Que la Cooperativa del Teléfonos de La Paz (Cotel) es un problema de difícil solución no es novedad hace ya muchos años, tampoco que su solución pasa por tomar medidas radicales; el problema, sin embargo, ha sido la falta de voluntad de quienes debían hacerlo o, peor, el tamaño de la resistencia que debieron afrontar dentro de la empresa. Esto podría cambiar ahora.
En efecto, a poco de haber sido nombrada Interventora de la Cooperativa, la exministra de Salud Nila Heredia ha hablado fuerte y claro respecto de las causas que han llevado a Cotel a una situación de quiebra técnica, pues sus costos de operación son mayores que sus ingresos, y encima tiene severas deudas pendientes con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que combinadas suman casi $us 100 millones.
Además de los problemas de gestión administrativa financiera, que son los que una y otra vez han motivado las intervenciones en los tres últimos lustros, se suma una planilla de trabajadores no sólo excesivamente bien pagada, lo cual no es o no debería ser malo en sí mismo, sino también sobreabundante y, fundamentalmente, ineficiente. La Interventora también ha identificado que hay un problema de costos de operación que debe ser resuelto.
Las soluciones son más o menos evidentes, y así lo hizo saber la exministra. Respecto de las deudas pendientes con el fisco y la reguladora, buscará negociar un plan de pagos que evite que la deuda siga creciendo por efecto de los intereses, además de pelear por la vía judicial una parte de esa deuda. Respecto de la planilla de trabajadores, anunció que ésta será reducida una vez que concluya la evaluación sobre la labor que desempeña cada uno de los empleados en la telefónica. En estos momentos en Cotel se está evaluando la documentación personal de los trabajadores, porque serán reubicados según su capacidad profesional, dijo.
Finalmente, respecto de las operaciones deficitarias, anunció que desde octubre aplicará un nuevo esquema de costos, que va desde Bs 24 mensuales, por 60 llamadas telefónicas por tiempo ilimitado, hasta Bs 70, por 180; en cualquiera de los casos, luego de que se sobrepase este número de conversaciones, la telefónica cobrará todas las demás llamadas por minuto.
Aunque todavía falta que la ATT se pronuncie al respecto, ya lo hicieron las juntas vecinales, anunciando su oposición a la medida, lo cual ocurre porque a los socios les importa poco la suerte de la cooperativa mientras no se suspenda el servicio, cosa que podría pasar más pronto que tarde si no se ejecutan decisiones drásticas. Encima, aún falta la pelea con el sindicato, que tampoco aceptará una merma en el número de empleados. Sólo queda esperar que la voluntad política venga acompañada del apoyo necesario.