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Comicios y la oclocracia

Mejor pensemos en reformar desde la sociedad civil un modelo resquebrajado que nos ignora

/ 30 de julio de 2013 / 04:10

Tenemos a los agentes políticos que nos merecemos? En el libro Diálogos de Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato, de Orlando Barone, el autor de El Aleph afirma que “(…) ningún político puede ser una persona totalmente sincera. Un político está buscando siempre electores y dice lo que esperan que diga. En el caso de un discurso político los que opinan son los oyentes, más que el orador. El orador es una especie de espejo o eco de lo que los demás piensan. Si no es así, fracasa.”

La frase anterior es una realidad en Bolivia y se acentúa cuando se acercan los comicios electorales. El sistema político boliviano se ha sumergido en un proceso de degeneración con características preocupantes: la demagogia, la tiranía de supuestas mayorías mediocres en las urnas y en las calles, el triunfo de las pasiones sobre la razón, la creación de un pasado idílico y un futuro de deseos inalcanzables, el culto a las personas y la potestad absoluta del poder ejecutivo en desmedro de la separación de poderes definen hoy el accionar político en Bolivia. Sería lamentable definirnos como una democracia, honesto sería adoptar el término oclocracia.

La bancarrota moral y política del Estado, no sólo bajo la era Morales, es causa de un estatus psicológico curioso. Por un lado, el elector es consciente de que, respecto a los servicios y políticas provenientes de la gestión pública, puede esperar poco del Estado en todos sus niveles. Por otro lado, llegada la hora de los comicios electorales, sea por inconsecuencia o por impotencia respecto a su participación en la toma de decisiones, éste vota por un “mesías” que promete solucionar todos sus problemas.

Así, el elector es el promotor involuntario de la oclocracia boliviana. Pero no es el culpable de esta situación, tampoco su reflejo, el agente político. Culpable es el diseño obsoleto de su sistema político, dotado de un poder ejecutivo omnipotente y de impostoras e impracticables “instituciones de democracia directa”. La participación política del electorado se limita a la elección de autoridades y a costosas encuestas de popularidad, disfrazadas de democracia participativa.

El ciudadano de a pie, más competente que muchos teóricos, comprende al menos intrínsecamente estas limitaciones, y acude al único espacio donde será escuchado, la informalidad de las calles.

Los comicios del próximo año son de poca relevancia, sabemos que, sin importar la identidad-espejo del portador de promesas, nuestras vidas no mejorarán por el accionar de la gestión pública. Ignoremos entonces el show mediático, las acusaciones y contraacusaciones personales de figuras políticas, que si el MAS se desintegra o la oposición se integra.

Mejor pensemos en reformar desde la sociedad civil un modelo resquebrajado que nos ignora y permite que frases lapidarias como las del maestro Borges cobren vida. Sólo así podremos maximizar los derechos y libertades del individuo, minimizar el Estado y sus desaciertos, y alcanzar verdadera influencia en la toma de decisiones.

Hasta que esto no suceda, el círculo vicioso descrito arriba continuará y la informalidad de las calles no cesará. Cuando la sociedad disfrute de un modelo verdaderamente formal respecto a su participación en la gestión pública, las calles dejarán de ser escenario político por excelencia, y se podrán abrir las puertas para compromisos y progreso para todos.

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Accidente aéreo, ¿y los responsables?

De haber habido un carro  de bomberos, el desenlace en Riberalta hubiese sido más afortunado

/ 23 de noviembre de 2013 / 07:03

En la Constitución de 2009 las competencias entre los niveles de gobierno se distribuyeron de una manera muy desatinada. Según el Art. 298, parágrafo I, el control del espacio y tránsito aéreo en todo el territorio nacional, así como la construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico interdepartamental, es una competencia privativa del nivel central del Estado.

Sin necesidad de citar las competencias departamentales y municipales, con la redacción “tráfico interdepartamental” el legislador nos comunica que el nivel central es el titular de todos los aspectos relacionados al transporte aéreo en el país. Sucede que la mayoría de los aeropuertos en Bolivia tienen al menos una ruta que conecta a dos departamentos.

Una distribución competencial descentralizada y ecuánime hubiese otorgado los aeropuertos con rutas internacionales al nivel central del Estado; los aeropuertos exclusivamente destinados a rutas interdepartamentales, al nivel departamental y, para los municipios, los aeropuertos con rutas intermunicipales dentro del mismo departamento.

El poder y la concentración de una competencia sólo significan satisfacción y beneficios para el que los ostenta. El poder es una responsabilidad, una promesa de servicio a sus semejantes. Si el nivel central tuvo la previsión de centralizar la competencia antes descrita, también tuvo que haber previsto proveer fácticamente
el servicio.

La tragedia aérea que resultó en el deceso de ocho pasajeros durante el aterrizaje de la aeronave de la aerolínea Aerocon en Riberalta evidenció el precario estado y administración de los servicios aéreos y aeroportuarios en el territorio nacional. Las reacciones no se dejaron esperar, siendo las de los funcionarios públicos las más precipitadas. Éstos declararon acerca de la sospecha de un avión en mal estado, de un piloto irresponsable, también se hicieron promesas de acciones penales contra la aerolínea. Todo lo anterior antes de que se presentase un peritaje oficial por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Hasta que llegue el peritaje de las dos cajas negras desde Brasil solamente se puede especular sobre los motivos del lamentable aterrizaje. Certidumbre sólo hay sobre lo siguiente: que después de que el avión se estrellase sobre la pista del aeropuerto, todos los ocupantes seguían con vida y, que la administración del Aeropuerto (AASANA) no contaba con el personal ni los equipos necesarios. De haber habido un carro de bomberos, el desenlace de la tragedia en Riberalta hubiese sido, con gran probabilidad, más afortunado.

La discusión no debería solamente revolver entorno a la aún supuesta responsabilidad del piloto. Los grupos de interés deberían tornar su atención sobre lo que hay certidumbre, la responsabilidad de AASANA y del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda sobre lo ocurrido. AASANA es, mediante Decreto Ley 12965 de 1975, una administración pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, según el DS 29894 de 2009.

En países limítrofes a Bolivia, considerando lo anterior, las renuncias de las autoridades responsables no se hubiesen dejado esperar.

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