La carrera electoral ya comenzó hace tiempo para el MAS. Incluso hay quien afirma que en realidad nunca fue interrumpida, y hay buenos argumentos para sostener que en realidad todas sus acciones siempre han estado orientadas a lograr fines electorales o condiciones propicias para la reproducción de su poder.

Las organizaciones y corrientes opositoras, en cambio, están lejos de contar con estrategias claras, candidatos ciertos y recursos logísticos y financieros suficientes para terciar por el favor ciudadano. Tampoco parecen existir acuerdos sólidos sobre los esquemas de frentes y alianzas, y no está aceptada todavía ninguna fórmula para conformar una eventual candidatura única de oposición. Pero lo que más llama la atención es la indiferencia aparente ante el contenido y alcance de las reglas electorales, entre las cuales la Ley de Organizaciones Políticas ocupa un lugar central. Se conoce que hay un proyecto de ley en preparación, pero no se ha sabido de propuesta alguna planteada y argumentada por parte de cualquiera de las fuerzas opositoras respecto de los temas centrales de dicha norma.

No parece por consiguiente oportuno discutir la realización de elecciones primarias o de una consulta equivalente entre los posibles candidatos de algunas fuerzas de oposición, si es que no se conocen previamente las normas que regirán, por ejemplo, el tema del transfugio político o, en su caso, quién es el titular reconocido de la curul: ¿la organización o el representante elegido? Se podría decir que el asunto está más o menos resuelto en el caso de los diputados uninominales, pero las cosas son mucho más complejas cuando se trata de representantes elegidos en la lista plurinominal.

Además de muchos otros aspectos que se pueden traer a colación en contra del método de las elecciones primarias en Bolivia, habría que reflexionar sobre la conveniencia de replicar experiencias de otros países, donde prevalecen sistemas políticos diametralmente opuestos a la situación imperante en el país. Si las normas electorales son importantes, como se dijo antes, para un ejercicio de elecciones primarias mucho más importante aún es la existencia previa de organizaciones políticas estructuradas, con militancia mínima, órganos directivos, programas conocidos y lealtades consolidadas, entre otras cosas. Si no existen tales organizaciones, no parece pertinente llevar a cabo una consulta popular entre personalidades individuales que no cuentan de antemano con aparatos políticos y equipos humanos especializados que los respaldan y asesoran.

Reducir la competencia democrática a unas cuantas personalidades, por más méritos intrínsecos o simpatías populares que pudieran tener, constituye un reduccionismo político y el camino más seguro a repetir las lacras que trae consigo el caudillismo y su remate institucional en el presidencialismo sin contrapesos.

En cambio, de lo que se trata en la presente etapa de construcción democrática en el país es de sentar los cimientos de un sistema político que exprese, ahora y en un futuro razonable, de manera genuina y con algún grado de proporcionalidad a los diferentes grupos sociales, a las diversas corrientes ideológicas y a los movimientos ciudadanos, que siguen determinadas causas y defienden un catálogo expreso de principios y valores. Y entre esas organizaciones tiene que haber por lo menos algunas que cuenten con las condiciones esenciales para gobernar. Y esto último vale también para el propioMAS, que no ha puesto de manifiesto en los siete años pasados una capacidad efectiva de gobernar con eficacia y legitimidad.

Por todo esto, lo que el momento demanda es un debate organizado de ideas y propuestas respecto de los ejes centrales de la agenda nacional de largo plazo.

Es economista.