esta importante iniciativa. El trabajo fue desarrollado al amparo del Programa de Escuelas Taller de la Cooperación Española.

Los resultados de este trabajo fueron extraordinarios. Se recuperaron muchas partituras a las que la usura del tiempo iban despojando de sus pentagramas, borrando sus notas, difuminando corcheas y claves, facilitando de este modo los trabajos posteriores de investigación que desarrollaron musicólogos insignes como el polaco Piotr Nawrot. Gracias a ello, emergió de nuevo un maravilloso repertorio de óperas, motetes, cantatas, madrigales y oratorios, sobre los cuales se edificaron los festivales de música que hoy hacen nuestro deleite.

España ha desplegado en esta tarea un esfuerzo cargado de ilusión. No solo la recuperación musical ha favorecido la identidad cultural del pueblo chiquitano y ha contribuido a su desarrollo, sino que además ha permitido sacar a la luz la extraordinaria labor que los jesuitas españoles y de otros países europeos desarrollaron en la región chiquitana, valiéndose de la música como instrumento. La acogida que esta fórmula tuvo entre las poblaciones indígenas fue extraordinaria y ha perdurado hasta hoy. De aquella “utopía cristiana en el oriente boliviano”, en palabras de Mariano Baptista Gumucio, brotó una tradición melómana viva y poderosa. La proliferación de orquestas e intérpretes que hoy admiramos en la Chiquitanía expresa la poderosa vitalidad de la semilla plantada hace años para devolver a la vida música de inmarcesible belleza, dormida desde hacía siglos en las misiones jesuíticas.

España profesa hacia esta obra admirable de la historia, la cultura y el desarrollo comunitario chiquitano un especial cariño. Por ello, con cada edición del festival de música, grupos españoles acuden, con sus instrumentos antiguos, a dar nueva vida a las partituras salvadas del naufragio del tiempo y del olvido. Y este año, además, coincidiendo con el festival, la AECID desea unir sus esfuerzos a la conmemoración del 300 aniversario de la muerte del músico español Sebastián Durón (1660-1716) mediante la publicación de una investigación sobre la obra de este destacado organista, maestro de capilla de Felipe V, y autor de un gran repertorio lírico, cuyo eco también resonó en Bolivia, como lo demuestra el hallazgo de 10 destacadas obras suyas en el Archivo Musical de Sucre. 

Tras muchos años de experiencia, el llamado Plan Misiones impulsado por la Cooperación Española y las instituciones locales y nacionales bolivianas, sigue proyectando sus efectos en el desarrollo humano, social y cultural de una región única de Bolivia, y mostrando la originalidad de su modelo de gestión cultural, que sitúa a la cultura como un factor decisivo para el desarrollo y el ejercicio de los derechos culturales. Y yo, personalmente, como melómano irremisible, celebro que el noble arte de la música ocupe en este proceso el gran lugar de honor que le corresponde.
 

El 11 de noviembre se cumplieron 25 años desde el nacimiento de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). Su creación marcó en su momento un hito fundamental en la institucionalización del sistema español de cooperación.

Los logros alcanzados en estas dos largas décadas han sido muy importantes, no siendo el menor el alumbramiento de una potente cultura de la cooperación internacional en la sociedad española y en sus diferentes administraciones. Veinticinco años después, se hace preciso no sólo hacer balance, sino también diseñar un nuevo camino ante las realidades actuales.

Nos encontramos, en primer lugar, ante un mundo diferente al del pasado siglo. Las situaciones particulares de cada país han variado enormemente, pero sobre todo asistimos a la emergencia de nuevos factores globales que condicionan por completo la cooperación internacional: el cambio climático, los bienes públicos globales y los nuevos enfoques de derechos (agua, salud, libertad de elección, seguridad) dibujan un nuevo escenario.

A estos cambios se suma, en segundo lugar, un vibrante debate sobre los contenidos generales del desarrollo, al que la AECID no es ajena: la apropiación y alineación con las políticas de los países socios, la gobernanza general del sistema internacional y los enfoques, roles y actuaciones de los diversos actores. Se trata en suma de evaluar no sólo los resultados, sino también evitar la autosatisfacción y exigir una mayor coherencia y eficacia de las políticas de desarrollo aplicadas hasta la fecha. La finalización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la elaboración de una nueva agenda post 2015 marcan sin duda un punto de partida oportuno para este ejercicio.

