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Financiamiento de partidos políticos

La influencia del dinero permea la mayoría de las actividades de las organizaciones políticas

/ 23 de agosto de 2013 / 06:22

El debate sobre la nueva ley de organizaciones políticas ha girado recurrentemente en torno a dos ejes: primero con el proceso de construcción de la propuesta, evaluando cuán participativa ha sido la discusión, qué tan plural fue en su desarrollo y cuánto ha podido articular. Segundo, juzgando la pertinencia o no de reinstaurar el financiamiento a las organizaciones políticas, pero desde enfoques que revisan la medida sólo entre cuestionamientos éticos.

El trabajo encabezado por el Órgano Electoral está en su última fase, y si bien (según los involucrados en el proceso), la labor realizada hasta ahora podría resumirse en diez pilares, quizás sea útil ampliar el tema del financiamiento, pero desde una lógica más utilitaria. Partamos de dos premisas: la relación política–dinero y la optimización de recursos.

Respecto al primer aspecto cabe señalar algo que no siempre es bien explicado a la opinión pública, que generalmente cree que puede darse un divorcio entre dinero y política. Y es que tal separación tiene un costo, por cuanto la influencia del dinero permea casi toda actividad de las organizaciones políticas, no sólo para llevar adelante campañas electorales, sino también para realizar actividades del oficialismo y de la oposición, que tienen costos que no están cubiertos por los presupuestos estatales corrientes, todo ello sumado al ejercicio de influencias practicado por diversos grupos de interés.

Parece obvio decir que se quiere evitar abusos de parte de los intereses privados en la política, que los mismos quieren tener cauces legítimos y legales para expresarse, pero hay que tener presente que, sea regulada o informalmente, los intereses de los principales factores de poder económico siempre encuentran la vía para influir en política. Sobre lo segundo, quizás deberíamos centrarnos en las alternativas existentes (y no existentes, si de innovar se trata) para manejar los recursos de financiamiento, o sea, en cómo optimizarlos. Son varias las políticas aplicables (subsidios, igualación de sumas (matching funds), exenciones impositivas, entre otros), para abrir la brecha mencionemos lo que son políticas distributivas directas e indirectas, y políticas regulatorias. Las primeras se dan a través de subsidios en dinero, pudiendo emplearse en gastos corrientes de la organización política o para la campaña electoral, y son básicamente las que regían en el pasado.

Las políticas distributivas indirectas tienen su mayor relevancia en el tiempo libre en los medios de difusión electromagnéticos, donde hoy aún está el grueso del gasto de campaña electoral. Estas políticas pueden cruzarse también con subsidios que incluyan aportes para publicar programas políticos o de gobierno, biografías, listas de candidatos, en periódicos de circulación nacional o local, o hasta en panfletería. Las políticas regulatorias tendrán impacto si el marco normativo existente conduce a las organizaciones políticas a reportar ingresos, gastos, los tiempos de la campaña, la certificación del origen de los fondos, ajustando todo a posibles sanciones e incentivos. Estas últimas demandan un marco normativo sólido, pero también organizaciones políticas responsables y con cierta madurez institucional.

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Paz que no vende ni cotiza alto

 La indiferencia ante el proceso de paz colombiano es la repulsión por los procesos y el culto a los resultados; muy pocos, hombres y mujeres de la política local, pueden hacer un balance siquiera atinado de lo que ha ocurrido en La Habana entre agosto de 2012 a la fecha.

/ 18 de enero de 2016 / 04:02

De octubre al presente, para aquellos que no se libran de sentir la política como algo natural y cercano, la tela para cortar ha sido extensa. Dos elecciones en dos países de Latinoamérica en menos de tres meses han agitado —si cabe llamarle así como recurso— a la opinión pública continental. Los resultados han marcado rabiosos debates en medios y redes. Por un lado, después de 12 años en el poder, el kirchnerismo fue derrotado por alguien de quien un diputado argentino dijo alguna vez que “es medio salame, pero no fascista”. Por el otro, la oposición venezolana le arrebató al chavismo, después de casi 17 años, una victoria y se hizo con 112 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional. El “análisis” de la izquierda latinoamericana sobre el primer caso ha sido culpar al electorado argentino, se ha señalado la votación de la ciudadana argentina como un “acto irresponsable” (no citaremos más adjetivos aunque los haya), como si a uno le gustase que le digan qué hacer y qué no en su propia casa…”.

En el caso venezolano, la “lectura” de la derecha latinoamericana fue el de abrir el paraguas antes de tiempo y descalificar el proceso electoral de inicio, como quien se resigna antes de competir para que duela menos  la posible derrota; no hace falta mencionar más que, una vez conocidos los resultados, la evaluación fue simple y llanamente una transición de la amnesia al festejo. En la bolsa de valores de la opinión, esos han sido los dos productos que más alto han cotizado este último semestre, para oficialistas y para opositores, para diestros y para zurdos.

