Fruto de la nacionalización de los hidrocarburos, Bolivia retoma el control de la cadena productiva del gas natural y define un escenario estable de exportación del energético. La exportación de gas natural a la sexta economía del planeta (Brasil) hasta 2019 y a la segunda economía de Sudamérica (Argentina) hasta 2026 proyecta a Bolivia como motor energético del continente, por su favorable localización geopolítica. Esta venta, además, permitió recaudar al Estado boliviano 6.089 millones de dólares en 2014.

La decisión histórica y soberana del pueblo boliviano de industrializar el gas natural en la guerra de octubre de 2003 resultó preponderante para la extracción de las riquezas líquidas (etano, propano, butano, etc.) de este carburante. La reinversión de los recursos de la exportación ha permitido la construcción de plantas separadoras en Santa Cruz y Tarija, como resultado, el país pasó de ser importador a exportador de gas licuado de petróleo (GLP).

Actualmente el GLP excedente (120 toneladas métricas diarias, tmd) de la planta separadora de Río Grande se comercializa a las naciones vecinas de Paraguay, Perú y Uruguay; venta que ha generado 38 millones de dólares de ingresos para el Estado hasta la actualidad. Y en la gestión 2015 se prevé exportar aproximadamente 2.000 tmd de GLP producidas en la planta de Gran Chaco.

El cambio de la matriz energética, junto al incremento productivo en Bolivia, ha permitido un aumento de la demanda de gas natural, que ha pasado de 14% en 2005 a 21% en 2014, siendo el segundo combustible energético más utilizado en el país en la actualidad.   

En el ámbito de la energía eléctrica, la capacidad de generación para 2005 era de 1.037 megavatios (MW) y actualmente es de 1.642 MW, lo que representa un incremento sustancial del 55,5%; mientras que el consumo de energía eléctrica ha crecido solamente en 34,8%, hasta poco más de 1.250 MW.

La inercia de la industrialización de los hidrocarburos en Bolivia promueve la capacitación de talento humano para completar el triángulo virtuoso de poseer materias primas, financiamiento y ahora el personal capacitado. Por iniciativa del presidente Morales se enviarán a 100 jóvenes a capacitarse en las mejores universidades del mundo en sectores estratégicos como hidrocarburos, recursos evaporíticos, nuclear, eléctrico, etcétera.

Con estas medidas se prevé profundizar las potencialidades energéticas para consolidar a Bolivia como país exportador de energía.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba muestra un atisbo de la culminación de la Guerra Fría, pero la batalla económica entre Arabia Saudita y EEUU, respecto a la producción de crudo a través de reservorios convencionales y no convencionales, junto a la pulseta geopolítica entre Rusia y Occidente, han provocado la caída del precio del petróleo.

El hecho de que el petróleo se utilice como estrategia en políticas externas no es algo nuevo. La novedad es el tipo de reservas hidrocarburíferas que ahora entran en juego, como las no convencionales (shale oil). Esta tecnología (pirolisis, hidrogenación y disolución térmica) aplicada por EEUU en Eagle Ford, a pesar de los sismos que podrían generarse debido a la energía inyectada debajo de la superficie, tiene un costo aproximado por barril (WTI) de $us 60, pero las empresas operadoras continuamente reducen el costo incluso hasta $us 50, lo que genera una idea del precio a doblegar mediante una sobreproducción, superando los 30 MM de barriles día de los países miembros de la OPEP, a fin de volver inviable el shale oil de EEUU en 2015.

El precio antes mencionado constituye un “castigo” para los países exportadores de hidrocarburos y una oportunidad de crecimiento para los importadores. Bolivia no es un país exportador de crudo, pero el precio del gas natural está indexado a la cotización de los derivados del petróleo (fuel oil y diésel). Debido a que el precio del gas natural de exportación es determinado de manera trimestral para Brasil y semestralmente para la Argentina, la caída abrupta del precio del crudo no afecta de manera inmediata a las recaudaciones del TGN; adicionalmente los actuales precios del petróleo desaceleran las inversiones planificadas en el Presal de Brasil a 7.000 metros debajo del mar, y en Vaca Muerta, en Argentina, mediante fracking.

