El Presidente reconoció en su mensaje al país el 6 de agosto que no sabía si alegrarse o lamentarse al relatar que algunos alcaldes le revelaron que a Sucre y a Orinoca, entre otros municipios, llegaron “micradas” de gente a censarse. Es comprensible que una persona que ha pasado la vida en localidades menores a 20.000 habitantes y reside en la sede de gobierno —que lleva más de diez años sin llegar a los 800.000 habitantes y ha sido ampliamente superada por la pujante El Alto— le pueda causar gracia diez o 100 micros con 300 o 3.000 ciudadanos bolivianos volviendo a censarse donde no viven, para favorecer a los que se quedan en el lugar que los vio nacer o donde dejaron parte de sus familias.
El “acarreo” resulta, sin duda, una viveza criolla de larga data (entiéndase por criolla también originaria, mestiza, boliviana y boliviana indígena), resulta —decíamos— intrascendente en esas proporciones, para un área metropolitana como la cruceña, donde habita el doble de bolivianos censados en las ciudades de La Paz y El Alto.
Trascendente y alarmante es que en el departamento de Santa Cruz, según el cuestionado Censo 2012, existen 617.428 indocumentados y se niega la tasa del 5,08% de crecimiento anual intercensal (dato tomado de la página del INE) que proyectan 1.949.000 cruceños sólo en la capital de departamento para 2012, dato que coincide con estudios internacionales que tienen a Santa Cruz de la Sierra entre las 100 ciudades de mayor crecimiento en el mundo y en el puesto 250 del ranking de mayor aglomeración urbana mundial.
No es gracioso para Santa Cruz de la Sierra, ni tampoco debería serlo para un jefe de Estado, la falta de honestidad y conciencia social de acarreados y acarreadores, quienes son reclaman a la hora de los discursos y se vuelven chiste en ocasión de un evento fundacional para el desarrollo social de la población, tal como la Constituyente en materia de organización del Estado y la Carta Orgánica, en principios y valores de un pueblo para manifestarse en su vocación y proyecto.
El censo oficial, privativo del Gobierno nacional, es el instrumento llamado a guiar, a componer políticas públicas cuando está bien hecho; pero esconde una bomba de tiempo cuando no asume errores y, peor aún, los camufla ante el Presidente, en este caso, y engaña a la ciudad más poblada del país, también.
El hecho de que, según los datos oficiales del censo, en Santa Cruz 617.428 personas están registradas como indocumentadas, es decir el 43% de los cruceños, habla de ilegalidad, de gente sin seguro, sin condiciones laborales dignas, que deambulan sin derechos civiles engrosando la jungla de cemento, sin obligaciones ni responsabilidades con la organización territorial e institucional del país, ausentes de participar en los gobiernos central, departamental y municipal… por un lado. Por otra parte, tenemos un cambio de índice de crecimiento, casi con tendencia vegetativa, para Santa Cruz de la Sierra, desoyendo los reclamos —reales y probados— de muchísima gente que da fe de que no fue censada; miles de boletas abandonadas; papeletas insuficientes el día del operativo censal y la improvisación de una cartografía, que a la hora de la verdad, no reflejaba muchísimas viviendas en edificios y nuevas viviendas sin catastrar.
No son datos menores, sino la pólvora y la mecha de una bomba de tiempo, que el Gobierno nacional pareciera celebrar de verla estallar. NdD. A partir de hoy, Gabriela Ichaso Elcuaz se suma a nuestras páginas de opinión. La Razón se enorgullece de poder poner a consideración de sus lectores, cada 15 días, las reflexiones y ensayos de esta poeta y periodista argentina, que vive desde su juventud en la ciudad de Santa Cruz, donde ha trabajado en distintos ámbitos (públicos y privados) del sector social.