Pero abriéndose paso en medio de todo el tumulto, visto un poco desde arriba, observado como bicho raro, habiendo sido parido con pesimismo y sin haber merecido muchas menciones de parte de los líderes de la región, ni de los séquitos que les hacen eco, asoma la cabeza en escena el proceso de paz colombiano. Se trata, ni más ni menos, de la experiencia más cercana para acabar con “el más antiguo y el último conflicto armado del hemisferio occidental…”,  tal y como declaró el mismo presidente Santos en septiembre del año pasado, después de más de 50 años de enfrentamientos entre las FARC y el Estado, después de una seguidilla de intentos fallidos por terminar con el conflicto (desde los Acuerdos de la Uribe, pasando por el Plan Colombia, hasta la implementación del Plan Patriota, solo para mencionar algunos…), pero por sobre todo, después de más de 220.000 muertes y más de siete millones de víctimas, los colombianos miran esperanzados la posibilidad de voltear la página hacia algo más.

De una agenda de cinco puntos,  el diálogo en La Habana ha logrado cerrar ya cuatro a la fecha: el pacto agrario, la participación en política de las FARC, el capítulo de narcotráfico y cultivos ilícitos y el acuerdo para el fin del conflicto, generado este año y que da paso al tratamiento del último punto de la agenda, la reparación a las víctimas del conflicto con el anuncio de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. En resumidas cuentas, Colombia nunca ha estado tan cerca de ponerle fin a, probablemente, la herida más dolorosa de su historia republicana. ¿Qué representa esto para Latinoamérica? ¿Qué aprendizaje dejará semejante apuesta para nuestros gobiernos? ¿Son nuestras sociedades ajenas a los conflictos y al dolor? No parecen ser preguntas que se hagan actores de la política doméstica, ante lo que viene sucediendo en Colombia ha primado la indiferencia, ¿por qué? Quizás porque la confrontación como acción política es más inmediata y genera réditos más rápidamente, tal vez como recurso político confrontar es más accesible, al final de cuentas este descansa predominantemente sobre la tenacidad y no así sobre la creatividad. O puede ser que sencillamente la paz no vende como la confrontación. Las guerras se declaran con el fin de obtener ventajas materiales, aunque no raramente intervienen motivos puramente irracionales, como, por ejemplo, las necesidades, con frecuencia exageradas, de seguridad o el “odio al otro” como inferior por ser solamente el adversario. El concepto de los recursos o elementos disponibles para resolver necesidades termina concretándose en multitud de medios e intereses posibles, los cuales parecen compensar los inconvenientes de la guerra; pero las investigaciones prácticas sobre la paz enseñan que en última instancia, los beneficios del vencedor, raras veces son mayores que los costes de la guerra como tal. Siempre antes de comenzar el conflicto, las partes estiman su realización tan favorable, que el mismo  despierta esperanzas irracionales.

La indiferencia ante el hecho colombiano es también la repulsión por los procesos y el culto a los resultados; muy pocos, hombres y mujeres de la política local, pueden hacer un balance siquiera atinado de lo que ha ocurrido en La Habana entre agosto de 2012 a la fecha. Es por eso que si el proceso arriba a buen puerto seguramente tendremos a varios de los nuestros, de ambos bandos, sacando ficha para hacerse de algún beneficio con el suceso, y si no, tendremos una continuación del silencio y la indiferencia que hasta ahora ha imperado. Que no nos asombre ni nos   escandalice, porque en resumidas cuentas, el perdón es individual, la reconciliación colectiva.

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El diálogo como principio y salida

La Habana es sede del histórico diálogo entre el Gobierno de Colombia y  las FARC, mediado por Cuba y Noruega. Las discusiones van acompañadas por un fuerte debate en Colombia sobre la posibilidad de un fracaso del intento histórico. Los resultados pueden influir seriamente en las elecciones de 2014.

/ 3 de marzo de 2013 / 04:01

En 2009, un año después de la denominada “Operación Jaque”, durante la cual fue rescatada la excandidata a la presidencia Ingrid Betancourt, el alcalde del departamento colombiano del Meta, Alan Jara, después de haber sido rescatado también por las fuerzas armadas, manifestaba que “las FARC no estaban derrotadas”. Además, dijo que en su secuestro “no hubo maltratos ni humillaciones…” y que la solución al conflicto no sólo es militar, sino que también política y que no veía una salida que no sea la negociada.

Los detractores de una negociación con la guerrilla expusieron varios argumentos para descalificar la apuesta del Gobierno, entre ellos los vínculos latentes con el narcotráfico que sostiene el movimiento, los reparos que interpusieron al principio ante un acuerdo de cese de fuego, pero por sobre todo, se dijo que no es posible una reparación a las víctimas del conflicto.

Lo que ha brindado optimismo en Colombia y también en la región es el procedimiento en el que se ha trabajado. Después de casi seis meses de reuniones, el diálogo entre el Gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tiene sede permanente en La Habana. Cuba y Noruega se convirtieron en los garantes. No se confunden sus roles con el de los convocantes. El acercamiento es una iniciativa de las partes; como actores, su principal función implica asegurar una positiva articulación entre las FARC y el Gobierno colombiano, y garantizar que impere un enfoque dialógico que no les permita caer en la tentación de abordar solamente acuerdos de corto y mediano plazo y olviden generar una verdadera transformación relacional que derive en el cese de las hostilidades.