En el caso de América Latina, la cooperación internacional tiene aún un papel importante que jugar. Sin dejar de valorar los cambios trascendentales ocurridos durante las últimas décadas, persisten importantes desafíos en el ámbito de la institucionalidad, la consolidación democrática, la financiación de los bienes públicos globales, el reparto del excedente del crecimiento económico y la igualdad social y cultural, que interpelan a todos los actores públicos y privados. La cooperación española no es ajena a ello y por tanto ha tratado de impulsar en los últimos tiempos un proceso de renovación de enfoques y orientaciones que han quedado plasmados en el IV Plan Director 2013-2016. Este documento expresa en definitiva un conjunto de propuestas innovadoras para adaptar la gestión a los cambios habidos tanto en España como en el contexto regional, superando el clásico modelo donante norte-sur para incidir en la eficacia de la cooperación y en los modelos sostenibles de desarrollo.

A lo largo de los 25 años transcurridos desde su creación, la AECID ha afianzado su presencia en Bolivia, desplegando una extensa cobertura geográfica y sectorial en ámbitos como la gobernabilidad democrática, los derechos humanos, el desarrollo productivo, la educación o la cultura, comprometiendo múltiples recursos humanos, económicos y técnicos, siempre enmarcados en los objetivos generales y las prioridades específicas del país.

La ocasión es propicia para realizar con nuestros socios en Bolivia un balance de la experiencia acumulada, compartiendo las lecciones aprendidas. Esto permitirá establecer recomendaciones para mejorar nuestra presencia institucional, y elevar la calidad de las relaciones con las autoridades. El caudal de experiencia en Bolivia es extraordinario y la red de intereses tejidos con la sociedad e instituciones bolivianas muy extensa, una herencia que es preciso preservar de cara al futuro.

Bolivia ha cambiado en estos últimos años para mejor, y se encuentra en una situación en la que la Cooperación Española puede jugar un papel para contribuir a alcanzar las metas de sus ciudadanos, animados ahora por el horizonte  de la Agenda Patriótica 2025. En la tesitura actual, España ambiciona por encima de todo trabajar con los hombres y mujeres bolivianos para ayudar a alumbrar un futuro compartido: el de una Bolivia cada vez más próspera, democrática y plenamente soberana a la hora de elegir su propio camino en el mundo.

Cuando se aborda el problema colonial de Gibraltar hay quienes comienzan por invocar el Tratado de Utrecht de 1713 o la Guerra de Sucesión. Para muchos, estas invocaciones les produce confusión: Utrecht, 1713… qué lejos queda todo eso.

Volvamos al presente: Gibraltar, año 2013, territorio colonial, 6 km2, 28.000 habitantes, enclavado en el sur de España, bajo soberanía del Reino Unido, y que figura en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Ahora sí se entiende mejor. Nos encontramos ante una anomalía territorial en pleno siglo XXI, que sólo la negociación y el derecho deben resolver con fórmulas del siglo en que vivimos.

La doctrina de las Naciones Unidas sobre Gibraltar es clara y meridiana. La Resolución 2429 de la Asamblea General de la ONU pide al Reino Unido como potencia administradora que ponga término a la situación colonial de Gibraltar, y establece que dicha situación es contraria a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. La misma Asamblea General en su Resolución 2353 establece que toda situación colonial que destruya parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país, como es el caso de Gibraltar, es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

España, como todo país respetuoso de la legalidad internacional, y que fía a la labor de las Naciones Unidas la consecución de un mundo más justo regido por los principios del derecho, se encuentra confiada acerca del buen fundamento de su reclamación sobre Gibraltar. Y desde luego, está siempre dispuesta a acatar los mandatos de las Naciones Unidas, que han establecido de manera taxativa que la situación colonial de Gibraltar debe finalizar por medio de un proceso negociado. El actual Gobierno español, como otros en el pasado, busca retomar con el Reino Unido la negociación bilateral sobre las cuestiones de soberanía. Confía en el reinicio de estos contactos y en los frutos que pueda arrojar una negociación de buena fe entre países aliados en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica. Pero al hablar de Gibraltar no tratamos sólo de soberanía, también hablamos de conductas diarias y cotidianas que afectan a la vida de hombres y mujeres. Detengámonos un instante en esas cuestiones.

