El debate hoy no es sobre el aborto, es sobre la inconstitucionalidad de penalizar nuestras decisiones. Pero la desinformación, el machismo y la doble moral de la sociedad y las instituciones nos ha llevado a este debate, dejando que se monten sobre él la derecha, el comité cívico de Santa Cruz y la Iglesia Católica, que ya no tenía qué decir en un país laico. Estas manifestaciones conservadoras atentan no sólo contra la autonomía del cuerpo de las mujeres, sino también contra la Constitución Política del Estado (CPE), que ha sido fruto de nuestras luchas, y por eso exigimos responsabilidad.
Primero, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse ante la demanda de inconstitucionalidad de 13 artículos del Código Penal, hecha por la asambleísta Patricia Mancilla. Ese es su trabajo, velar por que los códigos no vulneren la CPE, no consultar a la Iglesia cuál es su opinión, ¡somos un país laico, pues!
Segundo, el trabajo del Estado es garantizar que el debate sobre la inconstitucionalidad sea con información y argumentos, no un debate desde el amedrentamiento, la culpa, los mitos, las mentiras, la manipulación y las amenazas de la Iglesia, que aunque dice que no dijo nada sobre la excomunión, ha dejado claro que ése será el castigo para quienes apoyen la despenalización del aborto, que en el fondo es defender la CPE. En este asunto quien ha salido bien parada es la Iglesia, con la complicidad de los medios de comunicación. Por eso, desde el feminismo comunitario convocamos a las y los católicos a responder y defendernos con la apostasía, que es como desbautizarse de la Iglesia Católica, usando la libertad de conciencia. Porque ser apóstatas es un acto profundo de descolonización de nuestros cuerpos, de nuestras cabezas, de nuestros ajayus y de nuestros credos.
Tercero, en un proceso de cambio que es de los pueblos y no de los gobiernos la responsabilidad política de las organizaciones sociales es defender lo que vamos logrando, las transformaciones que vamos haciendo. En este caso es defender la CPE. Pero las declaraciones de dirigentes de la CSUTCB y de la Confederación Bartolina Sisa, quienes dicen estar en contra de la despenalización, obviamente ponen en duda esta responsabilidad.
Compañeras y compañeros, además de colonial y patriarcal, penalizar el aborto es inconstitucional. ¿Acaso ustedes no han luchado también por la nueva Constitución? ¿Acaso ustedes no acaban de salir de la cumbre antiimperialista y anticolonial? ¿Acaso la Iglesia no es colonial y colonizadora? Frente a estas opiniones, que entendemos son personales y no son la posición de las organizaciones, desde el feminismo comunitario convocamos primero a que las y los dirigentes se informen antes de opinar, despenalizar el aborto no es legalizar el aborto; y segundo, convocamos a hacer un debate amplio dentro de las organizaciones en defensa de la CPE, de la autonomía, de la descolonización y de la despatriarcalización, porque defender la Carta Magna es despenalizar el aborto.
Es feminista comunitaria.