Al ser el sector de hidrocarburos fundamental en la distribución de recursos en Bolivia, es que de manera responsable se prevé una mayor inversión pública que supere los $us 6.100 MM para contrarrestar cualquier efecto negativo en la economía, fortaleciendo el motor de la demanda interna, y así garantizar un crecimiento cercano al 5,9%, tomando como factor favorable la reducción del valor de la subvención a la gasolina y el diésel, estimada en $us 450 MM.

Con los precios actuales del petróleo, el reto se plantea para la gestión 2016, de generar un crecimiento estable y constante en el sector como el alcanzado hasta ahora. La respuesta es la industrialización. Con la exportación de urea desde Cochabamba diversificaremos las exportaciones con mayor valor agregado a partir del gas natural, lo que es clave para sobrellevar los precios cíclicos de las materias primas.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba muestra un atisbo de la culminación de la Guerra Fría, pero la batalla económica entre Arabia Saudita y EEUU, respecto a la producción de crudo a través de reservorios convencionales y no convencionales, junto a la pulseta geopolítica entre Rusia y Occidente, han provocado la caída del precio del petróleo.

El hecho de que el petróleo se utilice como estrategia en políticas externas no es algo nuevo. La novedad es el tipo de reservas hidrocarburíferas que ahora entran en juego, como las no convencionales (shale oil). Esta tecnología (pirolisis, hidrogenación y disolución térmica) aplicada por EEUU en Eagle Ford, a pesar de los sismos que podrían generarse debido a la energía inyectada debajo de la superficie, tiene un costo aproximado por barril (WTI) de $us 60, pero las empresas operadoras continuamente reducen el costo incluso hasta $us 50, lo que genera una idea del precio a doblegar mediante una sobreproducción, superando los 30 MM de barriles día de los países miembros de la OPEP, a fin de volver inviable el shale oil de EEUU en 2015.

El precio antes mencionado constituye un “castigo” para los países exportadores de hidrocarburos y una oportunidad de crecimiento para los importadores. Bolivia no es un país exportador de crudo, pero el precio del gas natural está indexado a la cotización de los derivados del petróleo (fuel oil y diésel). Debido a que el precio del gas natural de exportación es determinado de manera trimestral para Brasil y semestralmente para la Argentina, la caída abrupta del precio del crudo no afecta de manera inmediata a las recaudaciones del TGN; adicionalmente los actuales precios del petróleo desaceleran las inversiones planificadas en el Presal de Brasil a 7.000 metros debajo del mar, y en Vaca Muerta, en Argentina, mediante fracking.

Al ser el sector de hidrocarburos fundamental en la distribución de recursos en Bolivia, es que de manera responsable se prevé una mayor inversión pública que supere los $us 6.100 MM para contrarrestar cualquier efecto negativo en la economía, fortaleciendo el motor de la demanda interna, y así garantizar un crecimiento cercano al 5,9%, tomando como factor favorable la reducción del valor de la subvención a la gasolina y el diésel, estimada en $us 450 MM.

Con los precios actuales del petróleo, el reto se plantea para la gestión 2016, de generar un crecimiento estable y constante en el sector como el alcanzado hasta ahora. La respuesta es la industrialización. Con la exportación de urea desde Cochabamba diversificaremos las exportaciones con mayor valor agregado a partir del gas natural, lo que es clave para sobrellevar los precios cíclicos de las materias primas.

La planta de Urea que se está construyendo en Bulo Bulo, Cochabamba, con una inversión de aproximadamente 862 millones de dólares, una vez que inicie su producción contribuirá con dos pilares fundamentales de la economía nacional.

El primero apunta a fortalecer el objetivo estratégico del desarrollo rural, promoviendo el desarrollo de la innovación científica para la producción agropecuaria. Este fortalecimiento se obtiene de forma integral y sustentable a los factores y condiciones de producción, insumos y procesos productivos, proveyendo a los agricultores no solo fertilizantes como la urea, sino también a través de un servicio de posventa para sus productos. Este servicio les permitirá ampliar la frontera agrícola recuperando suelos degradados, con la difusión e internalización de conocimientos y tecnología, elevando así su productividad, priorizando la seguridad y soberanía alimentaria.

