El martes, la ciudad de La Paz fue víctima de un nuevo capítulo de abuso y violencia por parte de los choferes del transporte “público” (en rigor se trata de transporte privatizado) que decidieron de manera unilateral imponer a la ciudadanía el incremento de tarifas. Además, como ya es costumbre, impidieron el tráfico vehicular y cometieron una serie de intolerables excesos.
La acción de hecho de los choferes sindicalizados, libres y cooperativistas, que se unieron en un cabildo, da cuenta del irresuelto problema del servicio de transporte en la urbe paceña. Los transportistas se resisten a cumplir la norma, prestan un “servicio” deficiente y renuevan su obsesión por aplicar nuevas tarifas, además de exigir otros privilegios. Amenazaron incluso con la creación de una “policía sindical de autodefensa”.
¿Qué hacer? El Gobierno Municipal de La Paz anunció que la Guardia de Transporte hará un control riguroso y sancionará a los choferes que cobren en exceso. Tal respuesta es necesaria e importante, dada la actitud beligerante de los transportistas, que desconocen cualquier regulación. Pero sigue sin afrontarse y menos resolverse el problema estructural. La ciudad de La Paz, todas las urbes del país, merecen un servicio de transporte público de calidad.