Ha transcurrido la mitad del mandato político de Mariano Rajoy, y este periodo ha sido suficiente para convencer a buena parte de los españoles que cualquier tiempo pasado fue mejor, incluso el de su predecesor, Rodríguez Zapatero.

Rajoy ha dado una vuelta de tuerca a la máxima lampedusiana de cambiar para que nada cambie. Esto es, cambiar para que empeore. Ello, porque ha pauperizado, como nunca antes en democracia, a la sociedad española, a través de medidas de ajuste y austeridad,  que no han tenido otra inspiración que el desmantelamiento del Estado de Bienestar, con base en la desregulación, la privatización y la supresión. Además, ha desvirtuado tres de los componentes clave sobre los que se construye toda democracia: primero, el principio de confianza legítima de la ciudadanía, al incumplir la mayor parte de su programa electoral; segundo, erigiéndose incapaz de afrontar una situación como la del “Caso Bárcenas”, que representa un ejemplo de corrupción sin precedentes; y tercero, ha contribuido a socavar dos principios indefectibles de la democracia como son la transparencia y la rendición de cuentas. A todo ello, Rajoy ha respondido con un oscurantismo distante.

Dos conclusiones al respecto. La primera, bastante pobre, pasa por pensar que el gobierno de Rodríguez Zapatero es el que, desgraciadamente, pone el mayor listón de un gobierno democrático en España; sobre todo si se atiende al pasado, más corrupto si cabe, del Partido Socialista en los años ochenta  bajo el gobierno de González; el bochornoso mandato político de Aznar, convencido todavía de que los atentados del 11-M fueron obra de ETA y no de Al-Qaeda, y que entre sus muchas hazañas quedará para el recuerdo la abyecta invención de armas de destrucción masiva en Iraq. Del gobierno de Rajoy queda todo dicho.

La segunda, la necesidad de repensar el sistema político español. Un sistema secuestrado por elites políticas al servicio del clientelismo y de la connivencia interesada y perversa con el gran capital privado. La experiencia reciente de la política española nos brinda muchos ejemplos de este binomio indisociable.

Sería deseable un sistema en el que la presencia y protagonismo de la sociedad civil disponga de los instrumentos suficientes para relegar un gobierno que se preste tan inefable como el actual; tal como por ejemplo recoge la Constitución venezolana, que a mitad de mandato permite convocar un referendo revocatorio para cambiar a su presidente y que, por desgracia, a día de hoy, no es más que utopía en el colapsado sistema político español.