En resumen, a) se incrementará el rendimiento por unidad de superficie de los principales cultivos (trigo, soja, arroz,  maíz, quinua, sorgo, tubérculos, entre otros); b) se recuperarán los suelos en degradación debido a la erosión, compactación, salinización y acidificación. Para ello se tiene programado ejecutar medidas y acciones de restauración de la calidad de los suelos, mediante la reposición de los nutrientes como el nitrógeno proveniente de la urea; c) y se promoverá la conservación de suelos para la producción agropecuaria y forestal sostenible y continua, apoyando la política gubernamental de ampliar la frontera agrícola hasta 10 millones de hectáreas rumbo al bicentenario.

El segundo objetivo está orientado al fortalecimiento del Estado y de su población en general, a través de inversión en proyectos sociales y productivos, generando más empleos directos e indirectos e impulsando el ciclo virtuoso del desarrollo de la economía a través de la generación de divisas para el país, con un ingreso anual aproximado de 260 millones de dólares con productos no tradicionales como la minería o hidrocarburos, que permiten al país la diversificación de la economía y la no dependencia de exportar únicamente materia prima.

El contribuir con estos dos pilares de la economía, generando por un lado mayores ingresos en los hogares, y por otro, produciendo alimentos para la población, convierte a este proyecto en el “pan de mañana para los bolivianos”.
 

El objetivo principal de un Estado es dotar a todos sus habitantes de calidad de vida, existiendo índices económicos (IBES, IPR, PIB, etc.) y el acceso a servicios para su cuantificación. Un común denominador de los países del primer mundo con reducida deuda externa es la de tener una mínima tasa de desempleo, ya sea ésta estructural, cíclica, friccional o monetaria. El nombrar enemigo número uno a la pobreza es atacar frontalmente al desempleo, siendo ésta una misión compleja en la que hay que tomar en cuenta muchos factores estatales, privados, nacionales, internacionales, etc.

La inversión pública es uno de los factores gravitacionales para la creación de fuentes laborales, y un claro ejemplo de ello son los más de $us 1.800 millones a ser ejecutados entre 2013 y 2014 en la industrialización de los hidrocarburos. En el pico más alto de la etapa de construcción de las diferentes plantas se necesitarán más de 7.400 trabajadores, y en la etapa de operación se crearán al menos 550 empleos directos.

La masificación de las fuentes laborales se consigue fortaleciendo la cadena industrializadora de generación de productos con valor agregado. Por ejemplo, en una planta petroquímica de tercera generación se logran garantizar cinco veces más empleos que en la petroquímica de primera generación, esto debido a la necesidad de una baja inversión de capital y a la reducción del nivel de capacitación de los recursos humanos. Para complementar la anterior comparación, a modo de ejemplo cabe señalar que en la operación de la planta Separadora de Río Grande de YPFB se necesitan al menos 100 personas capacitadas, siendo ésta una planta de $us 183,7 millones; y en el caso de la planta de tuberías y accesorios para redes de gas natural de la EBIH, con una inversión de $us 14,4 millones, serán necesarias más de 60 personas.

Lo antes mencionado hace que sea importante continuar con todos los eslabones de la cadena industrializadora,  desde la producción de materia prima (ej. polipropileno) hasta su procesamiento (ej. autopartes). La necesidad de capacitación para procesos industrializadores también impulsa la generación de nuevas oportunidades laborales para las empresas (YPFB, EBIH, Epecistas, contratistas, fiscalizadores, etc.). Siendo esta capacitación en su mayoría de carácter técnico, valorándose estudios de posgrado como maestrías y doctorados.

Hay proyectos inherentes a los procesos industrializadores que generan empleos indirectos, por ejemplo, aquellos que contribuyen al traslado de productos terminados con valor agregado, vía terrestre, hídrica o férrea. Este último caso se dará en la comercialización de urea hacia Brasil y Argentina, estando en la construcción operación y mantenimiento de vías de transporte, la creación de un efecto multiplicador a nivel económico.

La industrialización tiene el fin de generar una mayor valor agregado a los recursos naturales, al remplazar la venta de materia prima, lo que finalmente representa mayores ingresos para el Tesoro General de la Nación, con el fin de luchar contra la pobreza, a través de una mayor inversión en educación, salud y acceso a servicios básicos.