Hace unas semanas, en el momento álgido del verano mediterráneo, y en las azules aguas de la bahía de Gibraltar, las autoridades de la colonia lanzaban 70 bloques de hormigón armado. Objetivo: hacer imposible el trabajo de los pescadores españoles que faenan en dichas aguas desde hace siglos. España, que no tiene ninguna duda acerca de su soberanía sobre dichas aguas, correspondientes al “istmo” de Gibraltar, franja de tierra que une la colonia con el territorio español (nunca cedida por el Tratado de Utrecht), protestó enérgicamente por esta acción insólita. Pero es que además el lanzamiento de bloques constituyó una violación de las más elementales reglas de conservación medioambiental, en unos caladeros que suponían el 25% de la actividad de unos pescadores que ahora han perdido su secular medio de vida.

Si grave fue la acción de arrojar bloques al mar, no lo son menos otras prácticas que han encontrado en el peñón de Gibraltar una acogida preocupante. Qué decir de la nociva actividad del bunkering en las aguas colindantes a Gibraltar (trasvase de petróleo entre buques fondeados en alta mar), que conlleva importantes riesgos medioambientales en materia de vertidos en una de las zonas de mayor tráfico mercante del mundo. La lista de actividades nocivas para España no termina ahí. Son numerosos los diversos tráficos ilícitos desde el territorio gibraltareño. Gibraltar no pertenece al territorio aduanero de la Unión Europea,  y esta circunstancia (no se aplica el régimen común del IVA e impuestos especiales) ha venido favoreciendo el vertiginoso incremento del contrabando, entre otros de tabaco, como demuestra el hecho de que entre 2010 y 2012 las aprehensiones de cajetillas de cigarrillos hayan aumentado en un 213%.

Ello nos lleva a otras de las grandes anomalías que plantea Gibraltar: la existencia de un régimen fiscal caracterizado por su opacidad, especialmente en al ámbito del impuesto de sociedades. Según datos de la hacienda británica, Gibraltar cuenta con 21.770 sociedades registradas, de las cuales sólo un 10% paga impuestos. Dado que la población de Gibraltar es de aproximadamente 28.000 personas, es obvio que gran parte de estas sociedades están constituidas por personas no residentes en Gibraltar que buscan la evasión fiscal a través de la deslocalización de sociedades. España ha denunciado ante la Comisión Europea las anomalías del régimen fiscal societario, con rasgos de paraíso fiscal, lo que preocupa incluso en ámbitos como el del G20 o del G8.

En el ámbito nacional, el Gobierno español también está desarrollando medidas para combatir el fraude fiscal originado en Gibraltar, tanto a través de sociedades “pantalla” gibraltareñas que ocultan la verdadera titularidad de más de 3.000 inmuebles radicados en España, como de los más de 6.700 gibraltareños que mantienen su residencia real (pero no fiscal) en territorio español. Estos ciudadanos se benefician de nuestros servicios sociales e infraestructuras sin haber contribuido a los mismos. Todo ello muestra que el supuesto “modelo económico de baja tributación y libre comercio” gibraltareño es una tapadera para dar cobijo a los que buscan evadir impuestos, violando la ley. Estos incumplimientos son suficientemente ilustrativos aunque no son los únicos.

España considera al Reino Unido un país amigo y aliado. Pero en toda amistad es necesario cultivar la confianza y gestionar los conflictos con respeto a la legalidad internacional, europea y nacional. España apoya su posición en la doctrina de Naciones Unidas: Gibraltar es un territorio no autónomo incluido en la lista de territorios dependientes por el propio Reino Unido, y para los cuales las Naciones Unidas prevén un camino claro que ponga fin a su situación de dependencia colonial. Las solas armas de la negociación y la ley son las armas de España. Y mientras tanto seguirá vigilando los tráficos entre Gibraltar y España, ejerciendo controles obligatorios, plenamente adecuados al código de fronteras Schengen (Gibraltar no pertenece al espacio Schengen) y guiados exclusivamente por los principios de aleatoriedad, proporcionalidad y no discriminación.

Y volvamos al principio: Gibraltar es fruto de un hecho histórico que afecta a la integridad territorial de España. Abordarlo desde la negociación, el diálogo, con visión política de amplio aliento, y al amparo de las resoluciones de Naciones Unidas es la única opción realista. España, hoy como ayer, ofrece su mano tendida.

Es embajador de España en Bolivia.

El mundo globalizado actual se caracteriza por un fuerte sentido de la competencia entre países, empresas e individuos. De ahí que los diferentes actores busquen reflejar una imagen específica, que les sitúe con un perfil propio en el mercado internacional. El elemento reputación referido a un país tiene en consecuencia una importancia decisiva, ya que incide en el bienestar moral y material de los países y de los individuos. De ahí la importancia de conformar una marca-país fuerte, que repose sobre el consenso de la sociedad en torno a una serie de valores con los que los actores públicos y privados se sienten identificados.

