Un referente de la izquierda suramericana, José Pepe Mujica, actual presidente de la República de Uruguay, ha dado un paso de coraje y osadía al promover y luego promulgar una ley que regulará el consumo, la producción y la venta de marihuana o cannabis en su país. La medida no está exenta de polémica, al punto que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo que depende de la ONU, emitió un comunicado en sentido que dicha ley estaría en “completa contravención” con las disposiciones de los tratados internacionales sobre drogas, de los que Uruguay es parte. Efectivamente, la Convención de 1961 sobre estupefacientes está suscrita por ese país.
Durante la discusión del proyecto de ley, distintos sectores políticos abrieron el debate a favor o en contra de la legalización. Si bien desde 1974 (en plena dictadura militar) se consideraba legal el consumo de marihuana y otras drogas, no lo eran la producción ni la venta, como lo será ahora. La ley determina que el Estado asume el control de la producción. Otorgará licencias a las empresas que se encarguen de la producción del cannabis. También se permitirá el autocultivo (hasta seis plantas por cultivador) y un usuario podrá comprar en una farmacia hasta 40 gramos de marihuana para consumo propio. Se calcula que actualmente existen 180.000 consumidores en Uruguay (5,5% del total de su población).
El Mandatario uruguayo, al justificar por qué promovió la legalización, señaló que en su país hay actualmente 987 presos por causas directas de narcotráfico y probablemente otros 2.000 por hurtos causados por los que delinquen para comprar drogas. “Cada preso le cuesta al país 560 pesos por día, aproximadamente 25 dólares, lo que significa que, por año, se deben destinar alrededor de 30 millones de dólares”, enfatizó Mujica. Del total de drogas que circulan en Uruguay, el 80% es marihuana.
La oposición al gobierno de Mujica pidió que se llevara a cabo un referéndum, apoyada en una encuesta reciente que informa un dato revelador: el 63% de los uruguayos se oponen a la ley. Sin embargo, Mujica retomó la iniciativa al declarar a los medios de prensa que él mismo está pensando en enviar a referéndum la ley promulgada.
Junto a la JIFE se han alzado las voces de expertos que advierten de riesgos y de consecuencias a la salud de la población con la legalización de la marihuana, pero el Gobierno uruguayo ha contestado en sentido que la legalización es una forma más eficiente de luchar contra el narcotráfico, pues las actuales políticas represivas han fracasado y ni siquiera han logrado disminuir el consumo. El Secretario Nacional de Drogas del Uruguay afirmó en una entrevista que “el incremento de la violencia está muy asociado a las narcotráfico y no necesariamente al consumo”, y que la marihuana es una sustancia que produce daños similares a los del alcohol para quien lo consume regularmente. La conclusión parece muy lógica, si el alcohol está regulado, ¿por qué no podría serlo también la marihuana? La autoridad uruguaya dijo asimismo que el “modelo holandés”, aunque con diferencias, fue la referencia para elaborar la ley, bajo la premisa que por cada usuario que se incorpora al sistema legal se le quita influencia a los narcotraficantes.
Conviene recordar que en los últimos meses varias personalidades mundiales han criticado fuertemente la política prohibicionista y la lucha contra el narcotráfico. Desde el expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso; el actual mandatario de Guatemala, Otto Pérez Molina, y el expresidente de México Vicente Fox han expresado en sendos foros, artículos o conferencias que la lucha contra las drogas ha resultado un completo fracaso y sólo ha generado más muertes y más violencia.