La agenda de la negociación implicó 84 reuniones, todas bajo estricta confidencialidad. El resultado es un paquete consensuado y global de cinco puntos: el problema de la tierra, el abandono de las armas por parte del grupo guerrillero, la entrada de los rebeldes desmovilizados en la vida política, la solución del problema del narcotráfico y la reparación a las víctimas del conflicto.

En la recta final del segundo ciclo de conversaciones, después de haber tocado el tema agrario —primer punto del llamado Acuerdo General—, las sensaciones en la sociedad colombiana son diversas. Según Jesús Santrich, miembro y portavoz de las FARC, el diálogo de paz con el Gobierno del presidente Manuel Santos marcha bien y de manera respetuosa.

En su declaración a periodistas, Santrich expresó que cada parte está sentando sus posiciones y se han recogido las inquietudes de la sociedad sobre ese tema. Así, reiteró la satisfacción de la guerrilla por el foro de Desarrollo Agrario Integral. Según este miembro del equipo negociador de las FARC, la mayoría de los participantes en este espacio ha expresado su preocupación sobre la estructura latifundista de Colombia. El guerrillero señaló que por cada uno de los seis puntos de la agenda sesionará un encuentro de este tipo en pos de proveer de criterios objetivos a los involucrados.

Si bien el equipo de negociación de las FARC, liderado por Iván Márquez, en una de sus últimas intervenciones públicas ha invitado a los medios informativos de su país a contribuir a la paz, ha sido criticado por aquéllos que ven sólo un doble discurso en esta solicitud al recordar la persistente ofensiva mediática con la lectura de comunicados desde que se iniciaron las pláticas en La Habana. En contraste, el mismo presidente Santos ha evaluado los avances del diálogo, admitiendo que hay dificultades en las negociaciones para alcanzar un acuerdo, pese a los logros alcanzados desde octubre: «Hicimos el esfuerzo y ahí vamos. Sabemos que siempre es difícil poner de acuerdo a dos polos que se han matado unos a otros, no es tarea fácil», indicó el Mandatario en un encuentro cristiano en Bogotá.

Para algunos, el protagonismo asumido por Santos es parte de su apuesta a la reelección en 2014, ya que, para muchos, los resultados que arroje el diálogo serán determinantes. Se cree que Santos tiene la esperanza de ser premiado por la ciudadanía en caso de arribar exitosamente a un acuerdo de paz; caso contrario, una tercera opción podría surgir en la contienda electoral, probablemente Santos se jugará por una estrategia militar incluso más fuerte que la postulada por Álvaro Uribe. De acá parte, para muchos, la incertidumbre sobre la que transitan las conversaciones de paz con las FARC. Los que consideran el diálogo como tiempo perdido creen que lo único que se ha logrado es que el juego al que apuesta la guerrilla se alargue y que obtengan reconocimiento internacional, reconocimiento del Estado colombiano, publicidad a sus propuestas que airean de humanitarias, tratamiento de salud para miembros de la comisión que están enfermos, restablecimiento de canales de comunicación con sus frentes. A la hora de analizar el proceso, los que sostienen esta tesis creen que decir que hay coincidencias en algunos temas relacionados con la tierra no aclara mucho sobre qué es lo que está dispuesto a ceder el Gobierno y hasta dónde ve justificable lo que propone la guerrilla, que dice representar al campesinado.

Se piensa que el hecho de reafirmar que no se precisa de una constituyente para validar los acuerdos, tampoco tranquiliza y que hay que entender que las FARC enredan, confunden y sopesan la reacción gubernamental. Los más pesimistas pronostican que después de que se produzca el anuncio de que se ha llegado al acuerdo de paz, en la letra menuda se dirá que la terminación es un proceso por etapas, que la última de ellas es la relacionada con la desmovilización de sus frentes rurales, que las FARC quedarán con el poder político en sus zonas de influencia, dando gusto a la voz de intelectuales estructuralistas que sostienen la tesis de las causas objetivas del conflicto: la desigual tenencia de la tierra.

Los detractores del diálogo piensan que se acordará abrir un período de experimentación política que facilite a la guerrilla su participación en elecciones desde 2014; los comandantes guerrilleros pedirán libre ingreso al país, suspensión de las órdenes de captura, saldrán en libertad por amnistía y pena cumplida centenares de guerrilleros, se les garantizará financiación para su actividad proselitista y acceso a los medios; a cambio, la guerrilla se comprometerá a una tregua militar indefinida. Después de las elecciones e independiente de los resultados, el Estado colombiano debe poner en marcha la nueva política agraria fruto de las negociaciones en La Habana. Es lo que De la Calle ha llamado fase de consolidación.

La entrega de armas quedará supeditada a la ejecución en el largo tiempo de todo lo acordado, no importa cuántas décadas tome contar con unas relaciones sociales en el agro a la medida de las FARC. Por último, si no hay acuerdo, de nuevo el Presidente hará una fortísima declaración de autoridad, convocará a la unión de la nación contra los violentos, dará a la fuerza pública, una vez más, la orden de pasar a la ofensiva.

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