En el caso de España, la marca-país agrupa gran variedad de elementos de naturaleza diversa, que permiten conformar una personalidad nacional propia y una percepción internacional nítida. Es cierto que en ocasiones el concepto de marca posee un matiz mercantil, que no hace justicia a la verdadera dimensión de un país como España fruto de una historia milenaria. La coyuntura actual, marcada por la crisis económica, y un cierto pesimismo son, en parte, responsables de este desajuste. Se impone por tanto realizar un esfuerzo para conformar una imagen real, alineada con la verdadera situación, con sus luces y sombras, que no es la que el pesimismo actual transmite, que deseche errores de percepción, a menudo fruto de una deficiente comunicación.

El posicionamiento de España como país debe integrar un activo indudable como es el tener una democracia avanzada, una sociedad plural, una cultura universal y una economía muy internacionalizada, con empresas y marcas comerciales líderes en sectores de gran de- sarrollo tecnológico, como infraestructuras, energías renovables, telecomunicaciones, ciencias biomédicas, moda, diseño y un largo etcétera. Este esfuerzo debe brotar de la superación de un cierto ensimismamiento provocado por los problemas actuales. Como diría el filósofo español Ortega y Gasset, el hombre es técnico y eso le permite cambiar su entorno conforme a su conveniencia. Llegados a este punto, es menester que los ciudadanos recuperen la fe en sí mismos y proyecten hacia fuera la imagen propia con caracteres positivos.

España tiene ante sí un desafío de grandes proporciones. Se trata de algo tan simple como restablecer su reputación mediante la puesta en valor de los logros que ha sabido alcanzar (infraestructuras, empresas, I+D+i), pero cuya conexión con el país, a través de su marca, se ha debilitado. Y tiene que hacerlo sin ignorar los valores que siempre han sido definitorios de su personalidad y que, en el mundo de hoy, son particularmente apreciados: el arte de vivir, o, si se me permite, “el vivir bien”, para utilizar una terminología cara al lector boliviano.      

Restablecer la reputación de un país implica integrar en su proyección exterior los elementos que le dotan de personalidad y le prestan una ventaja comparativa. Se debe resaltar esas ventajas como país (lengua española, derechos civiles, igualdad ante la ley; sectores en los que es líder: gastronomía, moda, turismo, energías renovables, telecomunicaciones o ingeniería) y, a partir de este ejercicio, definir con mayor acierto la imagen de España, que, a estas alturas de nuestra historia, todos sabemos que es algo más que una marca. La crisis económica ha provocado efectos negativos sobre nuestra imagen, pero esta situación es coyuntural y sus efectos no afectan a su valor permanente.

La Marca España no quiere vender humo, sino dar a conocer realidades y poner de manifiesto los ámbitos en los que España destaca, así como sus posiciones de liderazgo. Permítaseme respaldar algunas de estas fortalezas con datos objetivos. Con un Producto Interior Bruto de $us 1.340.266 millones (FMI, 2012), España es la cuarta economía de la Eurozona y la decimotercera del mundo, y cuenta con múltiples multinacionales que encabezan las clasificaciones internacionales. España cuenta con seis de las diez principales empresas de gestión de infraestructuras del mundo (Abertis, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y SACYR), siendo Abertis la que más kilómetros de autopista gestiona: 7.000. En el sector eléctrico, las empresas españolas destacan por su labor pionera en energías renovables: IBERDROLA, primer productor de energía eólica del mundo y, para dar un ejemplo más cercano a Bolivia, la primera empresa eléctrica de Brasil por número de clientes. ACCIONA, número uno del mundo en construcción de parques eólicos. ISOLUX, primera empresa mundial en términos de energía fotovoltaica instalada. Para citar otros sectores, basta señalar que el 60% de las aeronaves del mundo utilizan sistemas de navegación o de gestión de tráfico aéreo diseñados por INDRA, o que la empresa líder a nivel global en el sector textil, INDITEX (Zara), referente mundial en el ámbito de la gestión y logística, abrió en diciembre de 2012 su tienda número 6.000.

Los éxitos de España en muchos sectores se basan en sus fortalezas intrínsecas. Así, España cuenta con la primera cadena de hoteles vacacionales del mundo (Hoteles Meliá, 350 establecimientos) y es el segundo destino del mundo en términos de visitantes extranjeros recibidos (57,7 millones en 2012), ello se debe no sólo a la hospitalidad de su gente, sino también a su riqueza natural, a su gastronomía puntera y, sobre todo, a su inmensa riqueza cultural e histórica, que, con 53 bienes declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco, nos convierte en el segundo país del mundo en este ámbito. Lo mismo se puede decir de ese idioma que nació hace un milenio en un rincón de Castilla y que hoy compartimos en pie de igualdad más de 495 millones de personas, distribuidas por varios continentes. La pertenencia a la segunda comunidad lingüística del mundo supone una importantísima baza para todos nosotros, y facilita a diario los flujos culturales, científicos, económicos y migratorios entre España y América Latina.

Si hay algo que ha caracterizado a los españoles a lo largo de su historia es su capacidad de superación y espíritu de sacrificio. Esto se puede apreciar de manera cotidiana en una de las manifestaciones de la cultura popular de hoy: el deporte. Son éstas las virtudes que han permitido a España convertir a sus  selecciones nacionales en campeonas del mundo en fútbol, baloncesto y balonmano, entre otros. Pero también hemos sabido convertir el talento en modelos de gestión, como demuestran el Real Madrid y el Barcelona, no sólo magníficos equipos de fútbol, sino también verdaderos portentos comerciales que generan a la vez ilusión para millones y trabajo y prosperidad para miles.

Todos estos datos son importantes. Pero España no es sólo una marca: es algo más. Se trata de una sociedad moderna, que ha construido una democracia avanzada, que no oculta sus problemas sino que los afronta, integrada en una Europa de la que se siente vector activísimo de su proceso de integración, que lucha por construir una sociedad cohesionada e igualitaria, con relaciones intensas con áreas del mundo determinantes como América Latina, el mundo árabe o el Mediterráneo; y con miles de españoles implantados en todos los continentes. Y, finalmente, con una vocación universal que le lleva a conocer y querer entender un mundo hacia el que extiende sus lazos de solidaridad, respeto y cooperación, como uno más de los actores de la nueva sociedad internacional emergente, en la que todos estamos aprendiendo a convivir en paz e igualdad.  

Los días 16 y 17 de noviembre se celebra, en la ciudad andaluza de Cádiz, la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, bajo el lema “Una relación renovada en el Bicentenario de la Constitución de Cádiz”. Se trata así de aprovechar el bicentenario de esa memorable Constitución, redactada conjuntamente por europeos y americanos, para dar un nuevo impulso a la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Los principios y valores plasmados de forma innovadora en aquel ambicioso texto, que sentó las bases del moderno constitucionalismo en ambos hemisferios, son los referentes que nos guían hoy. Principios como la democracia, la libertad de opinión y de prensa, y la soberanía nacional, así como el noble anhelo por forjar una sociedad más justa y progresista, siguen constituyendo valores compartidos de todas las naciones que conforman nuestra Comunidad.

El acervo de las Cumbres Iberoamericanas desde su génesis en 1991, en la Cumbre de Guadalajara (México), es ciertamente excepcional. En su dimensión política, se trata de un foro privilegiado de concertación, una oportunidad única para que los jefes de Estado y de Gobierno interactúen, intercambien opiniones y concreten posiciones que pueden marcar la agenda global. Pero también en el ámbito de la cooperación al desarrollo se ha generado una masa crítica de proyectos, que ha conseguido logros concretos y tangibles, con un impacto real sobre los ciudadanos. Se trata asimismo de una cooperación de una naturaleza novedosa, que ha superado el enfoque tradicional asistencialista, fortaleciendo la cooperación Sur-Sur y triangular en pie de igualdad entre todas las naciones participantes. En la actualidad disponemos de 23 programas, seis proyectos y una iniciativa iberoamericana en el ámbito de la cooperación al desarrollo, entre los que podemos destacar, por mencionar sectores de particular sensibilidad para Bolivia y su Gobierno, el Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas, así como el Programa Iberoamericano del Agua.

Al tratarse de una Comunidad con un fuerte contenido cultural y lingüístico, no debemos olvidar los logros del llamado Espacio Cultural Iberoamericano,  que se ha ido forjando a lo largo de las dos últimas décadas. Entre sus múltiples iniciativas podemos citar, por el particular protagonismo de Bolivia, el Programa Ibermedia, dirigido a fomentar la coproducción y distribución de películas de cine y televisión; y el Programa Iberescena, que promueve el intercambio en el ámbito del Teatro y la Danza, mediante el fomento de programas transnacionales de formación y de coproducciones. Se trata en suma de un ingente esfuerzo por crear una verdadera comunidad de inteligencia, de conocimiento y de talentos, preparada para afrontar los retos del siglo XXI.

Desde el punto de vista político, la Cumbre Iberoamericana de Cádiz tiene lugar en un momento de grandes transformaciones para Iberoamérica por su dinamismo económico, su profundización democrática y los avances en la integración regional. Por este motivo, el encuentro constituye una oportunidad única para dar un impulso renovado a las cumbres y para reforzar la relación entre los países iberoamericanos. La Cumbre de Cádiz persigue fortalecer las herramientas de integración y de cooperación de la Comunidad Iberoamericana, a fin de impulsar su presencia relevante en la economía y las relaciones internacionales, aprovechar las oportunidades que ofrecen sus vínculos privilegiados con otras áreas del mundo, y participar en un proceso de crecimiento conjunto que dé respuesta a los problemas reales de los ciudadanos en materia de bienestar, empleo y cohesión social.

Esta vocación innovadora en lo político, modernizadora en lo económico y progresista en lo social y cultural que caracteriza a la Comunidad Iberoamericana se ve plasmada en la agenda de la Cumbre de Cádiz, que dedica especial atención al fortalecimiento, al diálogo y a la concertación de las políticas de crecimiento económico, para reducir la pobreza, favorecer la igualdad de oportunidades y estimular la creación de empleo. La Cumbre, al igual que hicieron las múltiples reuniones ministeriales que la han precedido, se centra en cuatro grandes ejes: el crecimiento económico al servicio de los ciudadanos; el desarrollo de infraestructuras en los ámbitos del transporte, las telecomunicaciones, la energía y el uso del agua; la promoción de la pequeña y mediana empresa, como motor de crecimiento y generación de empleo; y el fortalecimiento institucional para favorecer el crecimiento económico y la cohesión social. Así, se conforma una agenda al servicio de los ciudadanos, que será tratada por nuestros líderes amistosamente y dentro del espíritu de absoluta igualdad soberana que caracteriza a nuestra Comunidad.

El compromiso de Bolivia con este esfuerzo colectivo merece nuestro aplauso. La XIII Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar los días 14 y 15 de noviembre de 2003 en Santa Cruz de la Sierra, bajo el lema “La inclusión social, motor del desarrollo de la Comunidad Iberoamericana”, sigue constituyendo todo un hito en nuestro proyecto colectivo. Por ello me permito recordar que fue en suelo boliviano donde nuestras máximas autoridades reconocieron solemnemente que “la lucha contra la pobreza es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de nuestros Estados”, a la vez que reiteraron el propósito común de “seguir fortaleciendo la Comunidad Iberoamericana de Naciones como foro de diálogo, de cooperación y de concertación política, profundizando los vínculos históricos y culturales que nos unen, admitiendo, al mismo tiempo, los rasgos propios de cada una de nuestras múltiples identidades que nos permiten reconocernos como una unidad en la diversidad”. Bolivia, gracias a su esfuerzo en pro de una sociedad plural, más justa y equitativa, y sensible como pocas a los valores de la no discriminación, el medio ambiente, la promoción de los pueblos originarios o el desarrollo comunitario, tiene una voz propia que hacer oír en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana.

Quiero aprovechar esta tribuna para agradecer a las autoridades bolivianas pasadas y presentes, y muy concretamente al presidente Morales, sus valiosas contribuciones a este esfuerzo colectivo. Gracias a ello se ha logrado realzar el lugar que ocupa Bolivia en el seno de la Comunidad Iberoamericana, así como potenciar el papel de ésta en el mundo. Será con brazos abiertos y con un fraternal abrazo que el rey Juan Carlos I y el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, recibirán al presidente Morales y al canciller Choquehuanca en Cádiz, para tratar en pie de igualdad los desafíos del futuro iberoamericano.

Como declaró recientemente el rey Juan Carlos, “queremos que de Cádiz todos salgamos más unidos como comunidad, mejorando los mecanismos de diálogo entre nosotros e incrementando la interacción y la cooperación entre nuestros gobiernos”. Ello deberá servir para fortalecer nuestra cohesión como Comunidad. En la era de la globalización, debemos ser exigentes con nosotros mismos y desplegar todos nuestros esfuerzos para que la Comunidad Iberoamericana sea un actor de personalidad propia en las relaciones internacionales, capaz de aportar análisis, visión y proyectos a los desafíos del mundo actual.